Sánchez se desvincula de Cerdán y alega que la «responsabilidad política» ya fue depurada en junio

Sánchez defendió la honestidad de Cerdán hasta que el pasado junio los investigadores de la Guardia Civil entregaron al juez Leopoldo Puente un informe demoledor que acabó llevándolo a prisión, donde permanece desde entonces de manera preventiva. Aquel episodio estuvo a punto de costarle la legislatura. Pero el jefe del Ejecutivo fue capaz de convencer a sus socios de investidura de que él nunca supo nada de los tejemanejes de su colaborador con la constructora Acciona o las mordidas a cambio de la licitación de obras públicas.

Entonces, los aliados parlamentarios del Gobierno advirtieron de que lo que rebasaría el límite de su confianza sería descubrir que Ábalos y Cerdán no actuaron para enriquecerse solo a ellos mismos sino que sus actividades sirvieron para financiar de manera irregular al PSOE. Hasta ahora, alegan en la Moncloa, nada apunta de manera fehaciente en esa dirección. «Lo que hizo Santos es una vergüenza pero nos lo cargamos el primer día», reivindican.

Siguiendo esa misma línea argumental, Sánchez esgrimió este martes que «desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones» el Gobierno y el PSOE colaboraron con la justicia y actuaron con «contundencia». «Y eso -añadió- es lo que estamos haciendo. Ahora tenemos que dejar trabajar a la justicia. Nosotros ya hemos asumido esa responsabilidad política y vamos a esperar al desarrollo de esas investigaciones judiciales».

El presidente evitó en este caso, eso sí, deslizar crítica alguna hacia la actuación del magistrado. El Gobierno nunca ha incluido la causa que afecta a los dos exaltos cargos socialistas entre las operaciones de la derecha y la ultraderecha para desacreditarlo. Sin embargo, en las últimas semanas, dirigentes y ministros sí han cuestionado al magistrado del Tribunal Supremo que la instruye, singularmente, por su decisión de pedir a la Audiencia Nacional que indague sobre los pagos en efectivos del PSOE aflorados en el transcurso de la investigación.

En su comparecencia junto a Zelenski, Sánchez también tuvo que responder a una pregunta sobre la actividades de la conocida como 'la fontanera', la exmilitante del PSOE Leire Díez, que recababa información para desacreditar a jueces, fiscales y agentes policiales encargados, entre otras cosas, de causas que afectan al Ejecutivo. El lunes, el socio de Díez, Javier Pérez Dolset, declaró ante el juez Arturo Zamarriego que a una de las reuniones que mantuvieron con Cerdán, coincidiendo con el periodo de «reflexión» de Sánchez cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, en abril de 2024, asistió también Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete del presidente.

Fuentes del Gobierno aducen que Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones, acudió a una reunión a la que fue convocado en Ferraz para dilucidar si, como aseguraban Díez y Dolset, tenían pruebas de que las 'cloacas' del Estado estaban actuando de manera sucia contra el Ejecutivo, pero que una vez allí comprobó que toda la información que podían ofrecer eran los audios de Villarejo sobre las saunas del suegro del jefe del Ejecutivo, una información ya judicializada que él conocía porque fue portavoz del PSOE cuando se creó la primera comisión de investigación en el Congreso sobre la 'trama Kitchen'.

Según esa versión gubernamental, Hernando nunca volvió a encontrarse con Díez. Y, según Sánchez, jamás le mencionó el asunto. El presidente, no en vano, contestó este martes con un rotundo «no» a la pregunta de si en algún momento tuvo conocimiento de esa cita.