El informe secreto sobre el patrimonio de Cerdán desata registros de la UCO en las sedes de Acciona de Madrid y Bilbao

Según informaron responsables de la investigación, este operativo se desarrolló en el marco de una nueva «pieza secreta» abierta por el juez Leopoldo Puente -instructor en el Supremo del 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo'- después de que el instructor haya recibido el informe 'patrimonial' sobre Cerdán que encargó el pasado junio, después de que los audios intervenidos al exasesor ministerial colocaran al político navarro en la cúspide de la red.

En esta misma pieza están bajo la lupa las firmas guipuzcoanas Noran y Erkolan, también registradas la mañana de este viernes. Servinabar 2000, la empresa que Cerdán poseía a mitad de manera opaca, transfirió hasta 258.000 euros durante cuatro años a segunda de las cooperativas mencionada. Y desvió otros 732.000 euros entre 2016 y 2024 a la Noran. Erkolan y Noran comparten el domicilio fiscal en el barrio donostiarra de Igara que fue allanado por los agentes de la UCO.

El tercer eje de la operación tuvo como escenario Sevilla. En la capital hispalense, los funcionarios requirieron información y registraron las empresas Tecade y Freyssinet. Ambas firmas, en UTE con Acciona Construcción, se adjudicaron en mayo de 2021 el contrato para sustituir los tirantes del puente del V Centenario sobre el Guadalquivir por un importe, sin IVA, de 71,4 millones de euros, aunque la obra acabó costando 102,8. De esta infraestructura, de otra obra en Logroño y de una más en Sant Feliú de Llobregat los dos exdirigentes socialistas y Koldo se habrían embolsado en coimas 550.00 euros, según los informes de la Guardia Civil.

El pasado junio, cuando allanaron el resto de empresas implicadas en esta causa (Obras Públicas y Regadíos, Levantina Ingeniería y Construcción y Servinabar 2000), los efectivos de la Guardia Civil solo pidieron documentación a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, cuyo nombre -Acciona- viene citado más de 200 veces en el informe de la UCO que el pasado junio provocó la dimisión y posterior encarcelamiento de Cerdán, acusado de ser el presunto cabecilla de la red corrupta que venía operando desde la época en que el exsecretario de Organización del PSOE ejercía la política en la comunidad navarra. La UCO cifró en 620.000 euros el dinero «gestionado por Santos Cerdán» que Acciona habría pagado a Ábalos y a Koldo por amañar obras públicas en su favor.

En el auto con el que el pasado 30 de junio envió a la cárcel a Cerdán, el juez Puente citaba en seis ocasiones a Acciona. El magistrado aseguraba que la multinacional, «actuando en UTE con otras de menor envergadura», representaba el «elocuente denominador común» de la trama. Puente ya avisó entonces de que las pruebas que obran en esta causa apuntaban a que Acciona y las otras empresas con las formó uniones temporales nunca presentaron «la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva».

Los agentes de Antonio Balas Dávila, el teniente coronel de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO, sospechaba desde hace tiempo que Cerdán cobró mordidas por facilitar que Acciona ganara más de una decena de concursos de infraestructuras. La compañía pagó a la mercantil vinculada a quien fue la mano derecha de Sánchez en el PSOE hasta el pasado verano, la citada Servinabar 2000 S. L., más de 6 millones de euros.

El pasado junio, cuando los informes de la UCO ya situaron en el centro del epicentro de las investigaciones a Acciona, el propio Entrecanales salió al paso para negar la implicación de la empresa en la trama y cargar toda la responsabilidad en su exempleado Fernando Merino, imputado ya en la causa.

«Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados en 40 países que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor», señaló en aquel momento el también CEO de la compañía.

Entrecanales, cuyo grupo familiar posee casi el 60% de las acciones de Acciona, enmarcó los hechos investigados «en la conducta de un exempleado de una filial del grupo – Acciona Construcción – que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares», dijo en referencia, sin nombrarlo, a Merino, al que no conoció de nada en su momento.

«Este exempleado -añadió Entrecanales- actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restar importancia a su cuantía, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción». En concreto y solo en Navarra, son seis los contratos suscritos entre 2017 y 2024 sujetos hoy a fiscalización por una cuantía de unos 86 millones de euros.

No obstante, el registro a Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción en España, extiende las sospechas, una vez que su nombre apareció en una conversación privada entre Koldo y Ábalos. «Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona», mencionó el primero.