La Generalitat enfría ahora la desobediencia institucional como respuesta a la sentencia

La Generalitat enfría ahora la desobediencia institucional como respuesta a la sentencia

Las diferencias entre Esquerra y JxCat impiden al Gobierno catalán fijar una posición unitaria días antes de conocerse el fallo judicial

CRISTIAN REINOBarcelona

El Gobierno catalán esconde sus cartas. En vísperas de que se conozca la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', el Ejecutivo catalán evitó este martes amenazar con una respuesta institucional contundente, como acostumbra Quim Torra. El presidente de la Generalitat lleva meses advirtiendo de que dará una respuesta a la sentencia basada en la desobediencia institucional y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Además, la semana pasada, ERC, JxCat y la CUP aprobaron una resolución parlamentaria que instó al Govern catalán a la «desobediencia institucional». Sin embargo, la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, no se dio este martes por aludida ante la apelación que hizo la moción parlamentaria hasta el punto que dijo de ella que, además de apostar por la unilateralidad, también hablaba de «mantener abiertas las vías de diálogo».

Está por ver si se trata de un repliegue táctico de la Generalitat, que opta por la prudencia cuando aún no se sabe el alcance de la sentencia, o si es que están imponiéndose las tesis de quienes abogan por no ir al choque de trenes con la respuesta de la sentencia para evitar la aplicación del 155 por parte del Gobierno central. Esta es la posición de ERC, que días atrás, y a través de Oriol Junqueras, trasladó a Torra que no hace falta ni «humo ni simbolismo vacío». Un día después, Torra replicó a Junqueras que «hay que aprovechar la oportunidad para no malgastar el sueño» y le instó a no pensar en elecciones catalanas. El secretismo practicado por la portavoz de la Generalitat esconde las diferencias entre JxCat y ERC.

Lo que sí es una novedad es que el Gobierno catalán ya no hable abiertamente de que dará una respuesta en forma de desobediencia institucional. Budó afirmó que esta opción no está sobre la mesa porque el Ejecutivo catalán solo trabaja con el escenario de que los procesados serán absueltos. «No esperamos otra sentencia que no sea la absolución. Habrá un respuesta institucional por parte del Govern», señalo tras la reunión del Ejecutivo catalán. En cuanto se haga pública, la portavoz de la Generalitat precisó que habrá una reacción inmediata y que será Quim Torra quien la dé a conocer a través de una declaración institucional. El contenido de este discurso está guardado bajo llave.

El Gobierno catalán trató además de marcar distancias entre la que será la respuesta de la sociedad civil, que lideran la ANC, Ómnium Cultural y los CDR y que se propone paralizar Cataluña durante tres días a través de movilizaciones, con la reacción institucional del Gobierno autonómico. El Govern adoptó este martes una posición tan prudente que incluso evitó dar apoyo a la huelga general convocada por los independentistas, cuando el 3-O de 2017 contó con toda la cobertura de la administración autonómica.

Mientras, Torra aprobó el nombramiento de sus nuevos delegados en Túnez, Argentina y México, a pesar de que el Ministerio de Exteriores recurrió ante el TSJC la puesta en marcha de estas 'embajadas'. La Generalitat cuenta ya con 15 'embajadores'.

Policía española y Mossos se coordinan ante las movilizaciones

Los cuerpos de seguridad se preparan para las movilizaciones que se anuncian en Cataluña como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'. Las cúpulas de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional y la Guardia Civil se reunieron este martes en Barcelona para coordinar el dispositivo policial en unas jornadas que se prevén «complejas», según admitió el consejero de Interior de la Generalitat, ya que las plataformas secesionistas tienen por objetivo paralizar Cataluña durante tres días a través de manifestaciones, concentraciones y ocupación de infraestructuras.

En el encuentro de este martes, se estudiaron mecanismos de coordinación para hacer frente a posibles incidentes. También se planificó el refuerzo de la vigilancia en edificios estatales, como la Delegación del Gobierno, el aeropuerto o las estaciones de tren, que los independentistas quieren ocupar para paralizar la actividad. El modelo de coordinación sobre el que trabajan es el que pusieron en marcha en diciembre pasado con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona que los CDR intentaron (sin éxito) boicotear.

La reunión tuvo lugar el mismo día que se conoció que el Ministerio del Interior ha iniciado el traslado de agentes (unos 1.500) para reforzar la presencia policial durante las movilizaciones.

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