El reparto de migrantes eleva la gresca política en Madrid, País Vasco y Murcia
El Gobierno de Ayuso se pregunta por qué el Ejecutivo central usará la Policía para el traslado de menores pero no en los homenajes a etarras
El Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, con el País Vasco y Cataluña como actores secundarios, mantienen el pulso por el traslado ... de los menores migrantes desde Canarias a la península. Entre acusaciones de falta de solidaridad hacia las autonomías que no recibirán menores, los populares rechazaron este jueves de plano las «amenazas» del Ejecutivo central, que elevó el tono y avisó con dureza de que utilizará todos los medios a su disposición, incluida la Fiscalía de Menores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que cumplan el real decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros sobre el reparto de los migrantes.
«No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, pero si una comunidad no responde, eso se trasladará a la Fiscalía y se activarán los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», advirtió en RNE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que evitó concretar si, ante una negativa de las comunidades a recibir a los migrantes, la Policía realizará los traslados por la fuerza.
Torres negó de nuevo que el decreto beneficie a Cataluña y el País Vasco, que han quedado fuera de la acogida obligatoria de migrantes, y rechazó que se le aplique a Andalucía el criterio de 'territorio frontera', que en cambio, sí tiene Euskadi. «Las rutas se han modificado y esto es lo que corresponde a Andalucía», señaló Torres tras las críticas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se preguntó «cuántas pateras llegan al País Vasco».
Para tratar de rebajar la tensión, el lehendakari Imanol Pradales telefoneó este jueves a Moreno, al que pidió colaboración, y le expuso que la de que la mitad de los menores que llegan a Euskadi lo hacen en autobús, buena parte de los cuales salen de Andalucía.
En cualquier caso, el PP recibió las medidas de presión insinuadas por el Gobierno para llevar a efecto el contenido del decreto como una declaración hostil. La apelación a la Policía «impresiona mucho», admitió el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, que reprochó al Gobierno que, en cambio, las Fuerzas de Seguridad no intervengan en los homenajes a etarras en el País Vasco. «Es inmoral que se hable de la Policía en este caso y en otros cueste tanto, como en la exaltación de presos de ETA o en el golpe de Estado en Cataluña», enfatizó el representante del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
A la vez, las autonomías populares plantean otras vías para frenar el traslado de migrantes. Murcia anunció que va a estudiar «todos los recursos posibles para que no se lleve a efecto» un reparto que considera «injusto y arbitrario». «La solidaridad va por barrios y no afecta ni a Cataluña ni al País Vasco», dijo el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
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