La Junta duda del acuerdo parlamentario para evitar la supresión de paradas de bus
El consejero de Movilidad urge al Ministerio a convocar la Conferencia Sectorial de Transportes ya que «se lleva obviando desde hace dos años»
El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, mostró ayer sus dudas sobre el acuerdo parlamentario para evitar la supresión de paradas de autobús en Castilla y León que se derivaba de la propuesta del nuevo mapa concesional del transporte por carretera estatal.
Y es que, según afirmó ayer en declaraciones recogidas por Ical, desde su Consejería han chequeado las enmiendas transaccionales a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que suponía que el Ministerio de Transportes mantenía las 346 paradas que inicialmente se iban a suprimir en el medio rural de Castilla y León si las autonomía no aceptaba la cesión de estos tráficos, y «no sale la ecuación».
«No se deriva de la propuesta de enmienda transacional esa situación», planteó Sanz Merino antes de clausurar la asamblea de la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), donde añadió que, además, esa propuesta «se ha quedado en el aire» porque, finalmente, el dictamen que iba a ir al pleno del Congreso esta semana «fue retirado».
Una situación que Sanz Merino achaca a que «grupos más cercanos» al Gobierno en el Congreso «tampoco lo han visto con claridad» y, así, el anuncio de la posible reversión de la eliminación de las paradas «ha decaído». «Estamos donde estábamos antes»2, concluyó el consejero de Movilidad y Transformación Digital.
Por ello, Sanz Merino reclamó al Ministerio de Transportes la convocatoria de la Conferencia Sectorial del ramo «para poder hablar de este tema con el resto de comunidades autónomas» y el propio Gobierno, dado que «se lleva obviando desde hace dos años» la convocatoria de esta reunión y, planteó, «no parece un método de trabajo operativo».
«Tampoco parece plausible funcionar a través de medidas unilaterales, rodeando el problema a través de tramitaciones parlamentarias o con conversaciones bilaterales con alguna de las comunidades de muy distinto grado, intensidad y objetivos dependiendo del color político», expuso Sanz Merino, que censuró esta «manera de trabajar» que atribuyó al Gobierno.
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