Detenido José Luis Ulibarri, epicentro de la trama de corrupción de los semáforos

Detenido José Luis Ulibarri, epicentro de la trama de corrupción de los semáforos

El empresario leonés, propietario de varios medios de comunicación en Castilla y león ha sido detenido por la Policía Nacional junto a Miguel Hernán Manovel García, consejero y secretario de UFC | Los otros tres leoneses detenidos son los integrantes de Ciudadanos Sadat Maraña y Juan Carlos Fernández | El alcalde Villarejo de Órbigo, el de Astorga y tres concejales maragatos han pasado a disposición judicial y han quedado retenidos en la Comisaría de Astorga

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La situación se complica para el leonés José Luis Ulibarri. La Policía Nacional ha procedido este martes a su detención en el marco de una operación anticorrupción por amaño en adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación de tráfico.

El empresario, propietario de diferentes medios de comunicación en Castilla y León y que fue investigado en la trama Gürtel, ha sido uno de los primeros detenidos en el marco de la 'operación Enredadera' que se desarrolla en el conjunto del país.

Operación Enredadera

Concretamente, el leonés figuraba entre la larga lista de órdenes de detención emitida por el Juzgado de Instrucción nº2 de Badalona y era considerado como uno de los cabecillas de esta trama de amaños que falseaba datos de tráfico para poner radares con afán recaudatorio.

Junto a él y según han confirmado a leonoticias, la Policía Nacional también ha procedido a detener a su mano derecha, el leonés Miguel Hernán Manovel García, consejero y secretario de UFC.

Pero no es el único leonés detenido. Miembros de la UDEF de la Policía Nacional han procedido a la detención de Sadat Maraña, asesor actual de Ciudadanos en la Diputación de León, y que figuraba en la lista de detenidos.

Despliegue policial

Las cifras de la 'operación Enredadera', el mayor golpe a la corrupción municipal en la historia reciente de España y que no concluirá hasta mañana, apabullan: 39 detenciones, 16 de ellos alcaldes y concejales, y ocho jefes de policías locales; amén de técnicos municipales y empresarios, otros 70 cargos y empleados municipales están imputados; se practicaron 92 registros, entre ellos allanamientos en 25 ayuntamientos, 31 despachos, 24 domicilios y 12 empresas.

En total, la Policía desplegó 580 funcionarios de forma simultánea en casi 200 puntos diferentes de diez comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, La Rioja, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Fue un despliegue casi sin precedentes en el que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, dio por desmantelada una vastísima red de adjudicaciones amañadas en la gestión del tráfico municipal que operaba, en algunos casos, desde 2010 y que salpica a cargos electos del PP, del PSOE y, por primera vez, de Ciudadanos, al menos con tres responsables del partido bajo sospecha. El alcalde la formación naranja en el municipio de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, se convirtió en el primer regidor de ese partido detenido por corrupción.

Precisamente el tercer leonés sobre el que pesaba una orden de detención en el marco de la operación anticorrupción 'Enredadera' es el diputado por Ciudadanos Juan Carlos Fernández, al que se ha visto también durante los registros del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, donde ejerce como concejal.

El último nombre relacionado con León que aparecía en el largo listado de detenciones dictadas por el juez es el del Juan José Simón Callejo, el que fuera concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Astorga.

Astorga y Villarejo de Órbigo

Asimismo, el Juzgado de la Operación Enredadera, ordenada a instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, se saldó con cinco detenidos en Astorga.

Se trata del alcalde de Astorga, Arsenio García, y los concejales de Urbanismo, Manuel Ortiz, de Deportes, Javier Guzmán, y de Comercio y portavoz del PAL, Pablo Peyuca. Junto a ellos se encuentra además el alcalde de Villarejo de Órbigo, el socialista Joaquín Llamas.

El Jugado de Instrucción nº2 de Astorga ha acordado su puesta a disposición judicial y está previsto que presten declaración en las dependencias judiciales este miércoles a las 10:30 horas.

Investigación

El epicentro de la investigación es la firma Aplicaciones Gespol, empresa tecnológica perteneciente a Valoriza Medioambiente, de Sacyr. El grupo se apresuró a explicar que Gespol, dos de cuyos responsables fueron arrestados, fue comprada en octubre 2016, por tanto, antes de la mayoría de las adjudicaciones investigadas.

Las adjudicaciones investigadas son de lo más variadas, aunque todas están relacionadas con la «pacificación del tráfico en sentido amplio».

Los funcionarios reclamaron en los ayuntamientos y empresas todos los expedientes sobre radares, semáforos, cámaras de seguridad, circuitos cerrados, sistemas de radiocomunicación, alumbrado, previsión meteorológica, grúa, zona azul, gestión tributaria y de sanciones y software de policía local.

Los contratos, apuntan los investigadores, eran sometidos a todo tipo de irregularidades. Entre ellas, pago de mordidas a alcaldes, funcionarios y jefes policiales a cambio de adjudicaciones a Gespol, alteración de los pliegos, fraccionamiento de los importes, hinchado de precios e, incluso manipulación de los datos sobre siniestralidad y puntos negros para justificar adjudicaciones innecesarias. Una persona, según la UDEF, estaba en uno de los puntos clave de esta trama como mediador, el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel.

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