Niños y sus cuidadoras en una guardería infantil de Segovia. Antonio De Torre
Castilla y León

Plataformas y foros reclaman que la enseñanza de 0 a 3 años sea pública

Temen que la Junta acceda a las presiones de los centros concertados que quieren parte de las 3.765 plazas que ofertará Castilla y León

Antonio Corbillón

Valladolid

Miércoles, 24 de noviembre 2021, 22:09

La Plataforma de la Escuela Pública y el Foro por la Educación reclaman que las 3.765 plazas de Educación Infantil (0 a 3 años) ... prometidas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se dediquen a la enseñanza pública para «reforzar el principio de igualdad de oportunidades». «Nos oponemos a que la Junta de Castilla y León aproveche la ocasión de implantar esta etapa de Educación Infantil para ampliar aún más la concertación con centros privados», explican en un manifiesto ambos colectivos, que aglutinan a partidos políticos (IU, PSOE y Podemos), varias centrales sindicales educativas (UGT, CCOO, CGT STECyL), así como organizaciones estudiantiles universitarias, padres de alumnos (Confapacal), el Foro por la Educación y el Concejo Educativo.

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Todo este conglomerado trata de responder al anuncio de Fernández Mañueco de extender la educación gratuita para los niños de dos años el próximo curso 2022-2023. Estas organizaciones se temen que «con la excusa» de que ya hay infraestructuras públicas dedicadas al primer ciclo de Educación Infantil, la Junta lo desvíe a concertar con centros privados.

Las plazas disponibles hoy día en las 30 escuelas infantiles titularidad de la Junta de Castilla y León para el ciclo hasta tres años, son 2.321 plazas en 156 unidades. Una oferta pública que completan las plazas que los ayuntamientos han puesto en marcha y que en muchos casos están externalizadas. En total, en la comunidad hay 414 escuelas infantiles municipales.

En su estudio, la Plataforma de Escuela Pública y el Foro por la Educación hacen un análisis de la evolución de la natalidad en la región. En 2020 nacieron 13.634 niños que deberían de poder acceder a una plaza gratuita en una escuela de educación infantil en el curso 2022-2023.

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Una cifra que se ha desplomado desde 2010 cuando se alcanzaron los 20.486 nacimientos. En una década, los natalicios se han desplomado más de un 30% en la Comunidad. Por eso insisten en que la carencia de plazas públicas para el alumnado es una dificultad a superar para «avanzar en la igualdad de oportunidades y fijar población».

Fuertes inversiones

Dicen haber solicitado en reiteradas ocasiones información sobre cómo se va a implantar la gratuidad en las enseñanzas al alumnado de dos años, ya que la región recibirá 38,38 millones de euros para crear esas 3.765 plazas. La Junta ha calculado siete millones para el servicio en la etapa de dos años y otros seis millones para acondicionar espacios.

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En su compromiso de financiación, el Ministerio de Educación argumenta «taxativamente que son inversiones exclusivamente para el ámbito público», necesarias para prestar unos servicios de calidad en las zonas donde residen familias con mayores necesidades, porque la implantación de las escuelas infantiles hasta los tres años tiene una «elevada» repercusión en la promoción e inclusión social.

En cambio, las organizaciones de las empresas educativas privadas están exigiendo su parte en esta propuesta de gratuidad para que la Junta cuente con ellas en la creación de aulas de dos años. «Las organizaciones que componemos esta Plataforma-Foro por la Educación Pública, nos oponemos a que la Junta de Castilla y León aproveche la ocasión de implantar esta etapa de Educación Infantil para ampliar aún más la concertación y seguir así privatizando la enseñanza con los fondos públicos«, insisten.

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Por ello, piden consultar y acordar el plan de implantación con la comunidad educativa; ofertar plazas gratuitas en todos los centros educativos públicos, proporcionando los medios y el personal suficiente para poder acoger al alumnado de dos años; considerar educativa la etapa completa de cero a seis años y que los centros donde se imparta, al igual que sus profesionales, deben depender exclusivamente de administraciones educativas.

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