Castilla y León

La Junta refuerza con dos millones más el pago a CEOE, UGT y CC OO por participación institucional

Así consta en una orden firmada en febrero por la consejera Leticia García, que sustituyó a Mariano Veganzones cuando Vox decidió romper el pacto de gobierno con el PP. Un año va a hacer de aquel paso. Meses después se produjo el hecho que desde el equipo de la actual consejera apuntan como marco para contextualizar el actual refuerzo de la asignación para los agentes sociales y son dos sentencias ganadas por CC OO y UGT en las que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbaban los recortes que aplicó el consejero que estaba a las órdenes de Juan García-Gallardo, entonces vicepresidente de la Junta, a los sindicatos mayoritarios. Fueron medidas avaladas en ese momento por sus socios populares de coalición.

Las sentencias recogen que los dirigentes de Vox se saltaron la ley que articula el Diálogo Social en Castilla y León con el tijeretazo a esos fondos sin que constara «razón o justificación que abogue por reducir o limitar el montante económico», reflejaban los magistrados en un fallo que obligaba a la Junta a «reconocer el importe reclamado, más la actualización anual correspondiente conforme al IPC».

Ese es el trasfondo, esgrimen desde la consejería que dirige Leticia García, para promover unas modificaciones de crédito que tienen como finalidad devolver presupuestariamente la partida de «participación institucional» a la senda previa al desembarco de Vox en la Junta. Como el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco no presentó cuentas para este año y tuvo que prorrogar las de 2024, estas reflejaban ese recorte aplicado por García-Gallardo y Veganzones, que los tribunales tacharon de contrario a la ley. Las partidas que se aminoran para 'arañar' esos casi dos millones de euros a mayores son cuatro: una de subvención a empresas en crisis, dos para subvencionar la adquisición de equipos de trabajo y mejorar las instalaciones de centros laborales y una cuarta para apoyar la contratación de servicios de prevención.

La elección resulta, a priori, llamativa, porque son programas orientados a paliar la situación de empresas en apuros, reforzar la actividad económica o prevenir accidente laborales. Fuentes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo aseguran que no hay menoscabo en el apoyo de esos objetivos. Argumentan que la partida para empresas en crisis es de un programa que se aplicó exclusivamente durante la pandemia, que perdió la efectividad tras superar la etapa de la covid-19 y que el presupuesto autonómico ha ido arrastrando desde entonces. «Dejó de convocarse una vez superada la situación, aunque no se había eliminado de presupuesto de 2024», subrayan.

A eso añaden que la última partida, la de contratación de servicios de prevención, corresponde a una iniciativa de la etapa de Veganzones que figuró en las cuentas, pero nunca se estrenó. «Se trata de una línea creada por el anterior equipo de la consejería, pero que no ha llegado a convocarse nunca», precisan desde el equipo de la consejera Leticia García, al tiempo que subrayan que las líneas de subvención a la compra de equipos de trabajo y la mejora de los centros se han convocado en este año por el mismo importe que en ejercicios anteriores, 2 millones de euros cada una.

La dotación para «participación institucional» no es la única partida que recibe flujo económico de refuerzo a través de esta orden de la consejería. El documento recoge un suplemento de 500.000 euros para garantizar la actividad de mediación laboral del Serla, organismo que llegó a una asfixia económica tal en la etapa de Veganzones que incurrió en impago de alquiler y suministros y llegó a no poder enviar las cartas de citación a trabajadores y empresas. Esta entidad, en la que forman parte activa sindicatos y patronal y que intenta evitar la judicialización de conflictos individuales en Valladolid, como el desacuerdo en un despido, y media en los conflictos colectivos por negociación de convenios o huelgas de toda la comunidad, se convirtió en un objetivo a abatir para el anterior consejero que redujo su presupuesto a 400.000 euros.

La cantidad que oficialmente aminora la Orden de las partidas iniciales para trasvasar a las que se refuerzan asciende a 2.725.930 euros. A la dotación en pago directo por participación institucional que reciben CEOE, UGT y CC OO, se suma la del Serla y otras líneas de subvención más modestas dirigidas a la «promoción» de organizaciones empresariales y sindicales que partían en el presupuesto prorrogado de una cuantía de 125.000 euros y recrecen hasta situarse en los 250.000.

Las sentencias que CC OO y UGT ganaron a Vox supusieron para los promotores de las acciones judiciales un freno de los jueves a «las tropelías y abusos de poder de la extrema derecha», en palabras de Óscar Lobo, actual secretario autonómico de UGT. «No estábamos ante una cuestión de izquierdas o derechas, era una cuestión de democracia», valoró entonces Vicente Andrés, que recientemente ha dado paso Ana Fernández de los Muros al frente de CC OO en Castilla y León.

Desde Vox, ya fuera del Gobierno autonómico, intentaron que la Junta recurriera la sentencia. Sus exsocios del PP fueron tajantes al asegurar que ese recorte a la subvención de los agentes del Diálogo Social fue el resultado de una política «nefasta». El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco asumió el fallo del TSJ. Fue la vicepresidenta Isabel Blanco la que señaló, tras un Consejo de Gobierno, que las discrepancias entre la Consejería de Industria con Veganzones al frente y los sindicatos era una etapa «superada».

La aminoriación de partidas para el refuerzo de los fondos de participación institucional a los agentes sociales, subvenciones para la promoción de organizaciones empresariales y sindicales y el Serla se realiza a iniciativa de la consejera de Industria, con revisión del consejero de Economía y Hacienda y previa autorización del conjunto del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco.