Díaz contraataca de nuevo y pone en marcha la maquinaria para reformar el despido

Si no habían pasado ni 24 horas del 'no' del Congreso a recortar el horario de los trabajadores cuando sacó a consulta pública el endurecimiento del registro de jornada, ahora, una semana después, la ministra pone en marcha, sin más dilación, la maquinaria para hacer otra ambiciosa reforma que, no obstante, también se encontrará previsiblemente con fuertes complicaciones si consigue llegar al Congreso, puesto que antes de esto comenzará otra batalla sin cuartel con la patronal que, al igual que sucedió con la reducción de la jornada, se opondrán con todas sus fuerzas a una medida que puede hacerles mucho daño y elevar sus costes.

«El bloque de investidura ha dicho sí». Con estas palabras, la ministra justificó ayer su anuncio de que en octubre convocará la primera mesa de diálogo social «en la historia de la democracia» para reformar el despido restaurativo en España, que será, por primera vez, «a favor» de los trabajadores. Hacía alusión la vicepresidenta gallega al sí que dio este miércoles el Congreso a una proposición no de ley de Sumar que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y hacer que éste sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas; una votación, no obstante, que salió adelante por un voto erróneo de un diputado del PP (a semejanza de lo que ocurrió con la reforma laboral). Consiguió prosperar, 171 votos a favor y 170 en contra, gracias también al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos y la diputada de Compromís integrada en el Mixto. Junts, una vez más, votó en contra y será un hueso duro de roer en esta nueva guerra.

El objetivo de Díaz es adaptar la regulación española del despido a la Carta Social Europea y crear un mecanismo de extinción del contrato de trabajo que repare adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustamente y que sea absolutamente disuasorio. Su propósito es que poner en marcha una indemnización ' a la carta', que no esté tasada y compense en función del daño causado a la víctima, teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo, los estudios, la familia... Y para esto tiene el aval del Comité Europeo de Derechos Sociales que, en sendas resoluciones, da la razón a UGT y CC OO e insta a España a reformar su legislación.

Sin embargo, pese a que este aviso de Europa viene de lejos (hace más de un año que hizo pública su primera decisión contraria a la norma española), el Gobierno no había movido ficha hasta ahora. Es más, el PSOE no es demasiado partidario de tocar nada y defendió ante Europa su legislación en un escrito de alegaciones, que considera que es adecuada.

Además, el Tribunal Supremo emitió recientemente una sentencia en la que establecía que los jueces no puede fijar indemnizaciones adicionales, tal y como estaba sucediendo en el último año a raíz de este dictamen de Estrasburgo.