Problemas de la gente y problemas de políticos en Castilla y León

Son, para desgracia del común de los mortales, realidades paralelas. Podemos ver al PP lamentando que en las Cortes no le acepten una prórroga para presentar enmiendas a la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. ¿Acaso durante meses, desde diciembre, no tuvo tiempo para trabajarlas con 31 procuradores que sienta en su bancada? Si querían hacerlo, podían.

Lo que hay detrás de ese mosqueo es que sus exsocios de Vox presentaron una enmienda que afecta al control de contenidos de la televisión autonómica, sociedad privada, pero que recibe más de 21 millones anuales automáticamente de la Junta, campañas de publicidad aparte. Si el debate y votación del texto llega a pleno antes de que acabe la legislatura, esos cambios rebajarán la capacidad de manejo que el Gobierno autonómico (el que sea) puede tener sobre ese medio televisivo. La petición de prórroga por parte del PP no era más que una maniobra dilatoria para frenar la tramitación.

Algo que ellos y Vox, cuando conformaban sociedad de gobierno en Castilla y León, aplicaron a la proposición de Ley sobre Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida, que obligaba a la Junta a reforzar los cuidados paliativos a enfermos terminales. Primero arrastraron el texto por el calendario durante meses, para finalmente tumbarlo en un pleno.

También podemos ver caras de disgusto en el PSOE porque, con los cambios internos tras el ocaso de la etapa Tudanca y el amanecer de la era Martínez, se han quedado sin dos secretarías en las mesas de comisiones parlamentarias que les han birlado los de Alfonso Fernández Mañueco, y no han podido completar el relevo de representantes en la Mesa de las Cortes.

Y mientras, la vida sigue más allá de las cuitas parlamentarias. Lo podrán comprobar el miércoles sus señorías, cuando el Procurador del Común defienda el informe sobre las quejas de los ciudadanos que su equipo tramitó en 2024. El documento está disponible en las Cortes desde principios de abril. Presumo que no habrá sido una de las lecturas en las que con más ardor se hayan zambullido los procuradores en estas semanas, aunque les vaya en el sueldo (a los 25 que cobran entre 95.551 y 99.871 euros brutos anuales) o en la dieta que recibirá el resto por sentarse en el pleno.

¿Y qué escucharán si prestan atención? Habrá que confiar en que el cansancio no venza a algún parlamentario y ofrezca una instantánea como la del diputado de Vox por Valladolid, Pablo Sáez, dormido en el Congreso. Curre mucho o poco, el también presidente de la Denominación de Origen Cigales pasará a la historia por la siesta que se echó en el escaño.

Los procuradores autonómicos escucharán un rosario de problemas reales de ciudadanos reales preocupados, por ejemplo, con citas pendientes con el traumatólogo que se eternizan. Una rodilla o una cadera machacada no te mata, pero puede hacerte la vida bastante penosa.

O un tratamiento neurológico en Zamora que se deja de aplicar a un enfermo durante dos meses por una laguna en las citas por falta de profesionales.

O los ruidos que sufren familias por actividades molestas con ayuntamientos que hacen oídos sordos y miran hacia otro lado.

O tramitaciones defectuosas de ayudas como el Bono del Alquiler Joven, a las que se suma la demora en la contestación de recursos.

O la preocupación por algo tan básico como el abastecimiento de agua potable, bien porque las tuberías están hechas un desastre, bien por la contaminación por purines o fertilizantes.

Así, 665 páginas de informe. No es la generalidad en la gestión de Castilla y León, pero son quejas tangibles que requieren solución. Es vida real que no merece que le contrapongan el espejo de los problemas de políticos.