Los tribunales ponen en duda la legalidad de los 66 parques de bomberos voluntarios de Castilla y León
Un fallo anula un acuerdo de la Diputación de León para la subcontratación del personal y recuerda que deben ser «funcionarios y agentes de la autoridad»
«Se trata de funciones que, con carácter general, implican el ejercicio de autoridad por llevar aparejada la intervención directa sobre personas y bienes en ... orden a garantizar su seguridad, realizando acciones que en muchas ocasiones implican el uso de la fuerza y entrada en domicilio», recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León, que anula el acuerdo de la Diputación de León del 25 de octubre de 2017, que regulaba la prestación de los servicios de extinción de incendios a través de una fórmula mixta con funcionarios en los cargos de coordinación y personal subcontratado (a empresas privadas) para ejercer las labores operativas de bombero. El juez da ahora la razón ahora al sindicato CSIF, que impugno dicho acuerdo, y lo anula al considerar que los bomberos deben ser «funcionarios y agentes de la autoridad» para desempeñar las labores propias de su labor. La sentencia pone en tela de juicio no solo las fórmulas mixtas de funcionarios y personal privado existentes en parques también de Salamanca o Soria sino, a juicio de los sindicalistas, la red mucho más extensa de 66 parques de bomberos voluntarios de siete provincias de la comunidad, todas salvo León y Valladolid –aquí todos los efectivos son funcionarios–.
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«El juez dice, por un lado, que no se puede privatizar un servicio esencial como el de extinción de incendios y, por otro, que sus efectivos deben ser funcionarios y, por lo tanto, agentes de la autoridad para ejercer sus funciones con garantías», coinciden en señalar Juan Carlos Prieto (bombero en Valladolid) y Nicolás Pérez (bombero en Miranda de Ebro), representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
«No se puede vestir de bombero a voluntario para realice labores de auxilio con vidas en juego», advierte el sindicato CSIF
La resolución judicial es clara al calificar de erróneos los planteamientos de la Diputación de León, en cuanto a que las labores de coordinación y planeamiento de las intervenciones las llevarían a cabo funcionarios y que las tareas del personal externo, el grueso de la plantilla de 75 bomberos de los distintos parques de la provincia, serían puramente mecánicas. «La desagregación de funciones que se desprende de la memoria –el acuerdo del 25 de octubre de 2017– no es legal ni materialmente posible, pues se pretende segmentar de forma artificiosa las funciones relativas a un servicio público que, como tal, tiene un carácter unitario», recoge el fallo.
La sentencia, añaden los representantes de CSIF, «dice lo que venimos años reclamando, como es que los servicios de extinción deben ser profesionales y ejercidos por funcionarios que superen una oposición, muy dura habitualmente, y que luego pasen por procesos continuos de formación y reciclaje para ejercer sus tareas». Los dos bomberos profesionales, en este sentido, inciden en que «no se puede vestir de bombero con el mismo traje y equipos similares a voluntarios que carecen de formación en este sentido y que realizan labores de auxilio en incendios o accidentes en las que hay vidas en juego».
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Los parques de bomberos voluntarios, amparados habitualmente por ayuntamientos y diputaciones, se reparten entre las provincias de Burgos (19), Ávila (13), Salamanca (12), Palencia (11), Soria (5), Segovia (4) y Zamora (2), según informa CSIF.
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