Castilla y León

La reserva de un balneario anulada por la covid que reclaman a la Junta cinco años después

«Se limitó a realizar un seguimiento de las devoluciones, habiéndose apelado en exclusiva a la responsabilidad de la entidad hotelera, que adujo dificultades económicas para proceder al pago», refleja el Defensor autonómico, que recomienda al departamento que dirige la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, a que «proceda al inicio de un proceso de devolución de las cantidades abonadas, en concepto de gastos de tramitación gestión», por los adjudicatarios de las estancias en el balneario en cuestión y que luego le reclame esa cuantía. El Procurador del Común no identifica al establecimiento en la resolución que se ha hecho pública, en la que se 'anonimiza' el nombre del balneario en aplicación de la legislación sobre protección de datos.

Tomás Quintana ha investigado la queja de un afectado al que no reintegraron la reserva que adelantó para disfrutar de los baños de aguas en 2020 y que habían reclamado a la Gerencia de Servicios Sociales que depende de la Consejería de Familia que exigiera al establecimiento esa devolución, puesto que ese reintegro era una de las condiciones que se recogía en el Programa de Termalismo en caso de cancelación. «En el presente caso, la Administración autonómica no podía dejar a la voluntad de la entidad hotelera el abono de la cantidades debidas a los beneficiarios de las estancias canceladas, sino que formaba parte de sus funciones garantizar la seguridad jurídica en la gestión del contrato y amparar los derechos e intereses de tales usuarios», argumenta el Procurador del Común en el escrito que ha remitido a la Junta de Castilla y León.

Quintana añade que el Gobierno de la nación estableció un procedimiento concreto de devolución de estas cantidades a través de órdenes oficiales para los programas de viajes de turismo social para personas mayores del Imserso que suspendió la pandemia. No así la Junta. «Se ha podido echar en falta, además, que la Gerencia de Servicios Sociales [de Castilla y León] no gestionara los riesgos asociados a la prestación del servicio, exigiendo a las entidades prestadoras garantías de reembolso, como la suscripción de alguna póliza de seguro o caución para asegurar en caso de dificultades económicas, insolvencia o quiebra, la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por viajeros, u otro tipo de cobertura o respaldo financiero para garantizar las aportaciones depositadas por los usuarios», subraya el Procurador del Común.

Con esa argumentación, Quintana resuelve que la Consejería de Familia proceda a devolver la cantidad que aportó de reserva el ciudadano que ha presentado la queja, y luego efectúe el requerimiento de pago al balneario incumplidor. Y a eso suma, para evitar casos similares en un futuro, que dé seguridad jurídica en la «gestión del contrato» por el se articulan las actividades de viajes y termalismo del Club de los 60 para proteger «los derechos e intereses de sus potenciales usuarios».

Las resoluciones del Procurador del Común no son de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, pero sus responsables sí están obligados a contestar si las aceptan total o parcialmente o las rechazan.