Cerdán sugiere que Koldo trabaja para la UCO para tratar de conseguir la nulidad de los audios

La nueva defensa del exsecretario de Organización del PSOE –dirigida ahora por Jacobo Teijelo, vinculado a la 'fontanera' del PSOE- ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que fuerce a la Guardia Civil a que aclare «todas las colaboraciones realizadas por Koldo García» con sus distintas unidades entre 2018 y 2024 (las grabaciones subrepticias se realizaron entre 2019 y 2023). Según recuerda Teijeilo en su último escrito remitido al alto tribunal, la «relación previa» del exasesor de José Luis Ábalos es «notoria» con «el cuerpo policial encargado de la investigación».

Detrás de esta petición –explican fuentes del procedimiento- está la acusación velada de que Koldo García habría trabajado para la Unidad Central Operativa (UCO) y que, como colaborador o agente encubierto de este departamento, habría grabado los controvertidos audios incitando al delito. O sea, una suerte de trampa policial tendida para implicar a la mano derecha de Pedro Sánchez. Una estrategia de defensa que, además, de paso abona la tesis de la persecución política a Cerdán por su destacado papel en los acuerdos de investidura de Sánchez con Junts y Bildu.

Ya el pasado 3 de julio, la anterior defensa de Cerdán encabezada por el letrado del 'procés' Benet Salellas, en el escrito en el que pidió su excarcelación recordó que tanto la «jurisprudencia» del Supremo como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han venido certificando que todo el material probatorio «derivado una provocación delictiva» no tiene «valor ni recorrido» en un proceso penal.

Es por ello que la defensa de Cerdán, además de solicitar al Supremo información sobre esas supuestas «colaboraciones» entre García y la Guardia Civil, requiere al tribunal para que exija al instituto armado que revele si el exasesor de Ábalos «consta incluido en el inventario de fuentes policiales» y sin han existido «contactos» entre Koldo y «miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil» en la etapa investigada.

Teijelo pide asimismo a Puente que si esa información sobre la supuesta etapa de confidente o soplón de Koldo con la UCO está clasificada como secreto oficial, se proceda a «elevar inmediatamente suplicatorio al Consejo de Ministros con solicitud de desclasificación» de esos datos.

Siempre con el propósito de poner en duda la veracidad de los audios que acorralan a Cerdán -o, cuanto menos, tratar de demostrar que estas grabaciones están manipuladas o que tenían como único «objetivo» implicar al exdirigente socialista- su defensa reclama al Supremo «una copia de la totalidad de las grabaciones» que se encontraron en el registro efectuado en 2024 en la casa de Koldo en Alicante, exigiendo específicamente que se trate de «una copia clonada directamente de la original».

La defensa considera «imprescindible» disponer de este material para «que puedan ser estudiados debidamente los datos y metadatos que obran en la fuente original de prueba de cada una de las grabaciones», teniendo en cuenta que es uno de los principales indicios en los que se apoyó el magistrado para enviar a prisión provisional a Cerdán.

El abogado dice ser «consciente» de que es «una cantidad ingente de datos», ya que «los medios de comunicación han publicado que podríamos estar ante 30.000 ficheros de audio que, de tener una duración media de cinco minutos cada uno, alcanzarían las 2.500 horas de grabación, lo cual en espacio digital alcanzaría varios Terabytes».

Pero asegura el letrado que se trata de una diligencia necesaria para «poder determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la realización de las pretendidas grabaciones por parte del señor Koldo García», dado que «se ha acogido legítimamente a su derecho fundamental a no declarar».

El Supremo envió el pasado 30 de junio a Cerdán a prisión provisional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho al considerarle el supuesto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, de la que también formarían parte el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo.