La Junta renuncia al toque de queda ante la dificultad de encontrar un encaje legal
El Consejo de Gobierno estudiará el jueves medidas para municipios de más de 20.000 habitantes o con elevada incidencia y con el foco en los lugares cerrados
Apenas acababa de pronunciar Alfonso Fernández Mañueco la frase «el informe de los servicios jurídicos desaconseja solicitar el toque de queda» y cayó sobre ... la actualidad el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechazaba la misma medida en las islas que presentan niveles de riesgo alto y muy alto. Una solicitud que se parecía mucho a la que tenía en mente el Ejecutivo autonómico, o al menos su consejera de Sanidad, Verónica Casado, partidaria de la medida, con restricciones de movilidad entre las 00:30 y las 6 de la madrugada. El escrito del tribunal canario hace hincapié en una tesis crucial, la de la menor repercusión de los contagios sobre la situación en los hospitales y en los fallecimientos. Algo que no justifica, a su juicio, restringir un derecho fundamental como es el de la libre circulación. Un argumento, el hospitalario, que compra la Junta de Castilla y León cuando sopesa acometer nuevas restricciones a partir de este jueves. Francisco Igea, en un evento en Palencia, explicó que las tasas de hospitalización y de UCI en Castilla y León están en la media del país. Es la novena comunidad autónoma en porcentaje de camas ocupadas por covid, con un 3,35%. Y la tercera en UCI, con un 8,51% según los datos del Ministerio de Sanidad, muy lejos del 20% de Cataluña, que es la primera, y de Madrid, con un 10,12%.
El informe de los servicios jurídicos se explicará a los consejeros en el Consejo de Gobierno de este jueves y Mañueco ya advirtió de que es partidario de respetar los informes, por lo que el toque de queda parece descartado. Fuentes del Gobierno autonómico recuerdan que ya se han producido sentencias en contra en otras ocasiones. La primera, cuando se impuso sin que estuviera vigente el estado de alarma y se tuvo la 'fortuna' de que el Gobierno lo decretó acto seguido, con lo que la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no tuvo más efecto que el de una jornada con un toque de queda ilegal. Peor fue la que anuló el toque de queda fijado a las 20 horas, según una interpretación de la norma del estado de alarma que no convenció al Tribunal Supremo.
Las contradicciones son continuas. Cantabria ha solicitado el toque de queda de 1 a 6 de la mañana en municipios con alta incidencia. La Comunidad Valenciana ha decretado la restricción de circulación nocturna en 32 localidades. Afecta a un millón y medio de valencianos. Circunstancias que aprovechan desde la Junta para atacar al Gobierno central por su inacción tras finalizar el estado de alarma. «Hay gente que pone una balanza la vida de los ciudadanos y en otra cuenta electoral», atacó Igea. «Pedro Sánchez mandó un mensaje equivocado cuando dijo que se podía suprimir la mascarilla en el exterior, porque se generó la falsa idea de que el virus ya no estaba entre nosotros», lanzó Mañueco en un acto en Aranda de Duero.
Actuaciones matizadas
Basándose en estos antecedentes y en lo ocurrido en otras comunidades, la Junta prefiere buscar otras opciones. La cuestión está en saber cuáles. «Tampoco podemos no hacer nada, no podemos dar el mensaje de que aquí no pasa nada, tenemos que tomar decisiones, porque lo que hemos visto es que la ola está creciendo a una velocidad desconocida», comentaba Igea.
En principio, sobre la mesa está el interior de los locales en los municipios mayores de 20.000 habitantes con peores cifras de incidencia. Algo que podría extrapolarse a aquellos que, pese a ser menores, presenten unos números desbocados. Será una aplicación de las respuestas previstas para el nivel 2, el de riesgo medio, pero con muchos matices a las restricciones previstas en el Boletín Oficial de Castilla y León.
«Afinando», explican fuentes cercanas al Ejecutivo. Por ejemplo, no se tocarán las terrazas, en las que se permitirá completar el 100% del aforo.
Será un Consejo de Gobierno complejo por la dificultad de conjugar la recuperación económica, que los expertos ven incipiente por la reactivación del consumo interior tras la etapa de ahorro forzoso de las sucesivas olas, con una situación sanitaria que repunta en Atención Primaria, pero no en la misma medida en los hospitales. Eso sí, las cifras aumentan. Ya son 196 personas las que ocupan una cama en planta por culpa de la covid-19. Hace una semana eran 76. Hace dos, apenas quedaban 56. En el pico de la tercera ola se alcanzaron los 2.096. Y en el de la segunda se rebasaron las 1.500.
Este miércoles se anotaron más de dos mil casos. 2.007. De ellos, 1.827 se diagnosticaron el día anterior. Francisco Igea hacía referencia a la gran cantidad de pruebas diagnósticas que se están realizando, lo que endurece las cifras de incidencia de forma significativa, como es lógico. «Con los cribados y con la búsqueda activa de casos siempre supone un incremento de la incidencia que algunos aprovechan para decir que estamos otra vez peor que nadie», señalaba en declaraciones recogidas por Europa Press.
En la última semana recogida por el Ministerio de Sanidad, del 3 al 9 de julio, Castilla y León es la segunda comunidad con más pruebas diagnósticas realizadas, 2.864 por cada cien mil habitantes. Cataluña, donde la pandemia está desbocada, se sitúa por delante con 3.419. La tasa de positivos fue esa semana de un 17,75% en Castilla y León. En la última semana ha sido de un 12,29%, al incrementarse los cribados masivos.
«Analizamos la situación de la pandemia todos los jueves, y puede que mañana tomemos nuevas decisiones o puede que no», dijo ayer Fernández Mañueco. Igea aclaraba que no se ha cumplido el plazo de dos semanas para ver si las últimas restricciones, dictadas hace siete días, surten efecto o no. Dudas que ejemplifican la difícil tesitura de lidiar con esta quinta ola peculiar.
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