El juez del caso Perla Negra amplía la imputación contra Rafael Delgado

Rafel Delgado, a la derecha, acude a declarar al juzgado en 2017./A. M.
Rafel Delgado, a la derecha, acude a declarar al juzgado en 2017. / A. M.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid desestima los recursos de reforma y admite el presentado por el Ministerio Fiscal

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado de la instrucción del conocido como caso de la Perla Negra de corrupción, que afecta a varios exaltos cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, ha ampliado la imputación referida al exviceconsejero Rafael Delgado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha informado este martes del auto aprobado por el instructor para desestimar los recursos de reforma planteados por la acusación ejercida por el PSOE, en el sentido de dejar sin efecto alguno de los sobreseimientos y ampliar la investigación al edificio de ADE Europa en Bruselas, y los planteados por las defensas de diez de los imputados en el caso, que pedían ser desimputados.

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De este modo, el auto de imputación que fue dictado por el mismo juzgado a finales del pasado enero se mantiene íntegramente para imputar delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración, malversación y cohecho a seis exaltos cargos de la Consejería de Economía y otros seis empresarios, si bien se amplían los antecedentes fácticos que afectan al exviceconsejero Rafael Delgado a instancias de la Fiscalía.

En concreto, el instructor ha atendido el requerimiento de la Fiscalía para que dentro de los hechos probados del caso se incluya que Rafael Delgado ocupó una vivienda en el centro de Valladolid en régimen de alquiler que era propiedad de la empresa Tecnicyl, cuyo administrador único era partícipe del accionariado de Urban Proyecta PM3 S.L., que era la empresa a la que la Junta alquiló a su vez el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda -Perla Negra-.

Además, el auto establece que también se amplía para reflejar que Rafael Delgado llevó las conversaciones con el estudio de arquitectos Lamela antes y durante la tramitación del expediente que investiga esta causa y acudió a Nereo Inversiones y Proyectos S.L., de la que es administrador único Carlos G.M. -otro de los imputados-, quien ostentaba cargos de administración en Cementos La Bureba y Parque Empresarial Portillo desde marzo de 2009 y julio de 2012.

Recuerda el auto que la vivienda en cuestión que fue ocupada por Delgado fue adquirida el 20 de septiembre de 2012 por Samuño Activos S.L., que era una mercantil participada por el propio Rafael Delgado.

Análisis pormenorizado

Sobre la desestimación de la demanda de la acusación ejercida por el PSOE, para ampliar la investigación a lo ocurrido con el alquiler de la sede de Ade Europa -dependiente de la Junta- en Bruselas a la empresa Colouis S.A., el instructor ha argumentado que este asunto fue introducido de forma «tardía», por lo que ni siquiera pudo preguntar sobre el mismo a la mayor parte de los investigados.

En su auto, el juez también justifica el rechazo a otra de las demandas del PSOE, en este caso apoyado por la Fiscalía, para dejar sin efecto el sobreseimiento respecto a otro de los investigados Jesús J. M., otro de los exaltos cargos de la Administración autonómica, porque «aunque pudo tener participación» como director territorial de ADE en Valladolid, «no tuvo decisión alguna en el abono de las facturas a Parqueolid y por ello no está recogido en el auto y se limitó a intervenir en las negociaciones sobre la venta de las parcelas a posteriori y sin capacidad de decisión«.

Para defender el mantenimiento de las imputaciones y el sobreseimiento de las acusaciones sobre algunos de los investigados hasta el auto de imputación de enero, el instructor ha remarcado en su escrito conocido este martes y recogido por Efe que su auto «lógicamente es fruto de un pormenorizado análisis de todo lo actuado, por lo que es difícil« que vaya a modificar su criterio.

En este mismo sentido, el instructor aclara que su auto de imputación no trata de «prejuzgar» los hechos, sino que «constata la existencia de indicios o elementos que los apoyan», y que justifican la imputación de los doce procesados.

«El auto desarrolla en una considerable extensión unos hechos imputados, guste más o menos o convenza más o menos a unos y otros. La calificación definitiva tanto de la participación como de los diversos hechos delictivos concretos corresponde en primer lugar a las acusaciones en sus escritos de acusación y finalmente al órgano enjuiciador en su sentencia», ha resumido el juez en su auto.