El presupuesto es señuelo en Castilla y León, la carnaza son las urnas

Carlos Fernández Carriedo, consejero al mando de la caja autonómica, ha empezado a negociar con el PSOE de Carlos Martínez, con UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila este viernes y va a seguir en la mañana de este sábado con Vox, con la advertencia de los de Abascal de que Mañueco deberá planchar la bola arrugada que hizo con el papel de exigencias que el portavoz ultraconservador le dejó al presidente de la Junta en el escaño el día del Debate de la Comunidad.

«Le vamos a llevar el gurruño a Mañueco», avisó David Hierro. Desde Vox, en una expresión poco afortunada y que traslada la negociación a los tiempos de la Edad Media más oscura, aseguran que no van a dejar que el PP ejerza con ellos el «derecho de pernada».

Por las Cortes han desfilado los consejeros desgranando en comparecencias maratonianas cómo se iban a gastar la parte que les correspondía de los 15.717 millones de euros que suman las cuentas del milagro, porque haría falta uno para que los partidos dejaran a un lado la táctica electoral y vieran la luz.

Pero en marzo hay elecciones y la aritmética entre formaciones se presenta variable. Si hay que elegir entre urnas y presupuesto, lo primero va por delante. Aunque esas cuentas no vean la luz, la acumulación de citas en la Comisión de Hacienda ya tiene los primeros beneficiados, que son los procuradores que perciben dietas por asistir. 18 de cada vez. Los que no abren la boca se llevan los 220 euros sin sudarlos. Para quien ha tenido que estudiarse cada tomo y defenderlo, las horas empleadas salen a precio de saldo.

La maquinaria de la Junta funciona en este momento con el presupuesto prorrogado de 2024, el que PP y Vox acordaron en 2023, cuando aún eran pareja. El de 2025 no llegó a aprobarlo Alfonso Fernández Mañueco para remitirlo a las Cortes, aunque presentó el anteproyecto como si fuera un documento oficial. Podría haberlo tramitado, porque la oposición le echó un pulso dando luz verde al trámite inicial del techo de gasto. Pero corría el riesgo, con 31 procuradores de un hemiciclo de 81, de perder el control de las medidas fiscales de la Ley de Acompañamiento y de que hubiera partidas que salieran totalmente retocadas.

Ahora estamos con el proyecto de cuentas para 2026. Lustroso en previsión de dinero, que no se diga que no es año electoral, pero amputado de inicio, porque llega sin Ley de Acompañamiento. Por si acaso. Las dotaciones económicas dejan margen a la ejecución ágil o a condenarlas a hibernar, según convenga o hasta dónde llegue la liquidez. Pero si en la Ley de Medidas le incorporan a Mañueco una enmienda tributaria o un cambio legal administrativo, cosa que podría hacer la oposición, esa cuestión entraría en vigor tras la uvas de la Nochevieja y sería aplicable desde el 1 de enero. Solución inédita del PP: presentar unas cuentas sin esa norma.

Todo apunta, así, a una reprórroga de la prórroga actual. El engranaje de la Junta no se atascará. La rueda autonómica gira de tal manera que buena parte del presupuesto anual está ya comprometido de salida en gastos de funcionamiento diario como las nóminas (5.237 millones de euros) o lo que cuesta abrir cada día sedes, hospitales, colegios o mover vehículos (2.245 millones de euros). Luego hay partidas que con presupuesto o prórroga se pagan. Como los intereses de la deuda (391millones previstos), lo que se abona a la escuela concertada (399 millones) o el copago de los fármacos que receta el médico de familia (776 millones).

El margen de dinero sin comprometer que deja un presupuesto es limitado, pero clave si se sabe usar para impulsar giros sociales o económicos. Y eso es difícil con una prórroga.