Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

Sabedor de que la Audiencia Provincial de Madrid, órgano superior, ha ido avalando el grueso de su instrucción salvo algún tirón de orejas (caso del rescate de Air Europa o la orden de levantar la imputación a dos encausados, uno de ellos el rector de la Complutense Joaquín Goyache), Peinado se centra ya en delimitar los hechos delictivos que atribuye a Begoña Gómez antes de dar por concluida la fase de investigación.

Lo hace una vez que su intento de llevar la causa a la Moncloa resultó fallido. El Tribunal Supremo rechazó por unanimidad a mediados de julio su petición de abrir un procedimiento al aforado Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por delitos de malversación y falso testimonio. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando se contrató a Cristina Álvarez como asesora de la esposa de Pedro Sánchez. Y la bronca con Peinado en su interrogatorio como testigo derivó en la solicitud del magistrado, que el alto tribunal descartó por la «absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud».

Una rotunda mención recogida en un auto firmado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, que ha sido ahora respondida a su manera por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En la resolución del pasado lunes en la que imputó malversación a Gómez, Peinado desveló que aún no había recibido el auto del máximo órgano penal y que se había enterado, curiosamente, por unas diligencias informativas que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía abiertas contra él en el marco de un procedimiento disciplinario. El motivo fueron dos denuncias del propio Bolaños por la «irregular» actuación del togado en su interrogatorio de abril pasado y la decisión posterior de pedir su imputación al Supremo.

Qué gana Peinado tras desvelar las quejas del ministro al órgano de gobierno de los jueces es algo que solo lo sabe él; si bien es cierto que en estos 17 meses de instrucción ya ha tenido que superar el trago de enfrentarse a dos querellas presentadas tanto por Pedro Sánchez, tras su testifical de julio de 2024 en la Moncloa, como por la defensa de su esposa. Ambas fueron por un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas, la peor acusación a un togado) y las dos fueron inadmitidas por el Tribunal Superior de Madrid. Aunque la Fiscalía sí vio indicios delictivos en la d el jefe del Ejecutivo.

Por lo tanto, la querencia de Peinado –abulense de nacimiento que accedió a la carrera con 40 años sin hacer oposición, por el llamado tercer turno para juristas de reconocida competencia– siempre ha sido llegar a la Moncloa, pero tras el portazo del Supremo ahora se centrará en llevar la instrucción a puerto.

Lo hará, eso sí, sin el respaldo acusador del Ministerio Público, que ha calificado de «errática» la instrucción y al juez de trabajar en «constante oscuridad», y solo con las diligencias de prueba que le van pidiendo las acusaciones populares personadas: el partido Vox, el pseudosindicato Manos Limpias, cuya denuncia por presunto tráfico de influencias dio origen a la causa, o el colectivo provida HazteOir, entre otras.

Pero el principal sostén del magistrado, al que han señalado en no pocas ocasiones porque su hija es concejal del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), es precisamente el aval que le dio la Audiencia de Madrid en junio. Le dijo que se centrara en investigar si la asesora de Gómez «se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».

Y Peinado ha cogido ahora el guante para imputar también malversación a ambas y citarlas los próximos 10 y 11 de septiembre. Ello pese a que ninguna de las dos es funcionaria ni cargo electo para haber gestionado fondos públicos. Pero el juez resolvió que el artículo 24.2 del Código Penal habilitaría que ambas tengan esta condición a efectos penales. En concreto, aseguró que esta atribución se produce por el desempeño privado en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense (ente público) que Begoña Gómez dirigió.

Una visión diferente a la que tuvo en mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y a Álvarez por dicho ilícito al considerar entonces que no tuvieron responsabilidad en el nombramiento.

Para reordenar las piezas y en su afán por rematar la instrucción, Peinado tendrá que ir cerrando cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión en la cátedra y los dos másteres que ésta codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida del 'software' (programa) de dicha cátedra; y el citado nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal en verano de 2018.