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Y en el medio de la trifulca política, los ciudadanos, más que despistados, hastiados con los cambiantes horarios, las instrucciones contradictorias y los vaivenes en ... esta compleja época covid. El Tribunal Supremo dirimirá, si no se decide antes en el Consejo Interterritorial que se celebrará el miércoles, si es legal o no el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas decretado por la Junta, que esta noche volvió a aplicarse con discreta vigilancia policial e información disuasoria. Ahora, a juicio de Madrid, no lo es. El Gobierno de Pedro Sánchez puso a trabajar este fin de semana a la Abogacía del Estado para recurrir el acuerdo de Mañueco y su equipo.
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Vulneración de derechos fundamentales, saltándose el decreto nacional del estado de alarma, argumentan en Moncloa, frente a la protección de la salud que abandera el Ejecutivo regional para avalar este desafío, amparado por los servicios jurídicos del Ejecutivo regional. Dicen en Madrid que la decisión de Castilla y León infringe «nítidamente» la ley, «sin que tal infracción pueda negarse». Las autoridades delegadas, es decir Alfonso Fernández Mañueco, tienen la posibilidad de suspender o flexibilizar las medidas de esa norma, «pero no –como es el caso– de intensificarlas o agravarlas», exponen. Vamos, que la horquilla horaria permitida para recluir al personal en casa está establecida entre las 22:00 y las 00:00 horas. Nunca antes.
La Junta contesta. «Lamenta» que el Gobierno de España trate de «obstaculizar» con el recurso su acción, «que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía». Así está ahora la cogobernanza de esta crisis sanitaria.
El delegado del Ejecutivo de Sánchez en Castilla y León, Javier Izquierdo, solicitaba por la mañana al presidente autonómico que se «avenga al diálogo» y anule ese acuerdo que se ha tomado de forma «unilateral». El foro para plantear este tipo de medidas es el Consejo Interterritorial y no el Palacio de la Asunción, le recordaba. Y desde aquí, la respuesta: «La situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España». Se necesitan «instrumentos jurídicos seguros que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas», remachan los responsables de la coalición 'popular' y 'ciudadana'.
¿Y ahora qué hacemos?, se pregunta usted. Pues esperar. Fuentes del alto tribunal explicaban en día festivo que en el caso de que el Ejecutivo socialista haya solicitado medidas cautelares, el Supremo tiene un plazo de entre 24 y 48 horas para resolver. De momento, la Delegación en Castilla y León no ha concretado si la Abogacía del Estado las ha pedido. Si no las hubiera incluido, puede que en la reunión de las comunidades prevista a mitad de esta semana este lío de domingo quede en agua de borrajas, porque el ministro Illa acepte, ante la presión de las autonomías, un endurecimiento de la limitación de la movilidad. Parece que eso sería factible, a pesar de que muchos territorios instan a aplicar un confinamiento radical para contener a este virus que no solo mata personas, sino que logra enturbiar estrategias de unos y de otros para seguir campando a sus anchas a velocidad de vértigo.
Y entonces Twitter ayuda a respaldar o tumbar argumentos a golpe de réplicas y me gustas. En esta red actuó ayer Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta, para respaldar al que ostenta el máximo cargo en el Ejecutivo regional. «Cuando tienes la suerte de tener un presidente más preocupado por la suerte de sus vecinos que por la suya propia», se lee en uno de los mensajes en los que incluye un texto de Mañueco en el que defiende su decisión. «La situación es grave. Seguiré tomando medidas para proteger la vida y la salud de las personas de #CYL. Nuestros vecinos están a la altura del difícil momento actual, cumpliendo el toque de queda a las 20 horas», agradece.
Tudanca, secretario regional del PSOE, prefiere hablar a Europa Press que hacer valoraciones en la red de pajarito. Embiste contra Mañueco. Le pide que coja las «riendas por una vez» y recupere la «cordura y la moderación». El líder socialista habla de «órdagos y sublevaciones» y desde Valladolid, su alcalde, este sí en la red de marras, considera que este embrollo hubiera sido «perfectamente evitable». «Tomar decisiones sin diálogo, por la vía de la imposición y en contra de la Ley provoca situaciones como esta, que solo crean inseguridad», remachaba el siempre beligerante regidor. Por si faltara alguien, el presidente del PP, Pablo Casado, se suma a la ofensiva en defensa de su líder en Castilla y León. «El ausente presidente del Gobierno y el ministro candidato a tiempo parcial atacan a las autonomías gobernadas por el PP en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz de una vez contra la 3ª ola de Covid y el récord de contagios», criticaba. Ruido y más ruido mientras en la comunidad esa temida ola sigue cogiendo altura o, por lo menos, no amaina en su fuerza. Hoy la infección arrastró a otras 1.802 personas y mató a 16.
Y los que tienen que hacer cumplir la norma, despistados. Las organizaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, Jupol y Jucil, pedían al Gobierno que aclarara cómo actuar en este momento de discordia y contradicción, al tiempo que aseguraban no entender las «desavenencias» entre administraciones con un asunto tan delicado. Esas dudas y esa reflexión también están en la calle.
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