44 de los 81 procuradores no han autorizado que las Cortes publiquen su declaración de bienes
El consejero Carriedo es el único parlamentario del PP y que hace público el documento, no siguen sus pasos ni Fernández Mañueco y los otros consejeros populares con escaño ni García-Gallardo
Solamente 44 de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León han dado autorización para que su declaración de bienes sea de ... acceso público y los ciudadanos puedan consultarla en la ficha personal de cada parlamentario que figura en el portal web institucional. Entre ellos no está ni el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ni el vicepresidente, Juan García-Gallardo. Fuentes del área de Comunicación del presidente precisaron ayer que Fernández Mañueco ha presentado los datos sobre sus bienes a través de la Inspección General de la Junta, porque también está obligado a registrarlos allí al formar parte del Gobierno autonómico, y que se van a hacer públicos «en tiempo y forma». Sus declaraciones de bienes fueron públicas en su etapa como alcalde de Salamanca y en la legislatura anterior.
El presidente de la Junta, el vicepresidente y cinco consejeros (Jesús Julio Carnero, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Isabel Blanco y Alejandro Vázquez) comparten la doble condición de miembros del Gobierno y procuradores autonómicos y deben depositar en el Parlamento regional esa información personal. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, es el único procurador de los 31 de la bancada del PP cuya declaración de bienes está abierta a consulta en la web parlamentaria.
En el caso de García-Gallardo, desde la Vicepresidencia de la Junta aseguraron que está en trámite la publicación de los datos del dirigente de Vox y confirmaron que van a ser de acceso público.
Para los procuradores de Castilla y León es una obligación registrar en las Cortes su declaración de actividad y de bienes, pero es voluntario hacer pública esta última. Originariamente se pedía una declaración notarial, que luego se ha rebajado el control previo hasta quedar en algo parecido a una declaración responsable, que se fundamenta en la sinceridad del declarante.
Los parlamentarios tienen que autorizar expresamente el acceso a su datos y a fecha de ayer se podían consultar menos de la mitad. Concretamente las 28 de los procuradores del PSOE, las tres de los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL), tres más de procuradores de Vox, una del PP y las de los parlamentarios de Ciudadanos y Por Ávila. 37 de un hemiciclo de 81 escaños. Desde el área de Comunicación de las Cortes aseguraron que son las que están. No hay solicitudes de autorización en cola.
La presentación de estas declaraciones es obligada en los dos meses siguientes a la toma de posesión del escaño. La legislatura comenzó el 10 de marzo, con la constitución de las Cortes. El 10 de mayo, al menos 31 parlamentarios, según confirmaron fuentes oficiales, no habían solventado correctamente este trámite, por no haber presentado los documentos o haberlos tramitado de forma errónea.
En esa fecha eran públicas las declaraciones de bienes de todos los procuradores del PSOE (28) y dos de Vox, la de Carlos Menéndez, portavoz del grupo, y la del leonés Miguel Suárez. Luego se han ido incorporado los tres parlamentarios leonesistas, el abulense Pedro Pascual, Francisco Igea, Carlos Fernández Carriedo y el secretario general del grupo de Vox, David Hierro.
Ángel Ceña, portavoz de Soria ¡Ya! explica que los tres representantes de esta formación han registrado sus declaraciones y no tienen problema alguno en que se hagan públicas. En esa línea de no oponerse a que se dé publicidad a sus datos se ha manifestado Pablo Fernández, de Unidas Podemos. El sistema de las Cortes de Castilla y León requiere la autorización expresa. Algo que desde Vox asumen que harán «al menos» aquellos procuradores con dedicación exclusiva y nómina de las Cortes. Faltarían en este momento el burgalés Ignacio Sicilia, portavoz adjunto, y los dos miembros de la Mesa, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y la secretaria tercera, Fátima Pinacho. Al resto se lo van a «volver a comentar» a nivel interno.
En el Grupo Popular transmiten que «hay un grupo de procuradores que sí va a hacer públicas sus declaraciones de bienes». No precisan cuántos.
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