Castilla y León

Solo cuatro de cada diez dependientes solicita la ayuda económica o los servicios de la ley

Pues aún así, la ley no llega. No lo hace en intensidad ni en cobertura. Muchas asociaciones se quejan de su insuficiencia y de la incompatibilidad de prestaciones o de la falta de horas en la atención a domicilio o de la casi anecdótica ayuda económica para poder atender a un mayor o a una persona con discapacidad en su propio hogar. Tampoco hay suficientes centros de noche ni unidades de respiro familiar y solamente las rentas más bajas, en por ejemplo un centro residencial público o concertado, se sienten realmente apoyados desde las administraciones y puede contar con una plaza, la llamada clase media se ahoga a la hora de copagar una asistencia. Es un mal en todo el país.

Y la primera carencia de la que aún adolece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, que ese es su nombre completo, es la de la accesibilidad a la misma. Es farragosa su tramitación, aún escasamente conocidos sus beneficios y confundida con otras protecciones como directamente la de Servicios Sociales, y es lenta. Son las causas que apuntan los interesados y las organizaciones sociales para que la demanda sea demasiado inferior a lo que debería.

Aún así, Castilla y León también puede presumir de casi los mejores resultados del número de personas que solicitan una ayuda de la Ley con respecto a los potenciales beneficiarios. Solo el 39% de los que necesitan prestaciones de servicios o económicas las han pedido en Castilla y León. Aunque esto significa que solo cuatro de cada diez afectados que podrían beneficiarse de estos apoyos los demanda, el resto sobrevive con sus medios y los de sus allegados. Así que hay 249.702 castellanos y leoneses que siendo dependientes desconocen o son incapaces de formalizar esta solicitud de prestaciones y solamente 159.961, a fecha del 30 de junio (último balance) la han cerrado con éxito. Son los datos del Imserso en su nuevo estudio de la situación nacional.

No obstante, solamente Andalucía arroja un menor dato, con un 40% de cobertura sobre necesidades. La media se sitúa en el 33% y Galicia ni llega ni al 18%.

La comunidad tiene el 6,47% de toda su población potencialmente con falta de autonomía de todo el país, alto por su sobreenvejecimiento pero lejos de las superpobladas autonomías como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía o Madrid.

En Castilla y León, hay actualmente 124.875 personas con derecho ya reconocido a prestaciones de dependencia, de las que 124.717 ya tienen valoradas 171.014 prestaciones identificadas, mayor número porque una persona puede tener varias a la vez, algunas son compatibles.

En relación con las personas reconocidas como casos severos y grandes dependientes, es decir, los grados II y III, los datos del Imserso señalan que, en el mes de junio, en Castilla y León se había atendido al 99,9% de las personas que tienen reconocido dicho grado. Esto supone que, mientras en el conjunto del país, la lista de espera es del 5,9%, en Castilla y León es prácticamente inexistente. Un dato positivo que arrastra además desde hace años tal y como puntúa en los balances del observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Los datos de dependencia señalan asimismo que la comunidad incorporó ya al 99,9% de dependientes de Grado I, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 86,8%. Esto supone que, mientras en el conjunto del país la lista de espera es del 13,2%, en Castilla y León es anecdótica.

En Castilla y León, el 99,9% de las personas dependientes reconocidas como tal tras su valoración y con derecho a prestación ya las reciben. Un dato que supera en ocho a la media nacional (91,5%) y la sitúa a la cabeza de las comunidades en concesión de prestaciones.

El perfil del beneficiario muestra que es marcadamente femenino en su conjunto aunque con diferencias por ramos etarios. Casi dos tercios (62,29%) de las solicitudes son de mujeres y, en consecuencia, el 63,4% de las personas que reciben prestaciones también. Sin embargo, hasta los 64 años, los varones superan en proporción, con un casi 58%, a las féminas y es en las siguientes edades más avanzadas cuando la balanza se inclina a favor de las mujeres, especialmente entre los octogenarios y nonagenarios donde el 70% lo son. Algo relacionado con la esperanza de vida más larga en ellas y, por lo tanto, hay más mujeres vivas y con necesidades.

El número de personas que están recibiendo prestaciones en la región en relación con la población está muy por encima de la media española: el 5,2% frente al 3% nacional y también se encuentra con mejores datos en lo que respecto a solicitudes en relación con la población general, un 6,7% frente al 4,4% del país.

La atención a las personas sin suficiente autonomía en la comunidad se presta especialmente a través de los servicios, tal y como establece la Ley de Dependencia. Así, en la comunidad, los mismos suponen el citado 79,8% del total de prestaciones, mientras que la media nacional es el 70,6%. La gran diferencia en cuanto a los apoyos a través de residencias, centros o teleasistencia, entre otros muchos, es que la Junta tiende a favorecer la ayuda vinculada para contratar un servicio. Una opción que tiene detractores y defensores. Entre los primeros se cuestiona el que tal opción favorece la oferta privada en detrimento de la pública y ralentiza o frena el desarrollo de los recursos de las administraciones. Entre los segundos se valora que la apuesta por la prestación frente a la ayuda económica es mayor y, por lo tanto, más profesional y que genera empleo.

En Castilla y León este apoyo abarca la mayor proporción del total de su cobertura con un 32,12%, 54.927 dependientes, que optan por ella. Supone más del doble que la siguiente en elección y aún multiplica por más a otras muchas.

Así de las 124.717 personas que ya tienen su plan individual de ayuda, el conocido como PIA, 27.979 (16,30%) tienen teleasistencia, y le sigue la ayuda a domicilio con 21.053 beneficiarios (12,31%). La prevención y promoción de la autonomía, que ha tardado años en tener peso, ya alcanza a 13.612 afectados (7,96%), una prestación que permite retrasar el deterioro físico y cognitivo.

La atención residencial, una prestación más definitiva porque engloba cuanto el centro en cuestión ofrezca por lo que no suele añadir nada más, es la opción elegida por 8.476, el 4,96%, bajo el amparo de la Ley de Dependencia, hay muchos más ancianos y personas con discapacidad institucionalizados por otras vías. Y a no mucha distancia están los centros de día o de noche. Las estancias nocturnas son un recurso escaso a la par de poco demandado pero hay muy poco entre lo que elegir. Recurren a estos servicios 8.030 afectados, el 4,70% de los dependientes.

Finalmente, está la figura de la Asistencia Personal, todavía la menos conocida y escasamente demandada pese a que es la que más facilita una vida propia e independiente. Hay 2.461 personas que han optado por ella, el 1,44%. Lento apoyo pero avanza, por poner un ejemplo había 596 usuarios en 2017.

Además, es la comunidad, solo tras el País Vasco con 7.113 (7,23%) usuarios, con más adeptos a esta figura. En el resto de territorios es anecdótico, tres hay en Murcia ni un usuario en Extremadura, Baleares, Cantabria o Canarias. El desconocimiento de la prestación, que tampoco se ofrece mucho, y el alto copago son los obstáculos que presionan en contra de la misma.