Castilla y León aprueba la ley para blindar los servicios públicos entre críticas por su ineficacia

«Una ley inútil, inservible, anodina», la calificó Diego Moreno (PSOE), «que tiene como objetivo único crear ante la opinion pública la imagen ilusoria de que al PP le importa el medio rural». Un blindaje, dijo gráficamente Francisco Igea, como «el del coche de Kennedy», el descapotable en el que murió durante un paseo triunfal por Dallas. «No verán mejorado ni uno solo de los servicios», auguró Moreno.

García Nieto tiró de manual. Recordó el alto nivel de la educación castellana y leonesa, la buena nota en dependencia, «el nivel de excelencia de nuestros servicios esenciales». El artículo 1, explicó, dice que tiene como objeto «garantizar al ciudadano la prestación en el territorio de la comunidad de los servicios autonómicos esenciales de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales». La excelencia se ha alcanzado, dijo, por la gestión del PP durante décadas, así que el objetivo de la norma es «que ese sea el suelo» a partir de ahora.

La ley habla de garantías pero no incluye ninguna fórmula para castigar a la administración pública si incumple esas garantías. No hay régimen sancionador. Sí interpone algún paso incómodo más para cerrar, por ejemplo, un centro de salud o un colegio. El procedimiento lo resumía Igea en su turno. «Proponen que si hay que cambiar una zon, un servicio de salud, lo lleven al Consejo de Gobierno, como está ahora, y luego lo traigan aquí para comunicarlo, y cuando la Cámara vote, vuelve al Consejo de Gobierno, que hará lo que le dé la gana. No tienen por qué hacer caso a lo que diga la mayoría» del parlamento.

Lo justificó García Nieto, en cierto modo, porque «lo que busca esta ley, 'estricto senso', es mantener como mínimo lo existente, con el extraordinario nivel de calidad que ahora tiene».

Y en cuanto a las enmiendas rechazadas, la posición fue nítida. Esta ley no iba de lo que el PSOE quería. «Ustedes han presentado 14 enmiendas, solo hemos transaccionado una, debido a que ustedes no tenían muchas ganas de mejorar esta ley, querían una nueva. Aprovechan la ocasión para intentar colar propuestas que han repetido en otras ocasiones. Propuestas todas ellas que vienen a pedir más, siempre más: infraestructuras, personal, equipamiento… Más dinero, en definitiva. Esta proposición de ley no va de eso, no es el lugar, la forma ni el foro adecuado», afirmó García Nieto.

Diego Moreno (PSOE) se enfocó en las «carencias», especialmente «en el medio rural». Y en la falta de régimen sancionador, que al fin es el palo que obliga a cumplir una norma. «¿Qué ocurre si la Junta no cumple con lo que está escrito en esta ley? ¿Pueden los ciudadanos acudir a algún lugar para reclamar el cumplimiento? Se lo digo yo: no?», le recordó al portavoz adjunto popular.

«Una ley la va a cumplir la Junta y la tiene que cumplir todo el mundo. Una ley es de obligado cumplimiento. Por eso le damos este rango y pasa de ser una orden a una ley la que lo proteja», replicó García Nieto.

Los portavoces de los partidos territoriales se centraron en ese medio rural sobre el que tantas veces han presentado sus demandas en las Cortes. «Hay zonas en las que un médico de familia atiende casi 1.800 cartillas, muy por encima del cupo óptimo, y a eso hay que sumarle la dispersión de las cartillas que atiende un médico rural, que están dispersas entre 25 ó 30 pueblos», puso como ejemplo José Ramón García, de UPL.

El procurador leonés tocó el punto crítico a solo unos días de esas mesas de diálogo con las que Mañueco quiere que sus opositores se presten a aprobar las cuentas autonómicas. «Tanto que escuchan y que quieren negociar… Y todas nuestras enmiendas han sido rechazadas», dijo. Tantas como dieciocho. Y su compañera de bancada, Vanessa García, de Soria ¡Ya!, lanzó idéntico lamento. «Solo nos han aceptado 3 de las 24 presentadas», recordó.

Vox, que estaba en el Gobierno cuando comenzó la tramitación y la ha apoyado durante todos los pasos previos, no podía desdecirse a estas alturas con un voto en contrar, así que esa incógnita, que se ha desvelado indescifrable en las votaciones 'menores' de este miércoles, no existía en esta ocasión. «Nuestro voto es de sentido común», defendió la procuradora Ana Rosa Hernando, «ya que todos los ciudadanos de Castilla y León deben tener los mismos derechos y recursos, nazcan donde nazcan», justificó en el turno para la explicación del voto.

La ley de garantía de los servicios esenciales ya está aprobada. Para blindarlos, según el PP, o para dejarlos como estaban, según la oposición, pero en todo caso para sustituir a lo que hasta ahora era una orden.