Pumpido asegura que le «extrañaría» que la Justicia Europea no avalara la amnistía

En particular, varios órganos nacionales como el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han planteado preguntas al TJUE por la falta de certeza sobre los delitos de terrorismo que podría afectar al Derecho Comunitario, el encaje de la malversación de caudales públicos o incluso el plazo de dos meses que recoge la norma para desarrollar los efectos de la amnistía. La corte europea debe resolver ahora estas cuestiones y determinar si es compatible con el derecho de la UE. Las respuestas serán vinculantes para los tribunales españoles, lo que significa que se han suspendido los casos a tratar hasta que el tribunal comunitario emita su fallo.

En este sentido, Conde-Pumpido ha valorado que todos los países de la UE contemplan una amnistía en su Constitución o, si no lo hacen, como en el caso de Alemania, sus Parlamentos ya las han aprobado en otras ocasiones. Sus palabras se producen en el marco de la presentación de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en Madrid a partir del próximo 18 de octubre y que contará con la presencia de 122 delegaciones internacionales y la ausencia ya confirmada de Israel o Rusia por la situación interna dadas las ofensivas militares en Gaza y Ucrania, respectivamente.

Del mismo modo, Conde-Pumpido ha estimado que la corte de garantías «tardará varios meses» para deliberar y resolver los recursos de amparo pendientes sobre la aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, contra la decisión de la Sala Segunda (Penal) del Supremo de no anular el delito de malversación por el que fue procesado (el líder de Junts) y condenado (el presidente de ERC) en el 'procés', respectivamente. «Me gustaría decir que antes del verano próximo estén resueltos todos los asuntos (sobre la amnistía), pero es probable que antes del verano próximo yo ya no sea el presidente, así que no lo puedo decir», precisó el máximo responsable del TC, cuyo mandato finaliza en marzo de 2026 tras cumplir nueve años como magistrado.

En el marco de la presentación de la conferencia mundial, que contará con extraordinarias medidas de seguridad en el recinto ferial de IFEMA de Madrid, Conde-Pumpido ha aprovechado para criticar que exista «barra libre» para atacar a los magistrados de la corte, hasta el punto de calificarlos en alguna ocasión como «cáncer de la democracia», al mismo tiempo que solo se considera «muy grave» atacar a los jueces. «Cada uno está en su ámbito», ha matizado. «Una cosa es el Poder Judicial, que tiene su mecanismo de defensa a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y otra el Tribunal Constitucional, que no tiene ningún mecanismo de defensa». En ese sentido, ha criticado que en ocasiones esas críticas provengan desde el propio Poder Judicial. «Ninguna institución del Estado puede criticar a las demás», ha recalcado.

Finalmente, sobre la ausencia de Israel en la cumbre del 18 al 22 de octubre, que se produce tras los altercados en la Vuelta a España por las protestas propalestinas por la masacre de Gaza, Conde-Pumpido ha explicado que la preocupación por su presencia en la capital de España se sustentaba en «la situación política mundial» y en «la presencia de países árabes», que según ha expuesto «pudiera generar algún tipo de conflicto político». Sin embargo, Israel ha comunicado que por razones de agenda de su presidente del Tribunal Constitucional «no va a poder acudir», una justificación que ha calificado de «diplomática». «De esta forma evitaríamos al potencial conflicto que podría producirse» en el caso de que alguno de los países árabes introdujese esta cuestión en la conferencia, añadió Conde-Pumpido.

Hasta el momento 95 tribunales constitucionales han confirmado su asistencia al congreso. Las jornadas se centrarán en cuatro cuestiones: protección del Medio Ambiente, patrimonio cultural de la humanidad, nuevas tecnologías e independencia de los tribunales constitucionales «frente al poder y todo tipo de influencias». El objetivo de esta es promover la Justicia Constitucional «como elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho», para de esta manera «facilitar el diálogo judicial entre jueces constitucionales a escala mundial mediante congresos, seminarios e intercambio de experiencias».