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Carles Puigdemont comparece ante los medios a la puerta del Parlamento Europeo. EFE

La Fiscalía belga no examinará la euroorden contra Puigdemont al recibirla solo en español

El Supremo se compromete a enviar la próxima semana la traducción a inglés o a uno de los tres idiomas oficiales de Bélgica para que arranque el proceso

Salvador Arroyo

Bruselas

Martes, 15 de octubre 2019, 12:42

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La Fiscalía de Bruselas no comenzará a analizar hasta al menos la próxima semana la tercera euroorden de extradición dictada contra Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. El motivo es que ha recibido la solicitud del magistrado Pablo Llarena únicamente en español.

Así lo ha confirmado este martes el Ministerio Público belga a través de un comunicado en el que asegura haber requerido a la justicia española «las traducciones de la orden de detención europea y todos los anexos» a cualquiera de los tres idiomas nacionales de este país (francés, neerlandés, alemán) o inglés. «Dada la complejidad del caso y las dos órdenes de detención europeas emitidas previamente contra Carles Puigdemont, se requiere un análisis legal exhaustivo», se subraya en esta comunicación.

El entorno del expresident preveía que a lo largo de la tarde de este martes pudiera ser requerido para presentarse en la sede de la Fiscalía de la capital belga. Puigdemont estaba a la espera «y dispuesto a colaborar como he hecho siempre» reiteraba por la mañana. La redacción únicamente en castellano de esta nueva Orden Europea de Detención y Entrega le dará un tiempo extra de varios días; marca un nuevo compás de espera.

«Con fines informativos y sin pretender ser exhaustivo, este es el procedimiento habitual con respecto a las órdenes de detención europeas emitidas por un país europeo contra uno de sus nacionales ubicados en el territorio belga», se insiste desde el órgano jurídico que precisa que el procedimiento requiere que «el país solicitante debe proporcionar la traducción de este mandato en uno de los idiomas nacionales o en inglés. Contactada la justicia española ésta afirmó que proporcionará la traducción en el transcurso de la próxima semana».

Verificaciones pertinentes

Después de recibir el mandato convenientemente traducido, la Fiscalía procedería a realizar las verificaciones pertinentes. Y ahí la lista es larga: identidad y nacionalidad de la persona buscada; nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y correo electrónico de la autoridad judicial emisora; indicación de la existencia de una sentencia ejecutoria, orden de arresto u otra decisión judicial ejecutoria «que tenga el mismo peso que la planteada en la disposición», naturaleza y calificación legal del delito; descripción de las circunstancias en que se cometió el delito, «incluido el momento y el lugar de su comisión y el grado de participación en el delito de la persona requerida; la sentencia impuesta, en el caso de una sentencia definitiva, o la escala de penas prescritas por la ley por el delito; y, en la medida de lo posible, otras posibles consecuencias del delito.

«También corresponde a la fiscalía verificar si el hecho en el que se basa la orden de detención europea constituye un delito según la ley belga», se remarca en la comunicación de la Fiscalía.

Prohibida la entrada a la Eurocámara

El independentismo catalán concede una nueva paradoja. Su líder político, Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde hace dos años, vuelve a tener absolutamente prohibida la entrada al Parlamento Europeo. Mientras que uno de los exconsellers de su Gobierno, Toni Comín, también fugado en este país, sí podría pisarlo. Los dos obtuvieron escaños en las elecciones del pasado 26 de mayo. Como es sabido ninguno puede entrar en calidad de eurodiputados porque no han llegado a tomar posesión. Pero ahora el portazo para el primero es absoluto, mientras que el segundo sí podría pasar los controles como invitado. ¿La diferencia? La tercera euroorden que desde la tarde del lunes pesa sobre Puigdemont.

El presidente del legislativo comunitario, el socialista italiano David Sassoli, ha rescatado del cajón una disposición que fue activada por primera vez en 2017 por su predecesor, el conservador, Antonio Tajani. Se apoya en que las normas sobre privilegios de las instituciones comunitarias otorgan al Parlamento Europeo la condición de espacio «inviolable».

Y eso significa que, si no es con el permiso de su máxima autoridad, en este caso de Sassoli, ni siquiera la Policía belga puede cruzar sus puertas en el supuesto de que tuviera que arrestar a alguien. Así que como medida preventiva se ha puesto en alerta a los servicios de seguridad de la institución para que impidan el paso del líder independentista.

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