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El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto con la portavoz, Milagros Marcos, tras el Consejo de Gobierno que aprobó el proyecto de ley, el pasado enero. Nacho Gallego-EFE

La Junta vuelve al cole con la tarea de aprobar la ordenación territorial

En dos semanas se cumple la tercera prórroga para presentar alegaciones, una suspensión pactada el PP con el resto de los grupos para intentar un acuerdo previo al debate

M. J. Pascual

Valladolid

Lunes, 21 de agosto 2017, 08:16

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La Junta vuelve al cole con la tarea pendiente de aprobar la ley de ordenación del territorio. Uno de los asuntos estrella de la legislatura que está encallado desde hace meses y sobre el que va a estar especialmente pendiente Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del Partido Popular de Castilla y León y alcalde de Salamanca ha decidido involucrarse personalmente y tomar el timón de las, hasta ahora, ‘no negociaciones’ con el PSOE para intentar llevar a puerto la Ley, que está teniendo en esta legislatura una tramitación muy accidentada y e encuentra en su última fase. Principalmente, se sostiene desde el PP, por el «bloqueo» del Grupo Socialista, que se escuda en el rechazo de su Consejo de Alcaldes para pedir a la Junta que retire el anteproyecto, especialmente en lo que se refiere a los mapas rurales que incidirán directamente en la vida de los 900.000 castellanos y leoneses que residen en pueblos.

El escollo

Esta Ley de Ordenación, que se quiere aprobar 34 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, es el armazón del que cuelgan absolutamente todas las políticas del Gobierno autonómico que se van a aplicar en los 2.248 municipios de Castilla y León en materias esenciales que se quieren blindar: sanidad, educación, servicios sociales, principalmente, pero también organiza dotaciones, infraestructuras... Para ello, la Junta precisa de contar con la aprobación mayoritaria de las Cortes de los mapas rurales diseñados, que se basan en las asociaciones voluntarias de municipios. Pero los mapas rurales, clave del modelo, después de cinco años de preparación y negociación, no convencen a la oposición y volverán a ponerse sobre la mesa en busca de un acuerdo.

La Junta aprobó el proyecto de Ley en enero pasado, tras un largo periplo de trámites administrativos y visitas a todas las provincias para explicarlo, también, a sus propios. Las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (Ubost) son sobre las que se asienta el modelo, con el que se pretende reorganizar, optimizar y hacer más eficientes los servicios. Fueron presentadas por el consejero de la Presidencia y actual vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, y su equipo, en septiembre de 2015 y están expuestas desde octubre de ese mes en la página web de la Junta. En dos años y medio, se han producido escasos avances en la negociación con los grupos de la oposición, que han solicitado tres prórrogas –con la connivencia del Grupo Popular en las

Los populares necesitan, al menos, los votos de dos tercios de los procuradores de las Cortes (56 de 84) para sacar adelante la nueva norma

Cortes–, para presentar las alegaciones al anteproyecto, que ha concluido toda la tramitación previa al debate parlamentario. El proyecto de ley que delimita las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST) del ámbito rural necesita para su aprobación la mayoría la mayoría reforzada de, al menos, dos tercios de los procuradores (56 de 84). Si quiere sacarla adelante, la cuenta, al PP, no le sale sin el PSOE.

Mañueco anunció en julio que convocará (en principio, antes de noviembre) una reunión intermunicipal de alcaldes del PP para abordar la situación de la Ley de Ordenación del Territorio que, como reconocen algunas fuentes populares, todavía no convence a todos los munícipes del partido. Luego se tratará de conseguir del secretario autonómico del PSOE y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, que se avenga a razones de Estado de la comunidad para reeditar el pacto rubricado con sus antecesores (Óscar López y Julio Villarrubia) para conseguir la mayoría necesaria en el Parlamento regional que permita sacar adelante la nueva norma. A ser posible, antes de que empiecen a sonar los tambores electorales.

Desde marzo pasado se suceden en la Mesa de las Cortes las peticiones de prórrogas pactadas del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León y se modifican la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y León. Los partidos de la oposición tienen hasta septiembre, cuando cumple la tercera prórroga pactada, para presentar sus enmiendas y alegaciones al documento que la Junta no tiene intención de devolver a los corrales.

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