Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña Gómez'

En su última resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha negado, tal y como le pedían las defensas, a dar carpetazo a la causa, manteniendo la imputación de la propia Gómez, de Álvarez, del actual delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre (antecesor de Judith González en el cargo de la Secretaría General) , y del empresario Juan Carlos Barrabés.

Gómez, por tanto, seguirá encausada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que Álvarez continuará estándolo a su vez por malversación y tráfico de influencias.

Tras recibir el aval el pasado octubre de la Audiencia Provincial de Madrid para seguir investigando la supuesta malversación en el empleo de Álvarez, Peinado ha convocado a una vistilla el 12 de noviembre a Judit Alexandra González para informarle de que inicia contra ella una imputación por el procedimiento del tribunal de jurado, la misma vía que para los otros cuatro encausados. González, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 y que también fue directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, es una de las integrantes del equipo de Moncloa claves en la organización de la vida diaria de Sánchez y su esposa.

El instructor justifica su decisión de imputarla aludiendo al «comportamiento de carácter pasivo» de Martín, que fue secretario general de la Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, cuando asumió ese puesto González. A su juicio, «cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación».

Peinado atribuye al cargo de la Secretaría General de la Presidencia el ser «conocedor» de los «actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediata» y que «además lleva a cabo una labor de carácter privado en una universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid».

De esa forma, sostiene, se «puede cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en alusión a Álvarez, la asesora de Gómez, «se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado».

El instructor, igualmente, ha acordado una nueva batería de interrogatorios a testigos entre el 12 y el 28 de noviembre. Entre ellos, el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio, que entregó decenas de correos que, según el juez, probarían que Cristina Álvarez, más allá de una ayuda puntual a su amiga Gómez, llevaba todo tipo de gestiones de la cátedra, desde la organización de los grandes eventos a la coordinación con los patronos del proyecto académico de la esposa del presidente del Gobierno.

Asimismo, el juez madrileño ha accedido a realizar varias de las diligencias solicitadas por las acusaciones, entre ellas la de requerir a la Presidencia del Gobierno para que remita las agendas de la mujer de Sánchez y su asesora y que éstas sean analizadas posteriormente por la Unidad Central Operativa (UCO) para determinar en que actividades de la cátedra participó Álvarez, quien actualmente sigue ocupando el puesto de directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia.

También solicita Peinado que las dos investigadas aporten sus pasaportes con el fin de precisar «fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas».