Los enfermos terminales en Castilla y León no son extrema izquierda

El rechazo de PP y Vox a tramitar esta ley fue el colofón a un pleno que había abierto la reaparición del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que tras cuatro semanas de silencio limitó la autocrítica por la gestión autonómica de los fuegos de agosto a trasladar «el sentimiento de consternación, de dolor y de frustración» por los fallecidos «con ocasión de estos terribles incendios» y a 'reconocer' «que entre todos no hemos podido obtener un mejor resultado» y que eso obligaba «a todos» a trabajar. Fin de la cita.

Así empezó un pleno que culminó con el portazo a la regulación de los derechos de los pacientes terminales. El argumento empleado desde el PP para votar en contra (no de la ley, sino del inicio de su tramitación) fue doble: que la Junta ya garantiza cuidados paliativos y que la norma se convertía en un instrumento ideológico de la extrema izquierda.

Un análisis somero rebate los dos argumentos. Si la sanidad autonómica presta esa asistencia de calidad y suficiente a las personas en puertas de morir, ¿qué impide reforzar por ley esa situación con una norma que aportaría seguridad jurídica a los pacientes, a sus allegados y a los profesionales?

Parece algo de sentido común, justicia, honestidad, incluso decencia cívica, que un moribundo ingresado en un hospital público esté en una habitación individual. Por él y su familia y por quien sería su compañero de habitación. Así lo recogía el artículo 23 de la proposición de ley. Eso no parece ideología de ultraizquierda. Como no lo es tampoco garantizar «el acceso de aquellas personas que les puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a sus convicciones y creencias». Artículo 20 del texto.

O hacer responsable a la Junta de la formación y el refuerzo de los equipos de cuidados paliativos para evitar situaciones de dolor y sufrimiento, que concreta el artículo 22. O establecer con claridad el deber de los sanitarios de ofrecer información sobre tratamientos y expectativas de los mismos y el derecho del paciente a elegir o rechazar las opciones que se le plantean, caso de una ventilación mecánica o de nutrición enteral o parenteral, porque entienden que se prolongaría un sufrimiento innecesario con un pronóstico de vida limitado a días u horas. O el derecho a una sedación paliativa, que recoge el artículo 10.

Eso no es eutanasia. Es humanidad. Lo sabe cualquiera que lo haya vivido en carne propia, con alguien cercano. La realidad se impone y seguramente sea excepcional que una persona agonizante afronte prácticas rayanas con el ensañamiento terapéutico para prolongar una situación terminal. Pero si una ley pone coto a eso, se protege al paciente y se da seguridad jurídica al profesional sanitario.

El PP votó el miércoles 'no' a tramitarla. Una vez más. Lo planteaba Pablo Fernández, de Podemos. El PP había votado 'no' cuando registró el PSOE la propuesta. Ambos textos son herencia del que impulsó Francisco Igea, en 2022. Los de Mañueco entonces apoyaron el inicio de la tramitación. No resultaba en ese momento algo de extrema izquierda, puesto que era la misma norma, punto por punto, que había firmado Alfonso Fernández Mañueco en 2021. El adelanto electoral en vísperas de la Navidad de aquel año dinamitó su aprobación en las Cortes.

No pareció entonces una legislación tan inútil a los populares cuando se trabajaron el texto y redactaron más de 50 enmiendas, incluida una con el cambio de nombre. Y luego tiraron esa labor a la basura para dar una 'lección' a Igea y afearle así que hiciera mofa del físico del consejero de Sanidad.

De aquella decisión del PP, esta reacción. Una regulación para los enfermos terminales apoyada hasta 2022, con trámite oficial en un Consejo de Gobierno de la Junta, que es hoy de extrema izquierda.