La Junta insiste en que «sí o sí» debía flexibilizar el control de la tuberculosis

Lo hacía minutos después de que el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal) reclamara su dimisión y la de todo el equipo directivo de la consejería por tomar medidas contra el criterio de los técnicos y poner en riesgo la salud pública y la sanidad animal, por el daño económico de la inmovilización de ganado desde el lunes 29 hasta hoy miércoles, que estos sanitarios valoraban en 3,8 millones de euros, y el reputacional que esa imagen de laxitud sobre el control de la tuberculosis puede provocar sobre el sector cárnico de Castilla y León.

«La resolución, sí o sí, había que publicarla, porque de alguna forma el sector está demandando un cambio en los criterios de control de la enfermedad», ha argumentado Dueñas, crítico con la reacción del ministro Luis Planas de aplicar un confinamiento del ganado vacuno hasta que esos cambios autonómicos no decayeran y que ha impedido el movimiento del ganado vivo en las seis provincias de la comunidad que no tienen el estatus de territorio libre de tuberculosis bovina. Al pulso entre administraciones, con llamamiento incluido desde la UE, se ha sumado ese confinamiento y el intento de asalto a la delegación territorial de la Junta en Salamanca, con un detenido y diez heridos, nueve de ellos policías.

El consejero, que ha esperado más de una semana para dar explicaciones, ha reconocido que eran «conscientes» de que podía existir un «choque» entre la flexibilización del controles que impulsaba Castilla y León y el reglamento de la Unión Europea de obligado cumplimiento y que rige la planificación nacional para la erradicación de la tuberculosis bovina. Una enfermedad animal que se transmite por inhalación o consumo de leche no pasteurizada y puede trasladarse a las personas, por lo que su control se enfoca como una cuestión de salud pública, a juicio del consejero, con medidas llevadas «muy al extremo». Dueñas calificó el nivel de contagio a humanos como «ínfimo», en una balanza de argumentos en los que se inclinó por el «apoyo a los ganaderos». El consejero situó los controles que llevan años aplicándose, e implican inmovilizaciones y sacrificios de reses para garantizar que los animales vivos que se venden y los productos que se exportan están libres del patógeno, como una práctica que lastra la viabilidad de la actividad ganadera.

La resolución con la que Castilla y León flexibilizaba las medidas de control de esta zoonosis no pasó el filtro de los servicios jurídicos de la Junta. «No era necesario», explicó el secretario general de la consejería, que acompañaba a Dueñas en la comparecencia pública, así como el viceconsejero Pedro Medina, veterano en la 'casa' al haber sido alto cargo con los consejeros del PP.

Dueñas ha avanzado que su equipo no ha tirado la toalla y que está trabajando en una regulación que cambiará las medidas autonómicas sobre los controles de sanidad animal. Verá la luz dentro de «varios meses, pero no muchos». El consejero ha confiado en que a partir del 23 de julio haya un «cambio de gobierno» que «favorezca» la reorientación del programa nacional de sanidad animal.

La crisis sobre la tuberculosis bovina ha puesto a Castilla y León en el centro de la polémica. Una paradoja cuando la prevalencia de esa enfermedad animal es de las más bajas del país y cuenta con tres provincias en las que la UE considera oficialmente que está erradicada (Valladolid, Burgos y León) y otras tres que están a un paso de lograr ese estatus: Zamora, Palencia y Soria. Solo Galicia, Asturias, País Vasco, Murcia, Cataluña y las islas son, junto con esas provincias de Castilla y León, territorio libre de tuberculosis bovina.

Es en Salamanca, en torno a la comarca de Vitigudino, la frontera con Portugal y la raya con Extremadura, y en menor medida en la Sierra de Ávila, donde esa prevalencia es mayor. Los datos que ofrece la propia Junta recogen una mejoría de la situación desde 2007 a 2020, que se trunca y empeora en 2022. La prevalencia hace tres años era del 1,41% de las explotaciones y el último dato, del año pasado, crece al 2,07% autonómico, con Salamanca tirando hacia arriba con un 4,47%.

«Se veía venir», reiteran desde él Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, profesionales que alertaron a la directora general responsable de Sanidad Animal en Castilla y León que la resolución contravenía la ley. No obtuvieron respuesta y tocaron a la puerta del presidente de la Junta, con idéntico resultado. Además de solicitar la dimisión del equipo de Dueñas, al que califican de un «continuo foco de conflicto» desde que Vox se hizo cargo de la consejería, han solicitado la intervención del Inspección de Servicios de la Junta por la situación que han sufrido los profesionales públicos de Salamanca y la falta de respaldo «especialmente sangrante» por parte del Gobierno autonómico. Entienden que lo único que han hecho estos técnicos es «cumplir con su obligación» en la defensa de la seguridad alimentaria.

Martínez apuntó que el paso dado por la Junta expone a la comunidad a pérdidas de fondos de la PAC por incumplir los programas sanitarios obligatorios y a multas que la UE aplicaría al Reino de España. El dirigente de los veterinarios abogó por revisar las causas que hacen que la prevalencia de la tuberculosis sea mayor en determinadas zonas, pero señaló que deben primar criterios técnicos, reuniendo a científicos y técnicos con los ganaderos. «Una cosa es revisar y otra saltarse a la torera las normas», resumió.

«Lo ocurrido en los últimos días», como definió el consejero Gerardo Dueñas la polémica que ha puesto a Castilla y León en el mapa informativo de la tuberculosis bovina, sucede un año después de que el propio vicepresidente de la Junta hiciera campaña, con vídeo incluido, a favor de no sacrificar las vacas de una explotación leonesa en la montaña de Riaño con casos positivos, contra criterio de los veterinarios. Juan García-Gallardo resaltaba que había que buscar «alternativas que sean normales» a la sacrificar animales «así, por la buenas».