La Fiscalía duda de la imparcialidad del sistema penitenciario catalán

La Fiscalía duda de la imparcialidad del sistema penitenciario catalán

Teme que dé un trato de favor a los líderes del procés sin son condenados porque considera que son «presos políticos»

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

La Fiscalía no las tiene todas consigo sobre «la imparcialidad» del sistema penitenciario catalán. Duda porque la Generalitat, que tiene las competencias sobre las cárceles, sostiene que los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo son «presos políticos» que no tienen por qué ser castigados con penas de prisión por sus actuaciones durante el 'procés'.

Si los acusados son condenados elegirán centro para cumplir la pena, y todo hace pensar que solicitarán ir a Cataluña. Así ocurrió tras la fase instrucción de la causa y después del juicio, cuando siete de los acusados fueron conducidos de Madrid a la prisión barcelonesa de Lledoners y las dos mujeres a la tarraconense de Mas d'Enric y a la de Puig de les Basses, en Girona. Unos traslados que contaron con el visto bueno de Instituciones Penitenciarias.

Ahora es más que probable que vuelvan a pedir el cumplimiento de la pena en esas mismas cárceles, aunque el Ministerio del Interior volverá a tener la última palabra.

La Fiscalía señala en la memoria que presentó hoy que las principales autoridades del Gobierno catalán, «incluido el director general» del sistema penitenciario, «han mostrado su rechazo a la prisión provisional», y esas opiniones pueden condicionar «la tranquilidad e imparcialidad» de las autoridades de la administración penitenciaria de Cataluña cuando tengan que «evaluar a los presos sin son finalmente condenados». Es decir, cuando deban resolver sobre la aplicación del tercer grado u otro beneficio penitenciario.

Ambiente anómalo

La Fiscalía General recuerda además el ambiente «anómalo» dentro y fuera de las cárceles con «manifestaciones como mínimo semanales» ante los centros y la «anormal presencia» de dirigentes políticos en las prisiones.

Aunque no lo menciona, el Ministerio Público no olvida la concesión en mayo a Oriol Pujol del tercer grado por parte de la junta de tratamiento de la cárcel de Brians a los dos meses de ingresar para cumplir dos años y medio por el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía recurrió y el juez de vigilancia penitenciario le dio la razón, pero Serveis Penitenciaris de la Generalitat ratificó el tercer grado y la Audiencia de Barcelona confirmó el permiso para que el hijo de Jordi Pujol se limitara a dormir en su celda.

Los temores de la Fiscalía no son nuevos, y ya en su alegato final en el juicio del Supremo pidió al tribunal que dispusiera que los acusados cumplan íntegra la mitad de la condena.