La Junta insiste en que el lobo nunca se ha cazado en situación desfavorable de conservación

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en sus primeras declaraciones ha insistido en que desde la Junta de Castilla y León, «no solo acatamos la sentencia, sino que la compartimos plenamente». Eso sí, con matices.

El consejero ha querido dejar claro que en Castilla y León «nunca se ha cazado el lobo, cuando se podía cazar, si no estaba en un estado de conservación favorable». Es importante tener en cuenta que desde el año 2021, el lobo no está sujeto a actividad cinegética dado que se incluyó en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), pero aun así ha recordado que cuando se podía cazar «se hacían informes técnicos que partían de un presupuesto: que estuviera en un estado de conservación favorable, nunca se ha cazado si era desfavorable, es más, se cazaba en lugares donde están las mayores poblaciones de lobo del mundo».

La cuestión es que esta sentencia «ahora mismo no tiene ninguna aplicación, la podrá tener en el futuro», insistió Suárez-Quiñones, pero no desde que el lobo cuenta con esa especial protección; en cualquier caso, si esta situación cambia y se recupera la caza «se cumplirá estrictamente la sentencia, nunca habrá caza del lobo en un estado de conservación desfavorable».

El punto de partida, un informe «erróneo»

Lo que dice ahora el tribunal europeo se basa en el informe «totalmente erróneo» que remitió el Gobierno de España a la Comisión Europea sobre el estado del cánido para el periodo 2012-2018, en el que se afirmaba que el lobo estaba en retroceso y «no se ajusta a la verdad». En palabras del responsable de Medio Ambiente en la región, «demostramos con datos que eso no era cierto, ese informe del que parte la justicia es erróneo», aunque precisamente, no es a la justicia a quien corresponde discutirlo, algo que sí que han hecho las comunidades loberas al aportar otra serie de datos. Entre ellas Castilla y León.

En estos momentos se está elaborando el informe sobre el estado del lobo para el sexenio 2019-2024, «esta vez sí han pedido datos a las comunidades», que deberán entregar antes del 31 de diciembre y en el que reflejarán «la realidad que conoce todo el mundo rural y es que el lobo está en expansión tanto en territorio como en población» y por lo tanto, esperan una declaración de que el lobo está en España en un estado de conservación «favorable».

Ese informe al que hace referencia el consejero debe considerarse «un documento de referencia», como así ha hecho el tribunal, y lo que se reflejaba para ese periodo es que las poblaciones se encuentran en un estado «desfavorable-inadecuado» tanto en las regiones Alpinas, como Atlántica y Mediterránea, incluidas las situadas al norte del Duero. Algo que se entiende, no se valoró cuando hace cinco años, desde la comunidad se aprobó el permiso para hacer aprovechamientos comarcales y se autorizaba a cazar 339 lobos al norte del Duero para el periodo 2019-2022.

Dicho de otro modo, tampoco parece suficiente que se tome como referencia una zona concreta, sino que el marco debe ser la región biogeográfica o incluso a nivel transfronterizo.

Mala noticia para el sector agrario

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, insiste en que aunque se considere que la situación del lobo no es favorable en el conjunto de España, «en Castilla y León es favorable, hay una superpoblación que está provocando más de 5.000 muertes al año en el ganado, causando perjuicios económicos inaguantables, echando a los ganaderos del territorio donde han estado siempre».

Dujo duda de que en Europa se conozca «el aumento de la población de lobo en los últimos años» pues no se muestra conforme con los datos facilitados por el Ministerio. En este sentido, considera que es necesario volver a tener reuniones con la Consejería para «articular las medidas necesarias que permitan seguir demostrando los censos actualizados a Europa y que el lobo en Castilla y León no está en peligro de extinción, sino todo lo contrario».

Es una sentencia «que no se ajusta a la realidad de Castilla y León, es incorrecta a nuestro entender», concluye.

El coordinador de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, considera que esta situación es el fruto de «guerras políticas entre el partido en el gobierno y el regional». En vista del argumento de la sentencia, en el que se apela a esos datos nacionales desfavorables, entiende que es «normal» el pronunciamiento del tribunal europeo y reclama sentido común, empezando por el gobierno, para que haga «una modificación de este informe y separe la zona norte y sur pues desde Madrid hacia arriba, el lobo está en franca expansión».

Su conclusión es que debe aplicarse la Directiva Hábitats, «está muy bien hecha» y apunta que en el apartado 16.2, «cualquier protección a cualquier especie se puede suspender por graves daños, que es lo que hemos reclamado toda la vida, pero nunca se ha hecho bien. Si no se aplica el sentido común pasa que están cerrando explotaciones ganaderas por la presión del lobo, y eso es lo que no puede ser».

Jesús Manuel González Palacín, secretario regional de UCCL, matiza que esta sentencia una «pésima» noticia, y subraya que la clave está en «interpretar lo que es desfavorable en España, además, esto va en dirección contraria a o que está haciendo la propia Unión Europea que está recomendando bajar la protección porque está en clarísima expansión y representa un peligro para la ganadería extensiva; la caza no es la panacea, pero ayuda a la gestión».