Castilla y León

El plan de vivienda de la Junta: siete líneas diferentes y 600 millones de euros

«Medidas fiscales, como la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, ya las hemos implantado. Somos de las comunidades autónomas que impuestos más baratos y que más benefician en materia de vivienda», explica María Pardo, directora general de Vivienda del Gobierno autonómico. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aporta un dato: más de 24.000 menores de 35 años se habían beneficiado de rebajas fiscales hasta el año 2022, con unos 30 millones de euros de ahorro. «Cuando planteó Feijóo sus medidas, probablemente Castilla y León sería una de las comunidades autónomas en las que se fijó. A veces pasa desapercibido, pero es cierto que en ese sentido hemos hecho muchas cosas y llevamos tiempo reivindicando una fiscalidad diferenciada y que se atiendan las peculiaridades de esta tierra».

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo lanzó de nuevo su plan de vivienda, que se resume en una simplificación burocrática (implantar el silencio administrativo como positivo para las licencias de obras, por ejemplo), una mayor liberación de suelo que permita incrementar rápidamente la oferta y la seguridad jurídica a los propietarios. Coincide en una parte con la tesis de Pedro Sánchez de que hay que aumentar la oferta de vivienda, aunque en este caso el Gobierno pone el énfasis en la vivienda pública.

Un vistazo más detallado a las iniciativas y ayudas a la vivienda de la Junta de Castilla y León permite apreciar que hay siete líneas diferentes, enfocadas sobre todo a los jóvenes y al medio rural, aunque tengan efectos colaterales. «Algunas, como las ayudas al alquiler, son nuestra manera de contribuir a seguridad jurídica», señala Pardo a este respecto. «Todos los años hay un incremento de miles de solicitudes en las ayudas al alquiler. Todos los años. Hemos pasado de tener cinco o seis mil solicitudes a 27.000, lo que demuestra el éxito de la medida».

Las previsiones de la Junta, para el periodo 2022-26, apuntaban a más de 20.000 beneficiarios, lo que iba a suponer aproximadamente 116 millones de euros.

Algo similar ha ocurrido con la decisión de avalar un 17,5% del préstamo hipotecario, que normalmente se concede por el 80% del valor de tasación de la vivienda, lo que supone que quien quiera comprar un piso tenga que aportar un capital inicial importante, dados los precios actuales. «Desde hace un año se han concedido mil avales», indica la directora general de Vivienda. Serán 8 millones de euros para «más de 5.000 avales».

Al mismo tiempo, hay lista de espera para las viviendas construidas por la Junta de Castilla y León en el medio rural, que incluyen un 20% de descuento. «No hay medida que puedas decir que no está funcionando. Nada de lo que hemos hecho necesita ser revisado, si acaso al alza», concluye Pardo. En este caso se iban a destinar más de 70 millones de euros para 1.200 jóvenes.

En cuanto a la disponibilidad de viviendas, los fondos europeos han permitido que la Junta avivara iniciativas que se encontraban ralentizadas en los últimos años. Por ejemplo, se ha previsto la construcción de 1.000 viviendas de las llamadas 'cohousing' (viviendas individuales pero con espacios comunes) para jóvenes, que deberían estar terminadas en 2026. «Están todas en marcha, faltaba la licencia de una promoción en Zamora. Van a estar acabadas en el segundo semestre de 2026, entre julio y diciembre. Hemos hecho una promoción en cada provincia y en algunos municipios de más de 20.000. Viene de un programa europeo, hemos recibido un 30% de ayuda y el otro 70% es con fondos propios de la Junta», explica Pardo.

En la misma línea de actuación, de incrementar la oferta, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha otra iniciativa «única en España»: hacer promociones en venta o alquiler a demanda de los empresarios. «Hay zonas con alta demanda de vivienda porque hay un gran desarrollo industrial, como Aguilar de Campoo, Guijuelo o Ribera del Duero. Y no hay vivienda disponible. A través de asociaciones de empresarios hemos llegado a un acuerdo para firmar un protocolo en el que piden doscientas viviendas y nosotros las construimos con el compromiso de que las van a ocupar con sus empleados o bien en alquiler o en compra. Gente que entra en el marco de la ley de vivienda, con recursos limitados. Dentro de poco presentaremos el plan de Aguilar de Campoo y la zona de Guijuelo», anuncia Pardo. «Más de doscientas viviendas para empezar. A cuatro o cinco años probablemente superaremos las quinientas», confía, aunque para ello es preciso encontrar suelos rápidos. Ahí entra la complicidad de los ayuntamientos, que pueden encontrar suelos «de licencia directa» para reducir los tiempos de tramitación.

Otra de las líneas, la de rehabilitación energética, está pendiente de renovar las convocatorias por parte del Estado, «porque están cerradas». Según los datos de la Junta, se han destinado 161 millones de euros a subvencionar la rehabilitación energética de barrios y la mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas.

Una de las cuestiones que ninguno de los programas ha abordado es la simplificación de los trámites para acceder a las ayudas, que se dispersan por los diferentes estamentos, municipales, autonómicos y nacionales, y que además utilizan un lenguaje burocrático complejo. Así, la referencia siempre es el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que se actualiza anualmente, pero no existe una 'calculadora virtual' a mano para saber cuánto representa en cada momento. O se pide una documentación amplísima y exhaustiva. O se demora el pago o la resolución porque las solicitudes se incrementan exponencialmente y el personal de la Administración se ve desbordado.