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Alberto Núñez Feijóo enumeró una serie de medidas en materia de vivienda que sus barones autonómicos se han comprometido a implementar en sus comunidades ... autónomas. Algunas de ellas, sin embargo, ya se aplican desde hace tiempo en Castilla y León, sin que se haya evaluado hasta ahora su efectividad. Esta conclusión es del procurador del común, Tomás Quintana, en una actuación de oficio sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda. Se refería, por ejemplo, al «aval de la compra de la vivienda para que el banco pueda conceder al joven una hipoteca de hasta el 97,5% de su valor». Y decía: «Esta Procuraduría desconoce, ante la falta de información ofrecida por la Junta al respecto, la efectividad en su aplicación y su repercusión entre los jóvenes a efectos de solución del problema».
Esa es una de las promesas del decálogo de Feijóo y sus barones. Avales públicos para las hipotecas hasta los 40 años. Ya existe una línea del Instituto de Crédito Oficial, de 2.500 millones, para avalar la compra de vivienda por parte de personas hasta 35 años de edad. «Facilitará que el importe del préstamo hipotecario pueda llegar a igualar el valor de tasación o el precio de adquisición de la vivienda, el de menor importe», explica el propio ICO. Y en Castilla y León existe el programa 'Mi primera vivienda'. Permite cubrir, según las circunstancias, un 17,5% del valor de tasación de la vivienda, y a ese programa se destinaron 40 millones de euros en el año 2023.
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Otro de los puntos estrella del PP de Feijóo, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4%, ya es una realidad desde hace tiempo en Castilla y León para muchos colectivos: familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes que compran su primera vivienda o para la adquisición de viviendas protegidas. Incluso se queda en el 0,01% si los jóvenes compran su primera vivienda en municipios pequeños del medio rural. Según la estadística de tributos de la Junta, en 2023 (último dato disponible) se beneficiaron de ese tipo reducido 4.863 personas, por 22,1 millones de euros.
En Castilla y León también se rebaja la cuota de actos jurídicos documentados al 0,5% para los mismos colectivos, añadido el de jóvenes que compran casa en núcleos no rurales. Otros 383 beneficiarios, con 665.000 euros de rebaja.
Feijóo también puso sobre la mesa medidas en relación con la ocupación de inmuebles. Entre ellas, además de una ley para expulsar a los okupas en 24 horas, crear «un servicio de atención, un teléfono de denuncias, la creación de un registro de casas okupadas», según la nota de prensa difundida por el PP. En este caso, en Castilla y León se crearon unas oficinas antiokupación en verano de 2023, aún con el Gobierno de PP-Vox al frente, que han obtenido resultados discretos, con menos de doscientas consultas en el primer año de funcionamiento. Consultas no quiere decir, además, casos de viviendas okupadas. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se conocieron 269 casos de «allanamiento o usurpación de inmuebles» en Castilla y León.
El PP ya llevó a las Cortes una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que realizara «las reformas legislativas necesarias para reconocer, reforzar, tipificar, prohibir y mantener distintas medidas en relación con la ocupación de viviendas». David Beltrán, procurador del PP por Ávila, defendió la PNL, que incluía medidas similares a las propuestas por Feijóo. «Desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 24 horas; reforzar la pena del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel; tipificar en el Código Penal la pertenencia a mafias que se lucran alquilando viviendas ocupadas; tipificar en el Código Penal la conexión ilegal a las redes de suministro». Y achacó a la ley de vivienda el aumento de las cifras de okupación, aunque en Castilla y León se han reducido en los últimos tres años, tras incrementarse desde 2010 (68 casos) hasta 2021 (321).
Francisco Igea replicó con sarcasmo a la iniciativa: «¿Sabe usted cuántas viviendas ocupadas hay en Castilla y León? ¿Y quién es mayor propietario de viviendas ocupadas? Ustedes. De las 170 viviendas ocupadas en Castilla y León, 47 son suyas». El socialista Rubén Illera replicó que «el problema de la ocupación ni tiene la dimensión que tratan de hacer ustedes creer, señorías del Partido Popular, ni preocupa a la ciudadanía tanto como dicen», y ponía como ejemplo «los pésimos resultados de las oficinas antiokupas que la propia Junta de Castilla y León ya ha publicado».
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Antonio G. Encinas
Antonio G. Encinas
Alfonso Fernández Mañueco lanzaba un mensaje en sus redes sociales este lunes, después de la cumbre de barones del PP sobre la vivienda. «En Castilla y León estamos volcados ya en esas políticas. Ofrecemos 16 rebajas fiscales. Tenemos en construcción 1.600 nuevos hogares para las personas de Castilla y León y entregamos ayudas al alquiler a todas las personas que cumplan los requisitos. Además de avalar a los jóvenes para comprar su nueva vivienda», presumía el presidente de la Junta de Castilla y León.
La campaña política del PP ha escocido a su ex socio en Castilla y León. Vox recordaba que no hace más que unos meses presentó una proposición no de ley en las Cortes en la que pedía más rebajas de impuestos para la compra de viviendas. Una proposición que recibió el voto en contra del PP. Javier Carrera (Vox) defendió la propuesta, en la que se pedía a la Junta que bonificara el «100% de la cuota tributaria de los impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales para los supuestos contemplados en la línea de avales anunciada por el Gobierno de España, a reducir el tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados al 0,5 % y a establecer una bonificación de la cuota del 100 % para compra de vivienda habitual». Del mismo modo, pedía que la Junta «instara» al Gobierno a recuperar «la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual con préstamo hipotecario».
La respuesta del PP la ofreció Rosa Esteban. Adujo que la proposición tenía un error técnico, porque «las bonificaciones del 100 %, las exenciones, deben ser reguladas obligatoriamente por ley». Y recordaba que estaban en ese momento en juego los presupuestos autonómicos, que finalmente se han prorrogado sin llegar a debatirse el proyecto en las Cortes. Presupuestos que contenían «una nueva rebaja fiscal, un 3 % de tipo superreducido en transmisiones onerosas para la adquisición de viviendas en jóvenes en el medio urbano y un 0,01 % en el mundo rural». Este lunes, Vox Castilla y León acusaba a Mañueco de «votar contra la propuesta de Vox para bonificar y rebajar la carga impositiva a la compra de vivienda y así beneficiar a los jóvenes» y llamarlo « fiscalidad moderada del PP.»
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