Leyes estatales y el Estatuto de Autonomía minimizan el margen de la futura ley de Violencia Intrafamiliar
Mañueco habla de coexistencia con la veterana Ley de Violencia de Género de Castilla y León, pero lo que planteó Vox en el Congreso es el cambio de una norma por otra
La normativa básica estatal de lucha contra la violencia de género y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León achican a parcelas mínimas el espacio que puede regular la futura Ley de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar que Vox ha impuesto a Alfonso Fernández Mañueco en el pacto que le permitirá continuar como presidente de la Junta. Quedaría circunscrita a «ajustes» en el ámbito de los servicios sociales de atención a víctimas (niños, abuelos…), que ya la reciben porque existen protocolos que se aplican de manera «normalizada», indican fuentes de la Administración autonómica.
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La intra-historia de la violencia intra-familiar
La propuesta de Vox está acotada, en primer lugar, por la Ley contra la Violencia de Género estatal, que es una norma reforzada, orgánica. Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, argumenta que nadie duda en el ámbito jurídico al hablar de mecanismos de protección sobre de la violencia de género que lo hace sobre derechos fundamentales, por lo que «caben mejoras técnicas, pero no retrocesos».
A la legislación estatal, que es normativa básica que no puede contravenir una autonomía, se superpone el Estatuto de Autonomía, que acota el terreno en el que es competente la comunidad. También es una ley orgánica. El de Castilla y León está salpicado de alusiones a la «igualdad de mujeres y hombres», obligando a «los poderes públicos» a garantizar «la transversalidad del principio de igualdad de género en todas sus políticas… promoviendo acciones positivas en los ámbitos educativo, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural…», recoge el artículo 14, con mención especial a «las víctimas de la violencia de género». El Estatuto incorpora en el punto 13 de su artículo 16 el deber de trabajar en una «protección integral» de la familia. Pero no solo de la familia tradicional, que encaja en el modelo de Vox, sino en sentido amplio, porque cita expresamente a «las distintas modalidades de familia».
Ese es el marco general que deberá cumplir en Castilla y León cualquier futura regulación contra la «violencia intrafamiliar». Una denominación de uso en países de Iberoamérica, con perfiles sociales y familiares diferentes al español. Alfonso Fernández Mañueco asegura que la ley que ha aceptado a Vox, en el pacto que garantiza al PP seguir gobernando la comunidad, cohabitará con la Ley contra la Violencia de Género que Castilla y León aprobó en 2010 y reformó en 2017 para reforzar el apoyo en ayudas y becas a los huérfanos de mujeres asesinadas.
Pero ese no es el planteamiento que Vox llevó en su proposición de Ley Orgánica de Violencia Intrafamiliar al Congreso de los Diputados y que fue rechazada. El texto de la formación ultraconservadora derogaba la Ley contra la Violencia de Género estatal. Cambiaba la «perspectiva de género» por la «perspectiva familiar» para afrontar «distintas formas de violencia surgida» en el hogar o su entorno: la violencia «contra la mujer, contra el hombre, contra los menores o la de estos contra sus ascendientes o hermanos». Esa propuesta se abona a la tesis de que «la violencia a erradicar no es solo la del varón sobre la mujer, sino toda», suprime los juzgados de violencia sobre la mujer y recoge en varios artículos el «reembolso» de cualquier apoyo recibido si se archiva o desestima la denuncia. La igualdad entre mujeres y hombres se invierte y es entre «hombres y mujeres».
Sara Serrate, profesora titular de Teoría en Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca, alerta de que el cambio de nomenclatura no es inocuo. «Puede llevar a errores, se intenta confundir y hace que la ciudadanía dude», remarca esta docente, que imparte 'Educación para la Igualdad desde la Familia y la Escuela' en el Máster de Estudios de Género de la Usal.
Serrate incide en que «la violencia de género no se puede volver a situar solo en el ámbito familiar», que se puede luchar contra todo tipo de violencia, pero que «no se puede camuflar la violencia de género como un tipo más entre las múltiples que existen en la intrafamiliar» que, además, ya están penadas. «¿Que se aprueba (la nueva ley) y coexisten? Estupendo, pero la Ley Contra la Violencia de Género de Castilla y León necesita una reforma y es necesario mantener un sistema de protección propio con dotación de recursos y personal», argumenta.
La reforma del PP, en el aire
El pacto de PP y Vox cae como una plancha de hormigón sobre el anteproyecto de reforma de la Ley contra la Violencia de Género de Castilla y León que tenía prácticamente cerrado el equipo de la consejera Isabel Blanco, del PP, que está al frente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
«El elemento esencial que caracteriza la violencia de género no es otro que el ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y es la más clara expresión de la desigualdad basada en estereotipos sociales asociados al género», recoge ese anteproyecto en su exposición de motivos. El texto que hasta la semana pasada ha defendido Blanco define violencia de género como «cualquier acto de violencia hacia las mujeres que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Este concepto incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como privada, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario».
El anteproyecto «trata de superar una perspectiva exclusivamente asistencialista y avanzar hacia otra en la que convivan lo asistencial y la recuperación de la autonomía personal y la restitución de derechos», refuerza el acceso telemático a servicios y prestaciones fruto de la experiencia del confinamiento durante la pandemia y defiende el refuerzo de las medidas preventivas, de la formación y de la educación. Incluye, incluso, la creación de un premio que permita «el reconocimiento de aquellas entidades que, con su trabajo e implicación, aporten a la sociedad planteamientos y fórmulas novedosas en la lucha por erradicación de la violencia de género».
La consejera Isabel Blanco, días antes de firmar el pacto con Vox, defendió con rotundidad este texto y aseguró que seguiría su tramitación.
