La Junta solo incrementará en 38 plazas las actuales 114 camas sociosanitarias para convalecencia
El pacto para la recuperación únicamente prevé aumentar en un tercio la capacidad de ingreso sociosanitario, menos del incumplido convenio de 2018
«Incrementar un tercio las plazas de convalecencia sociosanitaria para garantizar la atención de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios ... que lo requieran». Es literalmente el punto 46 del llamado 'Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León' que firmaron todos los partidos políticos de Castilla y León el pasado mes de junio.
Y tal incremento, aunque el documento no especifica el punto de partida, está estimado sobre la dotación actual, las 114 camas sosiosanitarias con las que cuenta la comunidad, tal y como aclara la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Supone, por lo tanto, que se aumentarán en solo 38 plazas los recursos actuales, es decir, en 30 camas menos que lo que, en 2018, se había ya pactado en el Acuerdo del Diálogo Social sobre dependencia y que nunca se cumplió. Tal convenio recogía la creación de nuevas unidades de convalecencia sociosanitaria «para atender a las necesidades crecientes en este ámbito prestacional». Añadía que «estas plazas se gestionarán con las residencias públicas de la Gerencia de Servicios Sociales de manera prioritaria y, si no fuera posible, por el grado de ocupación, se llevarán a otras administraciones y a la acción concertada, garantizando siempre que las instalaciones; así como los medios técnicos y humanos reúnen las características necesarias para poder prestar una atención adecuada a las necesidades sociales y sanitarias del paciente». Literal también y recogido de nuevo, a finales de 2019, en un acuerdo con Sacyl. Además establecía el compromiso de aumentar el 60% las plazas, a un ritmo del 20% cada año desde 2018 a 2020, es decir, que tendrían que haberse incrementado ya en 68 plazas. Pero no hay ni una más de aquellas 114. Solo hace unos días, se anunciaban las obras para crear una unidad de 11 camas en la Residencia Asistida de Salamanca para tal fin.
La escasez de recursos obliga al afectado a buscarse una residencia y costearsela tras el alta hospitalaria
Hasta hace unos años, lo más habitual era que el ingreso hospitalario de estas personas se prolongara hasta su completa recuperación para poder volver a su casa. Esto provocaba que los hospitales cuidaban, más que atender clínicamente, la recuperación de pacientes que necesitaban una respuesta asistencial más por causas sociales y por falta de adecuación de sus domicilios que por una justificación médica. Esto supone un gasto para el sistema sanitario no solo altísimo sino absurdo porque no se corresponde con las necesidades del afectado. Según estimaciones sanitarias, una cama de hospital cuesta 420 euros cada día; además de crear problemas de ocupación. Este mismo ingreso, pero sociosanitario, baja a poco más de cien euros y para Sacyl supone, según convenio, solo 35 euros por día. Por ello, la Junta –fue un acuerdo entre las consejería s de Familia y de Sanidad– puso en marcha la creación de unidades sociosanitarias como una forma además de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y, además, ofrecería al paciente convaleciente un entorno en realidad mucho más adecuado.
Una cama de hospital suponen 420 euros cada día y una sociosantaria no llaga a cien y para Sacyl solo 25
Sin embargo, la falta de desarrollo y de cumplimiento de acuerdos ha provocado dos problemas para el usuario. Por un lado, lo que antes era gratuito para el bolsillo del ciudadano, no para los presupuestos públicos claro, se convertía así en un copago en función de la renta dado que el funcionamiento es el de cualquier plaza residencial. Junto a este problema está el de una alta demanda con una bajísima oferta. Con solo 114 camas para nueve provincias siempre están ocupadas; pero al paciente ya no se le permite seguir en el hospital si no hay causas médicas que lo justifiquen. Personas solas, sin hogares adaptados a su dolencia por ejemplo tras una cirugía que afecte a su movilidad o necesidad de reposo, sin medios en definitiva... se ven abocadas o a volver a un domicilio sin cuidador ni un entorno seguro o a pagarse una residencia. En este último caso puede recurrir a ayudas; pero obviamente tardan más de medio año, como las de Dependencia, en gestionarse y conseguirse, por lo que depende solo de su capacidad económica y de cuanto puedan los ahorros costear una plaza residencial asistida y con rehabilitación. Es decir, que salen del hospital sin un centro de continuidad asistencial que necesita al día siguiente. Tal y como lo denuncia la Plataforma Social de Valladolid.
Así, cuando recibe el alta tras una cirugía de Traumatología, que es lo más habitual y más incapacitante temporalmente, pero también con otras patologías, al paciente se le indica que requiere cuidados especializados o al menos compañía; pero muchas personas carecen de ambas posibilidades.
«No puede ni vestirse sola y tiene 87 años y le han hecho pagarse ella la atención»
Tiene 87 años y es viuda y carece de familiares de primer y de segundo grado. Está sola y hasta hace no mucho se desenvolvía con plena autonomía hasta que sufrió una caída en su casa. A partir de ahí, esta anciana además de «no haber contado con un diagnóstico claro porque solo ha sido tratada por una infección de orina y no por una diarrea que arrastra desde hace un mes ni por lo que un especialista de la residencia en la que estuvo apuntó posteriormente que parecía haber sufrido un ictus». Así lo describe la persona más cercana a ella, la esposa de un sobrino de su marido fallecido. Es quien también se ha ocupado de presentar su caso ante el Procurador del Común dado que la propia afectada actualmente es ya una mujer dependiente.
Ingresó el pasado mes de mayo por urgencias en el hospital, como consecuencia de una caída que sufrió en su domicilio cuatro días antes, lo que hizo necesaria la intervención de la Cruz Roja y la Policía Municipal. «Cuando acudí a su casa a recoger sus ropas para que pudiera vestirse cuando le dieron el alta hospitalaria, la vivienda presentaba suciedad con restos de orina, fundamentalmente en la habitación donde dormía», recoge la queja.
Según el relato presentado en esta oficina, a la afectada solamente se le indicó que no podría volver a casa sin apoyos y que debería entrar en una residencia para su convalecencia. Así que se fue tirando de ahorros a una residencia privada porque se le dijo que no había plaza para otras opciones. Las reclamaciones para que se costee tal gasto de recuperación han caído en saco roto hasta ahora. Se recoge en la comntestación a la reclamación de la anciana que «con toda la información facilitada y capacidad cognitiva preservada, manifiesta su decisión de ingreso en centro residencial». Pero, indica el escrito al Procurador, «es necesario tener en cuenta el contexto en que se produce la afirmación de que decide acudir a un centro residencial. Es una persona que vive sola, sin familiares próximos y con dificultades de movilidad y lenguaje, a la que le dicen que le dan el alta y que tiene que buscarse ella una solución. Es lógico que ante la situación de desamparo en que se encuentra acepte ir a una residencia, siendo necesario indicar que en ese momento no sabía cuáles eran las condiciones económicas a las que tenía que hacer frente». La información que se manifiesta que se le facilitó debería haberse transmitido por escrito. No fue así».
La realidad es que, aunque no hay un registro de demanda ni por lo tanto lista de espera como tal porque no se acredita, no hay camas cuando se necesitan, siempre están ocupadas y los trabajadores sociales de los hospitales fuerzan una salida costeada por el propio paciente y aceptada por él, generalmente de mucha edad y no siempre con una cabeza perfectamente lúcida, pensando que no hay alternativa. Sin plazas ni registro, cuando no hay libres no se tramita y tampoco se constata por lo que se desconocen las dimensiones reales del problema. Tal y como lo denuncia la Plataforma Social de Valladolid.
La Consejería de Familia ha reconocido siempre que son escasas y que nunca hay libres. Incluso que se trabaja con diputaciones y ayuntamientos para convertir algunas de sus camas en sociosanitarias para convalecencia; pero como ya tienen una altísima ocupación no hay recursos para transformarlos en esta dotación.
Familia y Sanidad anunciaron a finales de 2013 que, al año siguiente, Castilla y León dispondría de sus primeras 127 camas para recuperarse tras el alta hospitalaria bajo dichas peculiaridades sociales y una comparecencia en las Cortes de abril de 2014 comprometía 140 para el año 2015. El citado convenio de colaboración entre ambas firmado en 2019, cinco años más tarde del primer anuncio, recogía solo las 114 ya a la baja, en toda la comunidad que hay en la actualidad.
Además no todos los centros privados cuentan con unidades específicas para este fin cuyo coste ronda o supera los dos mil euros generalmente.
La región ofrece 32 estancias temporales para el respiro de los cuidadoreas familiares
Junto a la oferta de las camas sociosanitarias, la Junta dispone de otro tipo de recurso que también aúna fines sanitarios y sociales pero con diferentes finalidades como la de otorgar un respiro familiar a los cuidadores. Para ello están las estancias temporales con tan solo 32 plazas en la región.
Sacyl tiene sus principales conciertos en este sentido en Valladolid con el Hospital Benito Menni, tres en concreto, para Convalecencias Psiquiátricas, con 13 plazas; para Cuidados Paliativos; con otras 14 y un tercero para Rehabilitación y Subagudos que es la más parecida al concepto de camas sociosanitarias y para la que, además, se ha bajado mucho la cantidad de las 40 de hace años a solo 27 los últimos. Este último concierto, aunque sobre el papel recoge enfermos de Traumatología también, son los neurológicos, los afectados por un ictus lo que acuden a esta unidad ha rehabilitarse derivados por Sacyl. Donde también la demanda sería mucho más alta que el concierto. Las estancias temporales deberán, por lo tanto, estar motivadas por la necesidad de atención a las necesidades psicosociales o sociosanitarias. Las plazas deberán solicitarse al menos con un mes de antelación a la fecha prevista de ingreso, en el supuesto de solicitud por vacaciones familiares. El objetivo principal de este programa es facilitar a las familias periodos de descanso y posibilitar que los cuidadores principales puedan desarrollar otras actividades que les permitan mantener el contacto con su entorno y prevenir la aparición de los problemas de salud, personales, sociales y familiares.
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