El Procurador insta a la Junta a mejorar en la prevención de suicidios entre los jóvenes

La petición del Procurador llega después de estudiar las estadísticas las de 2021 facilitadas por el INE y por la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, según las cuales, en dicho año, se había registrado una cifra histórica en España de suicidios en menores de 15 años, con un total de 22 muertes (14 chicos y 8 chicas), cuando nunca antes se habían superado las 14 defunciones. Asimismo, se produjo un registro histórico de suicidios en el conjunto de rangos de edad de todo el país con 4.003 suicidios.

Por primera vez, en 2022 los problemas de salud mental de los jóvenes superan a los de violencia. El Procurador menciona además casos como los detectados por la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) que solo el año pasado atendió 7.928 consultas por ideas o intentos de suicidio y fueron 4.554 casos en los que la Fundación intervino para salvar la vida a niños y adolescentes.

En vista de los datos y de «la especial vulnerabilidad y necesidad de protección, debe ser abordada con la mayor urgencia posible desde el ámbito de la prevención, y con la intervención desde los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales de forma coordinada», señala el organismo en la resolución.

En el extenso informe enviado a la Junta se añade el incluir la educación emocional en los proyectos educativos de los centros, así como la implicación directa de los servicios de orientación de cada centro educativo, la coordinación de los ámbitos sanitarios y educativos, la formación del profesorado en la materia, y la prevención y abordaje de los casos de acoso escolar bajo el principio de tolerancia cero, entre otros ejemplos.

Por su parte, la Consejería de Educación recuerda que la Estrategia de Prevención vigente incluye un total de cinco líneas que integran 71 medidas agrupadas en una decena de proyectos entre los que se encuentran la promoción de conductas positivas en el entorno educativo, el desarrollo de campañas de sensibilización, planes de convivencia en los centros educativos, la mejora en la coordinación entre el sistema educativo y el sistema sanitario para detectar cuanto antes conductas suicidas o fomentar una mayor formación a orientadores, asociaciones de padres y madres y profesorado, entre otras medidas.

Ahora, el Procurador pide mejorar y reforzar en el desarrollo de todos esos proyectos e insta a «verificar si se está planteando debidamente la estrategia y considera qué quedaría por hacer para revertir una situación inaceptable para la sociedad. Se debe analizar la problemática y mejorarla».

Para todo ello, propone además contar con las aportaciones de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) de Castilla y León, la Fundación Española para la prevención del suicidio, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Federación de Salud Mental de Castilla y León, la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría (ACyLP), y cualquier asociación que tenga por objeto prestar ayuda a las personas que presentan o han tenido conductas suicidas, especialmente cuando son menores de edad, así como a sus familias y personas más cercanas.