Toma la Palabra se compromete: techo en el sueldo y cláusula antitransfuguismo

Los candidatos de Toma la Palabra suscriben el código ético de la formación. /V. V.
Los candidatos de Toma la Palabra suscriben el código ético de la formación. / V. V.

Los integrantes de la lista firman un código ético para «rendir cuentas» y garantizar la «transparencia» de su gestión

Víctor Vela
VÍCTOR VELAVALLADOLID

Con un bolígrafo compartido, que pasa de mano en mano, los integrantes de la candidatura de Valladolid Toma la Palabra sellaron -este domingo por la mañana, en Fuente Dorada- su compromiso con el código ético de la formación. Once páginas que incluyen cláusulas vinculadas con la limitación de sueldos, la rendición de cuentas o la obligación de gobernar con «austeridad y transparencia».

«Se trata de la actualización de las garantías de seguridad y confianza que ya hicimos en 2015 y que se han cumplido durante este mandato», asegura Manuel Saravia, cabeza de lista de Toma la Palabra. «Este documento, que con esta firma asumimos, es un paso más para reducir la enrome brecha que hay entre la sociedad y sus gobernantes«. Una cicatriz que se convirtió en abismo con el 15M. «Aunque haya habido periodos en los que todos los grupos asumían compromisos de regeneración, se ha ido relajando bastante. No en Toma la Palabra, donde somos fieles a lo que nos comprometimos», dice Saravia.

«Con los ecos del 15M, todas las organizaciones políticas, en mayor o menos medida, pusieron en el centro las ideas de participación, transparencia, primarias... Pero lo ocurrido durante la precampaña electoral parece que muestra que en el algunos partidos se ha pasado la moda: hemos visto pucherazos, transfuguismo, listas que se han elaborado sin participación o que han alterado el orden de los candidatos sin respetar la decisión de los militantes«. «En política no solo hay que saber gobernar por el bien común, sino que también hay que predicar con el ejemplo», defiende María Sánchez (número dos en la candidatura de Toma la Palabra).

De ahí, aseguran, la firma de este documento que incluye cláusulas «contra los privilegios, la corrupción o la profesionalización de la política». «Existe además un código ético que hace seguimiento de que lo que se ha firmado se cumple», explica Alberto Bustos (número tres en la lista).

Entre los artículos que contempla el código ético de Toma la Palabra se incluye la limitación del salario que reciben los concejales de su participación. «Las personas que ostenten un cargo público con dedicación exclusiva pericibirán un salario neto equivalente al que tuvieran en su anterior trabajo en los cuatro últimos años de media, en caso de que lo tuvieran», dice el apartado 3.a. En el 3.b se añade que «las personas que ostenten un cargo público con dedicación exclusiva cuyos ingresos previos fueran interiores a 2,75 veces el salario mínimo interprofesional, percibirán esta cantidad».

Así, si algún integrante de la lista de Toma la Palabra consigue ser concejal con dedicación exclusiva percibirá, como máximo, 2.227 euros netos al mes (si antes no llegaba a ese sueldo). Es la cantidad percibida durante este mandato. El código contempla la congelación del sueldo, ya que, aunque ha subido el salario mínimo interprofesional, Toma la Palabra ha rebajado el porcentaje de incremento (era de tres veces el SMI en el pasado mandato) para no que no aumente la cuantía que recibirán los políticos.

Esta limitación del sueldo, ya aplicado durante el mandato que ahora termina, ha hecho que los ediles de Toma la Palabra hayan donado «más de 200.000 euros» (cerca 1.200 euros al mes en el caso de los concejales con responsabilidad de Gobierno) para el mantenimiento de la plataforma, la contratación de personal en el grupo municipal, la financiación de la actual campaña («sin solicitar préstamos a los bancos») o el apoyo a proyectos sociales, votados a final de año en la asamblea de la formación, tanto de intervención local como de solidaridad internacional.

El código también recoge líneas de acción con respecto a los pactos postelectorales. Contempla la votación en una consulta vinculante entre las personas inscritas en el censo (1.700) respecto a posibles acuerdos de investidura de gobernabilidad.

También se recoge la incompatibilidad en la duplicación de cargos, «salvo aquellos que territorialmente sea necesarios, como en la diputación». Eso sí, los ediles de Valladolid capital se comprometen a que la representación en la institución provincial recaiga en concejales de la provincia.

Y se incluye la obligación de renunciar a cargos en caso de imputación, proceso o condena «por delitos de corrupción, económicos, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, ecológicos o urbanísticos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas». Pero también se obligará a «poner todos los cargos a disposición de la plataforma» en casos de delito por «racismo, xenofobia, violencia de género, acoso sexual, homofobia, transfobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de las personas trabajadoras».

El documento incorpora incluso acuerdos para «usar preferentemente medios de transporte colectivo o medios de transporte privados respetuosos con el medio ambiente, así como la renuncia a la asignación de un vehículo oficial con carácter permanente«.