El 3,4% de los presos en Castilla y León tiene un trastorno mental grave sin psiquiatras y pocos médicos
Un informe revela serias carencias de recursos asistenciales y desigualdades en el acceso a la atención de los reclusos
El 57% de los ingresos en el módulo de enfermería de las cárceles de la región son por problemas psiquiátricos graves. Castilla y León es, ... tras Murcia y junto a Castilla-La Mancha, la comunidad con más necesidad de hospitalización de sus presos dentro de la propia cárcel por cuestiones de salud mental, y ello a pesar de que la población reclusa con necesidades altas de cuidados por estos problemas es ligeramente inferior a la media de toda España (3,7%). En la comunidad, el 3,4% de las 3.483 personas privadas de libertad sufre problemas psiquiátricos y, además, la mitad de ellos están diagnosticados de un trastorno realmente grave.
El problema de carencias y desigualdades asistenciales entre rejas es similar en toda España. Aunque Castilla y León, en general, se sitúa en términos medios nacionales, sufre importantes carencias de recursos para responder a las importantes necesidades en este sentido. Así se desprende del 'Libro Blanco sobre la Atención Sanitaria a las personas con trastornos mentales graves en los centros penitenciarios de España', que expertos de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) han hecho público y en el que se analizan los recursos para la atención sanitaria psiquiátrica en las cárceles. La población reclusa en España asciende a 55.180 personas, de las que 44.394 cumplen su condena en cárceles situadas en comunidades sin las competencias penitenciarias transferidas -es decir, todas menos Cataluña, País Vasco y Navarra.. El Libro Blanco pone en evidencia la falta de psiquiatras en las cárceles –solo en Madrid II hay 1,4 por cada mil reclusos– de toda España. Ninguna de las demás dispone de estos especialistas en plantilla. No obstante, según datos del cerrado 2022, 62 de los 66 centros penitenciarios ordinarios ofrecían atención psiquiátrica proporcionada por los servicios públicos autonómicos a su población interna.
La Organización Mundial de Salud (OMS) estima para la región europea una ratio de referencia de 1,3 médicos psiquiatras por cada mil internos. La atención especializada en salud mental en los centros penitenciarios se lleva a cabo mediante médicos psiquiatras que actúan como interconsultores con diversas formas de vinculación contractual.
La mitad de los presos valorados en una consulta especializada es diagnosticado de una enfermedad mental grave
En el año 2022, el 95% de las cárceles brindaban a su población judicializada asistencia especializada en Psiquiatría, que en el 61% de los casos estaba prestada por especialistas vinculados a los servicios públicos. En el 53% , las consultas se realizan en la misma cárcel y en el 32%, en los servicios sanitarios autonómicos correspondientes, es decir, en el exterior, mientras que el 15% se presta a través de telemedicina. Esta última práctica es ajena a Castilla y León –al menos a la hora de redactar el estudio, porque ya se empieza a disponer de ella para las guardias–, donde el 97% de las consultas se llevan a cabo en prisión por profesionales externos y el 3% restante en el exterior. De acuerdo con las recomendaciones del informe que el Comité Europeo de Prevención de la Tortura realizó en 2021, tras su visita a varios centros españoles, la dotación psiquiátrica para cada prisión debería ser el equivalente a una dedicación de tiempo completo de al menos un psiquiatra. Las tres horas semanales de las interconsultas están muy lejos de esto.
Los problemas bucales son los que más demanda asistencial generan, hasta acaparar el 40% de las consultas en prisión
Otro dato revelador es que el dinero destinado a fármacos neurolépticos se ha incrementado en más del 50% entre 2016 y 2021, a pesar de que tanto el gasto farmacéutico anual correspondiente a las compras centralizadas de la Administración Penitenciaria como la población penitenciaria tienden a disminuir.
Desde el punto de vista psiquiátrico, la patología dual y los trastornos psicóticos son los diagnósticos más habituales y es frecuente que coexistan el consumo de sustancias y patología psiquiátrica.
Camas de Enfermería
Destaca este estudio que los reclusos que cumplen los criterios diagnósticos de esquizofrenia u otros graves necesitan un abordaje psiquiátrico «especializado, intensivo y específico por la complejidad del cuadro, que es comúnmente agravado o distorsionado por el consumo abusivo de sustancias y por la desestructuración social y afectiva».
El abordaje psiquiátrico especializado «es necesario para reducir la probabilidad de reincidir en la comisión de delito una vez cumplen su condena y salen en libertad». En este sentido, señala el informe de esta sociedad científica, «debe considerarse que las personas con diagnóstico de esquizofrenia u otras psicosis son encarcelados con el doble de probabilidad que aquellas con otros diagnósticos, mientras que las personas con patología psiquiátrica que tienen ingresos previos en prisión en el año anterior tienen también diez veces más probabilidades de ser encarceladas de nuevo».
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En cuanto al número de camas de enfermería, las cárceles de la comunidad se mueven entre el mejor dato, el de Ávila, con 11 por cada cien reclusos, y el peor, el de Soria, con seis, seguida de la de Valladolid, con 6,4.En hospitales, en las unidades de acceso restringido, solo hay un 1,2% en la región, aunque supone el doble de la media nacional y la tercera comunidad mejor posicionada tras las autonomías de Cantabria y La Rioja.
Porcentualmente, los problemas de boca –odontología y estomatología– son los que más demanda asistencial provocan por parte de los presos, el 40% de las consultas. Le siguen los psiquiátricos, con el 15%, y ya bajan el 6% los de traumatología, óptica (4%) y las cirugías, que suponen un 3%.
El 70% no tiene diagnosticados sus enfermedades psiquiátricas
Los profesionales sanitarios que han participado en este Libro Blanco destacan que la población presa es «muy heterogénea, difícil de precisar, que ha ido cambiando en las últimas décadas, desde personas más jóvenes y de condición social más marginal para incluir a personas de diversa edad, posición en la sociedad y situación penal».
Los internos mayores de 50 años que permanecen en los centros penitenciarios requieren un abordaje sanitario y social específico debido a que presentan más patologías físicas y mentales que el resto de sus compañeros. La prevalencia de abuso de sustancias (especialmente alcohol), cuadros afectivos (depresión) y deterioro cognitivo es elevada. Son frecuentes los trastornos de personalidad, que están presentes en un tercio de las personas mayores, trastornos por ansiedad y postraumáticos. Ttambién psicóticos y con morbilidades físicas. Y el trabajo revela que los españoles son más proclives a sufrir problemas de salud mental en la cárcel que los extranjeros.
En cuanto al estado general de salud de los presos, en otros trabajos que recoge el presente, se ha estimado que alrededor del 50% presenta alguna patología crónica o factor de riesgo, y son las dislipidemias, como el colesterol, la hipertensión y la diabetes, las más comunes. La frecuencia de enfermedades cardiometabólicas, infecciosas, oncológicas y por adicción a drogas es alta entre los que padecen dolencias psiquiátricas.
El perfil de las personas con trastornos mentales graves que cumplen una pena privativa de libertad es el de un varón de entre 25 y 40 años, con un nivel cultural bajo, sin poder adquisitivo, formación profesional mínima y sin apoyo familiar. Además, generalmente, se trata de personas que en el 70% de los casos no han tenido un seguimiento en los servicios de salud mental antes de su entrada en prisión o no han seguido bien el tratamiento farmacológico. Muchos son reincidentes, más del 40%, o han sido arrestados previamente, más de la mitad, y carecen de un diagnóstico conocido.
Además, no tienen mucha facilidad para acceder al sistema sanitario o si lo tienen, no lo hacen. De ahí, que lleguen tantos a la cárcel sin diagnosticar.
Por ello, «el medio penitenciario constituye una oportunidad para el cuidado de su salud mental y la estabilización de los síntomas de su trastorno», reivindica el doctor Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Estos datos contrastan con lo que ocurre en las comunidades que tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria: Cataluña, País Vasco y Navarra. Tal y como recordó en la presentación del Libro Blanco, el doctor Alfredo Calcedo-Barba, expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, aunque «la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en los sistemas de salud de las comunidades debería haber ocurrido en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, dos décadas después solo estas tres comunidades han dado el paso en ese sentido».
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