Los interinos y los trabajadores de Paradores se manifiestan contra la precariedad laboral

Casi a la misma hora -con apenas 60 minutos de diferencia entre una y otra convocatoria- la capital se convertirá en el escenario de protesta de empleados públicos, anticipando lo que los sindicatos con mayor representación en el sector ya habían advertido a principios del verano: «Si la inacción del Gobierno se mantiene, retomaremos las movilizaciones».

Coincidiendo con la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados y como antesala de la importante cita del jueves en Luxemburgo -donde el Abogado General de la Unión Europea presentará sus conclusiones sobre si España debe hacer fijos a los trabajadores del sector público que encadenan contratos temporales de forma abusiva-, los empleados temporales de la Administración «exigirán una solución definitiva» al prolongado abuso de la temporalidad y reclamarán la reincorporación de trabajadores despedidos.

«La ambigüedad del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias», señalan los organizadores.

La convocatoria cuenta con el respaldo de casi 70 colectivos, entre asociaciones, sindicatos y plataformas, que recuerdan las sanciones europeas y los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia. Para finales de año se espera que este tribunal se pronuncie nuevamente, después de que el Tribunal Supremo preguntara en mayo de 2024 si el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a un puesto de funcionario es contrario a la cláusula 5 del Acuerdo Marco incluido en la Directiva sobre el trabajo temporal, que obliga a hacer fijo a un trabajador con contratos temporales durante más de dos años.

No será el primer fallo, ya que el TJUE ya se ha pronunciado en dos ocasiones señalando que la Administración debe hacer fijos a estos empleados temporales. Sin embargo, el alto tribunal español ha sostenido que no puede convertir en fijos ni a interinos ni a trabajadores del sector público con contratos abusivos, ya que la Constitución exige un proceso igualitario para acceder a la función pública.

Paralelamente, Bruselas ha sancionado y expedientado a distintas administraciones españolas por esta problemática. La principal demanda de los convocantes es la rápida tramitación de una Ley de Función Pública -o de una normativa específica- que aborde tanto la situación de los empleados temporales actuales como la de aquellos injustamente cesados tras largos periodos de servicio.

«La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea -que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto la Directiva al ordenamiento español- ha agravado este problema», exponen los organizadores.

En estos momentos, el Gobierno trabaja en un plan para reducir la temporalidad en el sector público y cumplir con las promesas hechas a Bruselas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, presentó en septiembre a las comunidades autónomas las líneas maestras del nuevo plan para combatir la temporalidad en España -la más alta de Europa-, que incluye medidas como imponer un tope de dos años por puesto, impedir el encadenamiento de contratos, reconocer la antigüedad de los interinos y fijar sanciones más duras.

Esta no es la única petición que los representantes sindicales trasladarán a los políticos en la convocatoria. Las alzas salariales también están en la agenda del día.

Hace dos semanas, Comisiones Obreras, UGT y CSIF pidieron a López retomar el diálogo para negociar la subida salarial pendiente de 2025 y una actualización de las nóminas públicas para 2026 una vez concluido el acuerdo marco el pasado 31 de diciembre. Los sindicatos reprochaban a López «su inacción» para resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de «congelación salarial». Sin embargo, desde este departamento ligan esta actualización a la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que siguen sin tener fecha.

Una hora después y a poco más de dos kilómetros, los trabajadores de Paradores cortarán una de las vías más transitadas de Madrid bajo la pancarta «Contra la precariedad laboral».

Convocados por UGT, CSIF y CC OO, los manifestantes denuncian que «la lucha no es solo por un salario y condiciones de trabajo dignos, sino también por la viabilidad y el futuro de Paradores».

Los representantes de los trabajadores señalan que la empresa, presidida por la exministra Raquel Sánchez, «en la actualidad, y con los resultados económicos que tenemos, presenta una viabilidad garantizada; por lo tanto, solo falta asegurar los salarios y las condiciones laborales». La compañía registró en 2024 los mejores resultados de su historia: 346 millones de euros de ingresos y 40 millones de beneficio.

La plantilla, que denuncia que la negociación del nuevo convenio colectivo lleva cuatro años estancada, exige al Ministerio de Hacienda el desbloqueo de las conversaciones y la mejora de las condiciones laborales del conjunto de empleados.

Según las quejas de los trabajadores, el sistema retributivo se ha quedado desfasado y los sueldos en los puestos base rozan el salario mínimo interprofesional (SMI), con una media de 1.200 euros y una temporalidad del 40%, además de un abuso de los contratos a tiempo parcial y de los fijos discontinuos.