La Junta pide al Gobierno que flexibilice la campaña de la Renta

La campaña de la Renta comenzó con un récord de presentación de declaraciones. 432.000 en las primeras horas, según Europa Press. Quizá entre ellas estén las que salen a devolver algo de los 675 millones que la Agencia Tributaria cree que tendrá que abonar a los contribuyentes de Castilla y León, lo que explicaría las prisas. A pesar de esos datos, la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno que aplace la campaña, o al menos que trate de manejar unos plazos más flexibles dada la situación actual de alerta sanitaria y estado de alarma por el coronavirus.

«Lo que ha hecho la Junta es aplazar todos los impuestos autonómicos», avanzó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. «No encontramos justificación para que el Gobierno no haya hecho lo mismo y que se inicie la campaña hoy, 1 de abril, supone un perjuicio para muchos ciudadanos», aseveró. La Junta explicó en un comunicado que, hasta el 31 de marzo, «13.548 contribuyentes se habrían beneficiado del aplazamiento del pago de impuestos autonómicos por importe de 13,2 millones de euros». El desglose es el siguiente: «5.200 contribuyentes han podido aplazar el pago correspondiente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por valor de 4,1 millones de euros, y casi 8.300 lo habrían hecho en los de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados de personas físicas, pymes y autónomos, cuya cuantía asciende a 9,1 millones de euros».

Pero no es la única petición que el Gobierno autonómico ha remitido al estatal. «Hemos pedido al Gobierno que abra ventanas para el cobro de los ERTE. Había una única ventana y se cobraban el día 10 del mes correspondiente. Hemos pedido tres ventanas para tres plazos de presentación de documentos y que no haya que esperar un mes para su cobro». A fecha de hoy, la Junta ha recibido 26.125 solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que afectan a 144.722 trabajadores.

Fernández Carriedo también hizo referencia al impuesto de sucesiones y donaciones, que estaba a punto de suprimirse cuando se decretó el estado de alarma. «Había finalizado el trámite y en el Pleno último se habría eliminado. Nuestra idea es suprimirlo entre padres e hijos y cónyuges, aunque hay circunstancias sobrevenidas que habrá que valorar«, señaló, en referencia a cuándo será más conveniente llevar a cabo esta supresión.

Y es que la alerta sanitaria lleva aparejada una crisis económica segura. De ahí que todo, incluidos los presupuestos, quede congelado hasta que se pueda analizar convenientemente cómo se debe actuar. «Ya teníamos elaborado y cargado el presupuesto de la Comunidad. Hubiéramos presentado esta semana los presupuestos a las Cortes. Estaba hecho sobre la base de los datos establecidos y que luego no se han ajustado a la realidad sobrevenida. Teníamos realizada una previsión económica de desaceleración con crecimiento del 1,6% para este ejercicio. Hoy nadie estima un crecimiento así y los ingresos serán menores de los que habíamos previsto y la redistribución de los gastos es muy distinta, mucho mayor en ámbito sanitario y de servicios sociales. Ha habido un tsunami desde el punto de vista presupuestario«, admitió Carriedo.