El 38% de solicitudes de prestación por cese de actividad de los autónomos recibe luz verde

Manuel Ramos./
Manuel Ramos.

UPTA de Castilla y León valora el efecto del cambio en la legislación, aunque señala que la cifra sigue siendo muy baja

EL NORTEvalladolid

El 38% de las solicitudes de prestación por cese de actividad de los autónomos en Castilla y León fueron aprobadas durante el primer semestre del año 2015, el primero en el que se aplica la nueva normativa que regula el acceso a la prestación por paro de los trabajadores por cuenta propia. Esta normativa se modificó en diciembre de 2014 en la Ley que regula el nuevo sistema de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, que son las entidades gestoras mayoritarias de estas prestaciones, junto con el SEPE y el Instituto Social del Mar.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla y león (UPTA) considera que los datos de este semestre, 66 expedientes resueltos favorablemente, frente a 176 solicitudes, y otras 16 aun pendientes de resolver a esas fechas, sin duda demuestran que las nuevas normas han tenido algún efecto positivo. En el conjunto del año 2014, solo se aprobó el 31% de las reclamaciones y el número de solicitudes fue de 315. En consecuencia se ha mejorado por el momento en el número de solicitantes y en las respuestas positivas.

En especial la mejor regulación de las pruebas para demostrar la situación económica de los autónomos es el cambio que ha tenido más efecto, ya que esta es la causa principal de las peticiones de acceso a la prestación.

En todo caso, y para mejorar esta situación, UPTA CyL viene reclamando que la Seguridad Social emita una Circular acordada con las asociaciones de autónomos para que se traslade a todas las entidades gestoras y que permita una interpretación común de las nuevas normas. Manuel Ramos, secretario general de UPTA CyL, considera que aún estamos lejos de los objetivos deseables en esta materia y deberíamos hacer todos un esfuerzo para que esta prestación permita mejorar las condiciones sociales de los autónomos que se ven abocados al cierre, que siguen siendo muchos todavía en Castilla y León.

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