La futura cartera de servicios rurales en Castilla y León contempla médico, atención social, colegio, transporte e Internet
Cs y PP flexibilizan criterios para delimitar las áreas de prestación y podrán aprobar el nuevo mapa territorial sin el apoyo del PSOE
El Gobierno autonómico de coalición ha puesto en marcha el mecanismo para desatascar la ordenación territorial, empantanada en las Cortes desde hace tres años. ... La iniciativa depende del vicepresidente Francisco Igea y se articula en una reforma de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León. Esta norma fue acordada por Juan Vicente Herrera con el PSOE en septiembre de 2013.
La Junta introduce ahora cambios sustanciales, entre los que destaca la desaparición de la exigencia de mayoría reforzada de dos tercios del hemiciclo para aprobar el nuevo mapa de áreas rurales que articulará la futura prestación de servicios. Ese requisito supone el apoyo de 54 de los 81 procuradores, lo que implica el voto favorable del PSOE. Eliminada esa mayoría reforzada, bastan con los 41 que suman PP y Cs, como en cualquier otra iniciativa.
El PP apoya a Francisco Igea en la eliminación de la mayoría reforzada para aprobar la ley que pactó Herrera con los socialistas
Además de unificar denominaciones (todas las zonas pasan a llamarse áreas funcionales), la regulación enumera los servicios que «se procurará» prestar que cada área funcional rural. Son la atención sanitaria a nivel primario, la educación infantil y primaria, las prestaciones sociales «esenciales», el transporte público de viajeros, «sobre todo en relación con los servicios anteriores», y el acceso a internet y a redes de telecomunicaciones. El Gobierno de PP y Cs establece para el acceso a esa cartera de servicios una «isocrona» desde cualquier núcleo de población del área funcional rural al lugar más próximo de prestación de hasta 30 minutos. «Medidos en tiempo de desplazamiento por carretera por los medios habituales de locomoción», matiza.
El PSOE augura una «escabechina» en las prestaciones
«Esto no es una cuestión de mapas, es una cuestión de servicios públicos, de dónde van a estar los institutos, los colegios, los centros de salud o de servicios sociales y cómo van a llegar a ellos los 900.000 vecinos de los pueblos», insistió Virginia Barcones, viceportavoz del PSOE en las Cortes. La procuradora auguró una «escabechina» si se aplica un texto «más genérico» que el que presentó el último Gobierno de Herrera y que el PSOE consideró insuficiente y no apoyó.
El vicepresidente de la Junta argumentó en el pleno de las Cortes que iban a «liberar a los ayuntamientos» del bloqueo socialista. Francisco Igea acusó al PSOE de «petrificar la ley» con la mayoría reforzada que PP y Cs plantean ahora eliminar.
La regulación flexibiliza los criterios para conformar las áreas funcionales rebajando en las rurales del mínimo de municipios a dos, y el que fijaba 5.000 habitantes a 2.000. Lo mismo ocurre con la densidad demográfica en las zonas escasamente pobladas que baja de 15 habitantes por kilómetro cuadrado a 12. Las delegaciones territoriales de la Junta siguen siendo las encargadas de elaborar un estudio previo sobre la delimitación de las zonas rurales, pero la normativa incorpora la constitución de grupos de trabajo de ámbito socioeconómico para que colaboren en ese proceso.
Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes, ha precisado que están analizado el texto remitido por la consejería y que es un «borrador» susceptible de recibir las «aportaciones» de todos los grupos. «No abandonamos la idea inicial de alcanzar el máximo consenso», ha subrayado el procurador del PP. De la Hoz ha confirmado que comparten el criterio del vicepresidente de la Junta de eliminar la mayoría cualificada, «que el PSOE ha usado como un elemento de bloqueo perjudicando a los municipios».
El anteproyecto se puede consultar en la sección de Gobierno Abierto del portal web de la Junta. Hasta el 1 de marzo se pueden presentar alegaciones al anteproyecto.
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