La Junta se personará si hallan perjuicios en las concesiones eólicas que investigó Hacienda

La Junta de Castilla y León seguirá con atención el desarrollo de la investigación que la Agencia Tributaria entregó en diciembre último a la Fiscalía Anticorrupción sobre el posible cobro de distintas cantidades, hasta 110 millones de euros según los inspectores de Hacienda, por parte tanto de altos cargos de la Consejería de Economía entre los años 2005 y 2008 como por parte de empresas locales que revendieron sus acciones sobre parques eólicos a Iberdrola Renovables o Endesa una vez concedidas las autorizaciones sobre estos proyectos. El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio De Santiago-Juárez, adelantó ayer que la Administración regional se personará en el caso si adopta alguna iniciativa la Fiscalía Anticorrupción con el ánimo de comprobar si se han registrado daños económicos para la comunidad autónoma.

José Antonio De Santiago-Juárez aprovechó la fotografía que se realizaron ayer los candidatos del Partido Popular a las Cortes regionales por Valladolid para informar, por segundo día consecutivo, de las iniciativas que adoptará la Junta tras conocer por 'El País' de la existencia de un informe de la Agencia Tributaria que vincula a dos altos cargos de la Consejería de Hacienda, el exconsejero delegado de Excal, Alberto Esgueva, y el exviceconsejero de Economía y posterior secretario general de esta Consejería hasta 2011, Rafael Delgado. El portavoz indicó que durante la jornada del lunes, los Servicios Jurídicos de la Junta intentaron recabar información sobre el informe publicado «y se nos indicó que, como todos los informes, tiene un carácter reservado», dijo De Santiago-Juárez, quien precisó que durante esa misma jornada, desde la Administración regional se remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la información de la que disponen con respecto a los 35 proyectos de autorización de parques eólicos a los que hace referencia la investigación de Hacienda. «Nuestra intención es la de absoluta transparencia», manifestó el portavoz del Ejecutivo en varias ocasiones durante la improvisada rueda de prensa.

José Antonio de Santiago-Juárez resaltó que, además de la puesta a disposición de la Fiscalía de toda la documentación, la Junta ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía, Tomás Villanueva, ante la Diputación Permanente de las Cortes regionales para informar de la política y el procedimiento de autorización de parques eólicos y, en tercer lugar, se ha revisado la declaración de bienes que en su día, en el año 2009, presentó el entonces secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado. El portavoz recordó que estas declaraciones tienen un carácter público y agregó que, de su análisis, no se detecta ningún tipo de enriquecimiento rápido o de carácter ilícito.