Castilla y León

El PP intenta frenar la ofensiva de la oposición contra la televisión autonómica

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, avanzó este jueves que estudian la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que un informe jurídico de las Cortes haya dado por buenas ocho enmiendas a la proposición de ley de Publicidad Institucional y rechazado su petición de reconsideración; mientras que la oposición le acusó de retrasar y dilatar la tramitación de esta norma.

En declaraciones posteriores a la Junta de Portavoces que ordenó el próximo pleno de las Cortes en el que comparece el Procurador del Común, Gavilanes expresó el respeto al informe emitido por el letrado pero mantuvo que esas ocho enmiendas pueden ser inconstitucionales por no atenerse a normas nacionales, como la de contratos del estado y publicidad institucional.

Es por ello que confirmó que estudian la posibilidad de recurrir ante el Constitucional y emplazó a conocer esa decisión antes de comunicar los ponentes para la tramitación de la proposición de ley de Publicidad Institucional, impulsada por el procurador de Podemos, Pablo Fernández, y a la que se han presentado 38 enmiendas de los grupos de la oposición.

Poco antes, los procuradores del Grupo Mixto, Francisco Igea y Pablo Fernández, calificaron de «demoledor» el informe del letrado que rechaza la reconsideración de las enmiendas, como pidió el PP, al entender que son «perfectamente» constitucionales. «Es un ejercicio de filibusterismo parlamentario», censuraron.

También, el portavoz de Vox, David Hierro, tildó de «demoledor» dicho informe, acusó al PP de «intentar bloquear» iniciativas legitimas de la oposición y le calificó de «la carta de ajuste» a los populares, al considerar que si «pierden su departamento de márketing (publicidad institucional), pueden perder sillones, y es lo que preocupa a Mañueco».

La nueva portavoz socialista, Patricia Gómez, se unió a la critica expresada por los anteriores portavoces de «retrasar y dilatar» la tramitación de esta ley por parte del PP y subrayó que una cosa es que «no gusten» las enmiendas y otra que sean inconstitucionales.

Gómez avanzó que han cumplido con el trámite de comunicar quienes serán los ponentes de la ley -Nuria Rubio y Luis Briones- como se ha pedido, mientras que Gavilanes, preguntado si se comprometen a convocar la Ponencia, explicó que primero van a decidir si presentan el recurso.

Tanto Igea como Pablo Fernández y David Hierro se mostraron convencidos de que la aprobación de esta norma, con las enmiendas, será motivo para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, adelante las elecciones; mientras que Patricia Gómez no entró en si será o no así, pero asumió que al presidente «no le gusta» la iniciativa a debate en las Cortes.

«Se puede llegar a un acuerdo de mínimos, sería un verdadero triunfo con un solo procurador», manifestó Pablo Fernández, en referencia a que se acuerde el control parlamentario del contrato programa de la Televisión de Castilla y León, aunque admitió que será más difícil en el apartado de la financiación pública.

El portavoz de Vox, que también asumió la posibilidad de un acuerdo, recordó que han presentado dos enmiendas en las que piden limitar a un 33% como máximo la publicidad institucional a un medio y la creación del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Gómez se decantó por la aprobación de una norma consensuada y trabajará a partir de sus 19 enmiendas para que sea así.

Por último, el popular rebatió la critica de que retrasen la tramitación y subrayó que convocaron la mesa para calificar las enmiendas, pero afeó de la falta de «cortesía parlamentaria» al no aceptar la prórroga solicitada por su grupo para poder presentar enmiendas.

La PPL recoge la prohibición de contratar cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio, tanto el caso en el que hayan sido directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores.

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