El Senado de EE UU investiga a Hegseth por ordenar el asesinato de dos tripulantes de una narcolancha

Mientras los analistas de vigilancia estadounidenses observaban desde los centros de mando si las 11 personas a bordo de la lancha transportaban drogas, el comandante dio la orden de ataque. Un primer misil hizo impacto y provocó un incendio en la embarcación, que navegaba frente a la costa de Trinidad y Tobago. La acción fue seguida durante varios minutos por los responsables de la operación a través de una transmisión en vivo con imágenes tomadas por drones.

Al disiparse el humo, dos supervivientes se aferraban a los restos de la lancha. El almirante Frank M. «Mitch» Bradley, a cargo de la operación desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, cumplió la directriz del secretario de Defensa de no dejar supervivientes y ordenó un segundo ataque que aniquiló a las dos personas aún con vida.

Bradley indicó a su equipo durante una conferencia telefónica confidencial que esos dos hombres eran todavía objetivos legítimos porque, en teoría, podrían avisar a otros traficantes para ser rescatados junto al cargamento, según los dos informantes de 'The Washington Post'.

Más tarde, el presidente Donald Trump anunció el ataque con la publicación de un vídeo editado con imágenes de un dron de vigilancia que mostraba 29 segundos de la ofensiva. La grabación no incluía ninguna escena del segundo disparo de misil sobre los dos supervivientes.

Las nuevas revelaciones añaden un aspecto siniestro a la campaña de guerra contra el narcotráfico de la administración Trump, que ha sido calificada de ilegal por numerosos funcionarios y expertos en derecho internacional de guerra.

La información del diario estadounidense ha tenido una primera repercusión: el Comité de Servicios Armados del Senado ha anunciado que realizará una «supervisión rigurosa» para determinar cómo sucedieron los hechos. En una declaración conjunta el viernes por la noche, el senador republicano Roger Wicker, presidente de este comité, y el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en este organismo, señalaron que el Senado «está al tanto de las noticias recientes y también de los ataques posteriores a buques presuntamente sospechosos de narcotráfico». Ambos políticos publicaron el mes pasado dos cartas enviadas al Pentágono solicitando órdenes, grabaciones y fundamentos legales relacionados con los ataques, que fueron ignoradas por el departamento.

Después de que las revelaciones se hicieran públicas, el secretario Hegseth escribió en X que «estos ataques de alta efectividad están diseñados como 'ataques cinéticos letales'. Cada traficante que matamos está afiliado a una organización designada como terrorista. Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales, según el derecho estadounidense e internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a través de la cadena de mando». El secretario de Defensa inició su respuesta con un ataque a «las noticias falsas», que, dijo, «ofrecen informes inventados, incendiarios y despectivos para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger a la patria».

En sesiones informativas a puerta cerrada en el Congreso, el Pentágono se ha negado a proporcionar argumentos que pudieran ayudar a explicar la base legal sobre la que se sostienen estos ataques. La negativa a proporcionar más información, incluidas información de inteligencia en apoyo de los ataques y las identidades de las personas asesinadas, ha creado una enorme frustración entre algunos miembros del Congreso, también entre varios republicanos.

Funcionarios de la administración y expertos legales han señalado que los presuntos traficantes no representan en absoluto una amenaza inminente de ataque contra Estados Unidos y no se encuentran, como alega Defensa, en un «conflicto armado» con EE UU.

Entre otros, Todd Huntley, exabogado militar que asesoró a las fuerzas de Operaciones Especiales durante siete años en el apogeo de la campaña antiterrorista estadounidense, ha señalado que al no existir una guerra legítima entre los dos bandos, matar a cualquier persona en las supuestas narcolanchas «equivale a asesinato».