El infierno se ceba con la vida rural

No será porque esa naturaleza, aliada con el descuido humano, no diera avisos. En la temporada de 2021, un coche incendiado en una cuneta de la sierra de la Paramera (Ávila) devastó más de 22.000 hectáreas. La extensión de tanta negrura, en el paisaje y en el futuro de la comarca, no se recordaba desde una década antes, cuando una emergencia similar devoró más de 10.500 hectáreas en Castrocontrigo (León).

Las recurrentes advertencias de expertos ambientales y colectivos de brigadistas forestales sobre los riesgos inminentes que avisaba un año particularmente seco, no cambiaron ni un ápice las previsiones de la Junta.

Hasta que a mediados de junio se desató una ola de fuego en la Sierra de la Culebra de Zamora que muchos calificaron como «lo más parecido al infierno». Fue una lucha sin cuartel durante casi una semana en la que se calcinaron 30.000 hectáreas y hubo que desalojar durante días a cientos de vecinos de 24 pueblos.

La desgracia unió aún más a los castigados zamoranos, una de las provincias que lideran las plataformas de la España Vaciada. Más de 6.000 personas se concentraron el 21 de junio en Zamora para mostrar su «total desacuerdo» con la gestión del incendio. Casi por generación espontánea se creó entre los vecinos el frente de lucha La Culebra no se Calla. El grito era unánime: «Nos habéis abandonado».

En la plaza de la Marina de la capital zamorana, frente al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, el grito colectivo denunciando «la pasividad de la Junta, responsable de una gestión negligente en este trágico incendio».

Pero si algún pueblo patrimonializó la indignación colectiva, fue Villaverde de Valrojo. El 19 de junio, una comitiva de vehículos oficiales encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que salir a toda prisa para evitar la ira vecinal. «Sois muy valientes, marchad, marchad ahora que nos habéis dejado sin reserva, que nos hemos quedado sin comida», gritaban a los vehículos que aceleraban para salir de la zona.

Las muestras de frustración y enfado popular no hicieron mella en los gestores públicos. Es más, aquello solo fue un aviso de lo que vendría un mes después. Un nuevo foco surgido en Losacio, a pocos kilómetros del anterior, arrasó una cifra similar y dejó diezmada la vida de esta comarca, entonces reserva de la biosfera.

Además se llevó la vida de cuatro personas: un brigadista forestal (Daniel Gullón), un pastor (Victoriano Antón), un vecino que huía en su coche (Eugenio Ratón) y Ángel Martín. Estos últimos agonizaron durante semanas de sus quemaduras. Pero si alguien puso rostro a la lucha impotente contra las llamas, fue Martín, el 'héroe de Tábara', cuyas imágenes saltando de una excavadora cuando trataba de hacer un cortafuegos recorrieron el mundo.

Hubo más fuegos, desalojos vecinales y desolación en comarcas de Salamanca, Ávila o Burgos. Cerca de 100.000 hectáreas arrasadas, cinco veces más que el año anterior, y una política de lucha contra el fuego de la Junta de Castilla y León en entredicho, hasta el punto de que la Fiscalía investiga el incumplimiento de los avisos previos para que tomara medidas ante el elevado riesgo de unos montes sometidos a estrés hídrico y descuido desde hace muchos años.

En una comparecencia en las Cortes regionales, todavía en el ecuador del verano, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, optó por 'socializar' la desgracia. Recordó que toda España sufría la lacra y que ya había ardido el 0,4% del país.

Admitió que «no contempla un futuro sin fuegos catastróficos» y que solo queda «trabajar para reducir su frecuencia y acotar su gravedad».

También los expertos hablaban ya de «incendios de sexta generación» y de la «imposibilidad de combatirlos» con los medios actuales. La presión popular, la queja de los pueblos, los sindicatos forestales y los propios bomberos llevaron finalmente a Suárez-Quiñones, a anunciar, miles de hectáreas calcinadas después, algunas mejoras en las brigadas.

Entre otras, que el personal fijo discontinuo, con contratos de 3 a 6 meses en labores de vigilancia, trabajará todo el año en el monte. Son los que se enfrentarán a un 2023 que no pinta mejor en la castigada vida rural regional.