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Es, sobre el papel legislativo, una reforma menor. Una serie de enmiendas al articulado de la ley sobre publicidad institucional. Sin embargo, una de ellas, impulsada por Vox ... , puede provocar un cambio significativo en el modelo de televisión autonómica de Castilla y León. Un ente privado, 50% propiedad de Promecal y 50% en manos de Edigrup, que recibe cada año una subvención directa de la Junta para su funcionamiento. Este año, 22 millones de euros. A cambio, no hay ningún control público de su actividad ni se ejerce presión para mejorar el convenio laboral de los trabajadores, que llevan meses de protestas, ni se accede, a pesar de las peticiones de los grupos políticos, a los sueldos de sus directivos.
La Mesa de la Comisión de Presidencia de las Cortes decidía este jueves si se daban de paso las enmiendas, un primer trámite para el que se recibía el informe del letrado sobre su idoneidad. El PP votó en contra de algunas de ellas, según fuentes presentes en la reunión, por entender que el alcance de las enmiendas excede el propósito inicial de esta iniciativa, que comenzó Unidas Podemos con una propuesta para combatir la desinformación.
Aprobadas las enmiendas, ahora el PP tendrá tres días para recurrir ante la Presidencia de las Cortes, en manos de Vox. El Grupo Popular envió a última hora de la mañana una nota de prensa en la que se lamentaba de que se hubiera rechazado su petición de «un informe jurídico detallado» y «por escrito» sobre las enmiendas a la ley de publicidad institucional. «Dada la complejidad técnica del texto y al volumen de enmiendas, es necesario contar con un análisis formal y completo que garantice la homogeneidad de algunas enmiendas con el contenido del texto legal», justificaban los populares. PSOE y Vox, añadían, «han votado en contra de la solicitud realizada» por el PP, lo que a su juicio supone impedir «una práctica que refuerza la transparencia y el rigor legislativo».
Pasado este plazo, llegaría el aviso para designar a los ponentes. Algo que no sucederá hasta después de Semana Santa. PP y PSOE pueden nombrar dos ponentes; Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, a 1 cada uno. Ahí entra la siguiente fase. La Presidencia de la Comisión, que recae en el PP, deberá convocar la ponencia, que fuentes parlamentarias, calendario en mano, sitúan como muy pronto en la semana del 5 al 9 de mayo. Pero el modo en que se desarrolla esta fase permite que los partidos jueguen con los tiempos. Por ejemplo, demorando la designación de estos ponentes. O la convocatoria de la ponencia. Pero hay otra posibilidad. Si uno solo de los miembros de la ponencia se opone, el procedimiento se abrevia y pasa directamente a la Comisión.
Dado que es una reforma relativamente pequeña, por el número de artículos, la fase de tramitación en la Comisión podría terminarse con cierta celeridad. Incluso hay quien pone fecha para que llegue a Pleno: antes del cierre del periodo de sesiones en el mes de junio. Los días 24 y 25 de junio son los últimos fijados para celebración de sesiones plenarias.
¿Qué posibilidades reales hay de que todo esto ocurra? Pues depende de las estrategias parlamentarias de cada cual para acelerar o ralentizar el procedimiento. Y aunque avance, las opciones reales tendrán que analizarse una vez que el PSOE complete el cambio en el grupo parlamentario. La próxima salida de Luis Tudanca rumbo al Senado, prevista para el 29 de abril, situará al PSOE oficialmente en una nueva etapa. Nuria Rubio, número 2 del partido en Castilla y León, será quien tenga que liderar en el hemiciclo la postura socialista respecto a la televisión autonómica. Tudanca ya había manifestado, en privado y en público, su decisión de abordar esta reforma hasta el final. Carlos Martínez tendrá que pronunciarse sobre ello.
Vox está dispuesto a seguir adelante y hasta este momento ha contado con la complicidad de los demás grupos. Unidas Podemos encontró la grieta por la que colar la reforma del modelo de televisión autonómica y en ella metieron la cuña Francisco Igea y Luis Tudanca. Todos ellos hablan, de un modo u otro, de la necesidad de imponer un nuevo modelo televisivo mientras se mantiene el empleo. Vox proponía en su enmienda que la televisión se someta al control de las Cortes con un órgano de nueva creación que velaría por la independencia y la neutralidad de los contenidos. Igea, mientras, propone una demolición controlada del sistema para pasar a formar una televisión pública.
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