Seis meses sin control parlamentario al Gobierno

Pedro Sánchez, durante su reunión del pasado día 5 con Mónica Oltra y Joan Baldoví, de Compromís. /EFE
Pedro Sánchez, durante su reunión del pasado día 5 con Mónica Oltra y Joan Baldoví, de Compromís. / EFE

Sánchez y sus ministros llevan desde febrero sin responder preguntas de la oposición en el pleno pese a la doctrina del Constitucional

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

«Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento». Esta fue la frase redonda con la que el presidente Pedro Sánchez se estrenó en su primera sesión de control el 20 de junio de 2018 una vez desalojado Mariano Rajoy de la Moncloa. Desde ese día el jefe del Ejecutivo acudió fiel a su cita semanal con el Congreso hasta el pasado 27 de febrero, tras convocar el adelanto electoral. Han pasado seis meses desde entonces y en la Cámara baja no ha habido más preguntas o plenos de vigilancia.

La oposición acusa al PSOE, que en 2016 exigió al Ejecutivo del PP que siguiera dando la cara, de proteger ahora a su líder para que no acuda a debatir con los diputados. El Tribunal Constitucional avaló que un Gobierno en funciones puede ser controlado por el Parlamento, pero Sánchez no está por la labor. A finales de julio, la Diputación Permanente rechazó su comparecencia, así como la de los ministros en funciones Josep Borrell y Fernando Grande-Marlaska.

PP y Ciudadanos solicitaron las explicaciones del líder socialista por mantener en el cargo al titular de Interior después de las declaraciones que realizó sobre los liberales el Día del Orgullo, antes del boicot que sufrieron los representantes de este partido en la manifestación en Madrid. Las dos formaciones de centro derecha también han pedido que Sánchez rinda cuentas sobre los acuerdos que derivaron, a primeros de julio, en la renovación de las más altas autoridades europeas. La ley obliga al Gobierno a debatir con los grupos de la oposición tras su participación en cada Consejo Europeo, pero la Moncloa sigue sin poner fecha para el cumplimiento de esta obligación.

Estando en funciones Rajoy sí solicitó su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar del Consejo Europeo que se celebró los días 17 y 18 de marzo de 2016. La presencia del entonces presidente en el hemiciclo había sido reclamada por todos los grupos de la oposición, que estaban dispuestos a forzar el debate en sesión plenaria. Al final, el Gobierno del PP decidió rectificar.

La presidenta de la Cámara baja, Mertitxell Batet, subrayó antes de que el Congreso echase la persiana por vacaciones que el Gobierno comparecerá «cuando lo estime oportuno», insistiendo en que es consciente de sus obligaciones. Ante las críticas de la oposición, la socialista se esforzó en diferenciar la actual situación de la vivida hace tres años, dado que la Mesa de la Cámara ha visto ya cerca de 600 cuestiones y ha calificado unas 400 que el Ejecutivo debe responder antes de que finalice el mes de septiembre.

La parálisis

Pero las explicaciones de la presidenta de la Cámara siguen sin convencer a los partidos, que urgen a la Moncloa a poner día y hora a la comparecencia del jefe del Ejecutivo. Ciudadanos presentó el pasado mes un escrito dirigido a la Mesa en el que solicitó a Batet que recuerde a Sánchez «formalmente» la obligación de comparecer ante el pleno y dejar de evadir el control parlamentario. El PP y Unidas Podemos coinciden con la formación liberal en denunciar que el PSOE está sometiendo a la Cámara a una parálisis que, a su juicio, solo responde al interés partidista del presidente.

Prueba de ello, arguyen, es la tardanza de Batet para constituir la Diputación Permanente, el órgano encargado de velar por los poderes del Parlamento en las etapas en las que las Cortes están disueltas o en los periodos inhábiles, es decir, durante los meses de enero, julio y agosto. Según establece el reglamento del Congreso, la Diputación debe formarse dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva de la Cámara, celebrada el 21 de mayo. Pero no se ha puesto en marcha hasta el 23 de julio, tras la primera votación de investidura.

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