Suárez-Quiñones: «Esta vez va a ser cierto que Internet va a llegar a todos los hogares de Castilla y León»

–¿Hasta dónde llega su fe en el Fondo Europeo de Resiliencia y Recuperación Next Generation?

–Llegarán a España algo más de 140.000 millones de euros. Tengo toda la fe, lo que me preocupa más es la forma en la que el Gobierno de España haga llegar a las comunidades autónomas estos fondos. Viendo cómo se han distribuido los fondos React EU, sin contar con nosotros para nada... ¿Por qué llegan 335 millones y no 200 o 600 a Castilla y León? Me preocupa no que los fondos lleguen, porque Europa es un proyecto serio, sino lo que vaya a hacer el Gobierno de España en el reparto.

–Son fondos que se adjudicarán por proyectos concretos, ¿está trabajando la Junta de Castilla y León en ellos?

–Por supuesto. Sin que el Gobierno de España nos haya pedido nada ya le hemos enviado 429 proyectos por valor de 6.000 millones de euros, mi consejería aportó 38 por importe de 4.224 millones. Estamos trabajando.

–¿Puede avanzar algo de los proyectos que han remitido para financiar con esos fondos UE?

–Son iniciativas concretas en el compromiso frente al cambio climático o con las infraestructuras turísticas en el medio rural; en el ámbito de la digitalización y en el del transporte de mercancías y de viajeros, en el de vivienda, para rehabilitación buscando la sostenibilidad. Entendemos que la lucha contra la despoblación debe ser esencial para estos fondos.

–En el compromiso de la extensión de Internet de calidad emplean la expresión de 'hasta el último rincón' de la comunidad, ¿se lo puede creer quien todavía no sintoniza con normalidad la televisión en el pueblo?

–Son dos cosas distintas, una cosa la televisión y otra la telefonía e Internet. Ahí tenemos que ir, necesariamente, de la mano del Gobierno de España. En la convocatoria de extensión de banda ancha de julio de 2020 había dinero del Gobierno de España y de la comunidad. El objetivo es que en 2023 toda la población de Castilla y León tengan al menos 30 megas y, en 2025, el 100% de la población y del territorio tenga 100 megas al menos. Trabajaremos con los fondos europeos, con los propios fondos de la Junta y también con las diputaciones. Entre todos, esta vez va a ser cierto que Internet va a llegar a todos los hogares.

–Si le recuerdo que ya lo prometió su antecesor, Antonio Silván, que se hizo cargo de la consejería entre 2003 y 2015. ¿Por qué ahora sí va a ser posible?

–El convencimiento viene por tres vías. Primero por lo ya realizado, entre la Junta y el Gobierno de España hemos invertido la legislatura pasada más de 60 millones de euros en ayudas a proyectos de la operadoras, algunos aún en obras. Segovia va a estar sobre el 90% de cobertura de Internet de más de 100 megas. Y hemos empezado la legistatura con una convocatoria de casi 20 millones para llegar a nuevos objetivos de población. Yo mismo voy en videoconferencia desde León a Valladolid y de Valladolid a Burgos y voy sin ningún tipo de interrupción. Eso no era posible en los años sobre los que preguntaba.

–Su consejería ha prestado apoyo logístico a Sanidad y Familia durante la pandemia, ¿cómo lo han gestionado?

–Durante la época más dura todos fuimos Consejería de Sanidad y Consejería de Familia. Nosotros pusimos el acento en lo que era nuestra especialidad y en lo que no lo era, como colaborar en las compras de material sanitario y el transporte. Fuimos de las comunidades que más acopió materiales y menos problemas tuvo en la logística de distribución.

–Afrontaron el respaldo tecnológico para que el personal de la Junta trabajara desde casa. ¿Prevén algún tipo de refuerzo?

–Hay que pensar que de los 16.000 puestos de trabajo con ordenador que tiene la Junta, teletrabajaban antes de la pandemia unas mil personas y en muy pocas semanas lo ampliamos a unos 8.500. Tuvimos que poner en marcha sistemas de firma electrónica, de correo web garantizado para poder tener comunicaciones administrativas, de teleconferencias. Hubo que reforzar servidores, la estructura de administración electrónica. La mejor prueba de que fue bien es que no se oyó problema alguno.

–¿Cómo ha sido la relación durante la pandemia con el Gobierno central, concretamente con el delegado del Gobierno?

–Absolutamente fluida y diaria y eso redundó en una coordinación extraordinaria. La relación con la Delegación del Gobierno ha sido y sigue siendo buena.

–Es usted el responsable de las políticas de vivienda, ¿qué van a hacer para conseguir un parque de alquiler potente?

–El compromiso es acabar la legislatura con 3.000 viviendas en ese parque público y en eso estamos, a través del programa Rehabitare para la rehabilitación de viviendas municipales en desuso en los pueblos, la casa del maestro, del cura, de la Guardia Civil... Vamos a actuar sobre cerca de 300 viviendas que se unirán a otras 260 ya en uso. Más compra de derechos de uso de vivienda a la Sareb o de compra de vivienda. Esas 3.000 viviendas serán un parque público aún insuficiente, pero tenemos que ir caminando para aumentarlo.

–¿Se plantean cambios en las ayudas al alquiler?

–Hay un cambio importante con reflejo en el proyecto de presupuesto de la comunidad para 2021. La cuantía prevista para ayudar a las personas que menos renta tienen a pagar el alquiler era de 15 millones de euros, que ponemos entre el Gobierno de España y la Junta. Lo que hemos hecho, este es el quinto año, es poner dinero a mayores para que todos los solicitantes que cumplen los requisitos reciban la ayuda, porque con esos 15 millones no llega. Hacíamos dos repescas. Este año el presupuesto inicial será de 21 millones de euros, desde el primer momento, para que esas ayudas lleguen antes.

–La política de vivienda ha ido ligada estos años a los acuerdos del Diálogo Social..

–Totalmente ligada.

–¿La tensión que vive en este momento el Diálogo Social, la relación de sindicatos y empresarios con la Consejería de Empleo influirá en las negociaciones que mantiene su área?

–La tensión es lógica y no solo de la Consejería de Empleo. Cuando hay exigencia, y la tiene que haber por la parte social, por UGT CCOO y Cecale, hay tensión. Siempre ha habido acuerdos y los habrá, en la consejería de Empleo y en la mía. Nosotros tenemos abiertas mesas de diálogo en materia forestal, de vivienda y en materia medioambiental, de bioeconomía.

–Compromete el envío a las Cortes una nueva ley de Caza en la primera mitad del año, ¿qué va a aportar a una regulación que ha sobrellevado años de litigios?

–Ha habido litigiosidad porque asociaciones conservacionistas radicales nos han llevado a esa conflictividad, que terminó en mayo, cuando el Tribunal Supremo dijo que era correcta toda la normativa, que fue cuestionada incluso por la Sala de Valladolid del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. El Supremo ha validado nuestra actuación. Y el Constitucional, en octubre, avaló la modificación urgente de la ley de 1996 que tuvimos que afrontar para mantener la actividad de la caza en Castilla y León, imprescindible por los ingresos que genera, pero también por interés medioambiental, para el control de las especies, evitar accidentes de tráfico o la transmisión de enfermedades. Estamos a punto de aprobar un Proyecto de Ley de Gestión de los Recursos Cinegéticos Sostenibles que va a ser un hito en España, moderna, con muchos controles, con nuevos roles que asumen los cazadores.

–¿Por qué no hay que incrementar la protección de los lobos al norte del Duero?

–Al sur del Duero es una especie estrictamente protegida por la UE y no es posible una gestión cinegética. Al norte es susceptible de caza, pero no deportiva y libre, es una caza controlada por la Administración. Nuestros expertos determinan un cupo, que luego se cumple al 50% o 60%. El lobo está en un estado de crecimiento, incluso exagerado, con sobrepoblación. Resulta que la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico promueve que el lobo sea una especie de especial protección. Nuestro desacuerdo es total, supondría un golpe mortal para la ganadería extensiva y a la lucha contra la despoblación. Estamos totalmente en contra... nosotros, Galicia, Asturias y Cantabria, que tenemos el 98% de la población lobera de España.

–De su responsabilidad son las ayudas de daños a los ganaderos. ¿Son suficientes?

–Probablemente nunca son suficientes las ayudas públicas. Las vamos mejorando año a año. Es la vocación que tenemos. El ganadero lo que quiere es tener su ganadería, que no vengan diciendo que lo que hace falta es compensar al ganadero. Lo que hace falta es que pueda tener su ganado en el monte y para ello hace falta controlar las poblaciones de lobo.

–Hubo un plan de carreteras del gobierno de Herrera que cosía el mapa regional con una decena de corredores de autovías. ¿Está superado? ¿Por dónde deben ir las infraestructuras viarias?

–El de 2009 a 2020. Estaba nutrido de objetivos muy ambiciosos con arreglo a aquella situación económica. Yo la denomino la 'Época Imperio'. Hemos tenido que adecuar a la realidad ese plan y estamos redactando otro. No ha habido recursos para autovías, hay 11.500 kilómetros de red autonómica que deben estar en un estado razonable de uso, de comodidad y de seguridad con obras de refuerzo de firme, mejora de algunas infraestructuras, de intersecciones, glorietas.

–PP y Cs tienen un grupo de trabajo para analizar el futuro de empresas, fundaciones y entes autonómicos, entre ellas Somacyl, que depende de su departamento. ¿Podría reabsorber la consejería el trabajo que realiza?

–No creo que pueda desaparecer, ni mucho menos. Sería imposible que la Junta asumiera la gestión que hace este ente público.Desarrolla actuaciones con más de 500 ayuntamientos en materia de depuración y de gestión medioambiental. Es un instrumento muy querido, nada más hay que preguntar a los alcaldes y alcaldesas qué hubiera sido de sus depuradoras si Somacyl no hubiera existido. Es imprescindible.

–¿Está satisfecho con las condiciones laborales que tiene el personal del operativo de lucha contra los incendios laborales?

–Hablamos de las condiciones del personal de las empresas que se contratan para apoyar al personal público. El operativo es mayoritariamente público. Las condiciones de las empresas son cuestiones de esas empresas y los trabajadores, del convenio colectivo que ahora está en negociación. Como Junta de Castilla y León deseamos las mejores condiciones posibles para los trabajadores de este sector. Su abnegación, el riesgo y el trabajo que realizan es muy relevante. Una empresa tiene que subsistir, pero nuestra petición es que vayan al máximo.