Los fondos europeos permiten a Mañueco e Igea presentar un presupuesto de 12.835 millones para 2022

Son las remesas procedentes de Bruselas, principalmente, las que hacen crecer las cuentas del 2012 para las que Mañueco no escatimó elogios. El presidente Resaltó que promoverán «más gasto social, más actividad económica y más inversión con menos impuestos». ¿Cómo es eso posible? Sobre el papel, por la partida de fondos europeos (crecedera, como este año, a medida que se asignen ingresos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a Castilla y León), pero también por una previsión alcista de los tributos que gestiona la Junta y por los 190 millones del IVA pendiente de 2017 que el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno de la nación ingresar en la cuenta de la Junta. A la partida inicial de 178 millones, el Ministerio de Hacienda tiene que sumar los intereses de demora.

Alfonso Fernández Mañueco explicó que las cuentas contienen 2.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica y el empleo y apostar «por la remontada que se ha iniciado este año». El presidente aprovechó para valorar la Encuesta de Población Activa que se publicó ayer mismo y atribuyó el descenso del desempleo «al acierto» de las políticas de Empleo que se aplican «de una manera distinta, mejor, en Castilla y León».

Hay dos cifras de gasto en el proyecto apadrinado por Mañueco e Igea que superan los 4.000 millones de euros: la dotación de la Consejería de Sanidad y la que abona las nóminas del personal de la Junta.

El departamento que dirige Verónica Casado dispondrá de 4.449,5 millones de euros. Es la mayor partida de las cuentas, pero crece el 1,91%, mientras que el presupuesto lo hace un 4,45%. Tanto Mañueco como Igea justificaron que lo que se hace en 2022 es «consolidar» los ingresos a mayores que Sanidad ha gestionado durante la pandemia. Son recursos «más que suficientes» para mejorar el servicio en todos los ámbitos sanitarios, en palabras del presidente de la Junta.

Por consejerías, Sanidad gestionará esos 4.449,5 millones de euros; Educación, 2.501; Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.216,6; Fomento y Medio Ambiente, 692,2; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 573,5; Economía y Hacienda, 426; Empleo e Industria; 411,3 Cultura y Turismo; 149,9; Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 22,6; y Presidencia, 132,1. Este último departamento es la única consejería que baja en dotación respecto a 2021. A esto se suma la partida que atiende los compromisos de la deuda con el pago de intereses y amortizaciones, que se sitúa en 1.300,6 millones de euros y baja el 8,6% respecto a este año, y la dotación para las Cortes y las instituciones de autogobierno (CES, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas) que será de 35,2 millones de euros. Cierra este reparto a partida de la PAC, con los 924 millones habituales.

Las retribuciones del personal suponen también uno de cada cuatro euros del presupuesto. Reservan 4.404,8 millones de euros con los que el Gobierno autonómico afronta la subida salarial de 2% para los empleados públicos, que en esta ocasión también se hace efectiva en las nóminas del presidente, vicepresidente, consejeros y altos cargos. El titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, precisó que es una mejora que los miembros del Ejecutivo autonómico se aplican sobre la remuneración «congelada» de 2021.

La cifra global que manejarán las consejerías para pagar nóminas, gastos y proyectos serán 10.437 millones, porque a la cifra 'récord' de 12.835 millones de euros hay que restar, entre otras obligaciones, los 1.300 que cuesta en intereses y amortizaciones la deuda autonómica; los 924 millones de las ayudas de la PAC, que la Junta coge con la mano izquierda de la UE e ingresa con la derecha a agricultores, ganaderos y propietarios de tierras de labor tras tramitar todo el papeleo; y los 35,2 millones que sostendrán el próximo año las Cortes de Castilla y León, el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común. Los consejeros de la Junta tendrán para gestión real esos 10.437 millones, con Verónica Casado y Sanidad a la cabeza.

La Junta calcula que las desgravaciones fiscales, dejarán «en el bolsillo de familias y empresas» el próximo año 506 millones de euros. Las cuentas demuestran, destacó el vicepresidente y portavoz de la Junta, «que se puede recaudar más con una fiscalidad menor». PP y Cs han decidido suprimir la tasa que abonan cazadores y pescadores por las licencias y que suponen 3,3 millones de ingresos anuales. Una iniciativa que el presidente de la Junta definió como «un mensaje simbólico de apoyo y compromiso» con la actividad cinegética en Castilla y León.

Mañueco e Igea quisieron escenificar ayer una instantánea de unidad. «Si algo realza la estabilidad de un Gobierno, la fortaleza de un Gobierno es el proyecto de presupuestos», remarcó el popular. «Hay fortaleza, unidad, estabilidad», repitió momentos después.

El presupuesto de la Junta para 2021 era cosa de dos, PP y Cs, pero el de 2022 necesita, al menos, un tercero que permita su aprobación en las Cortes. La coalición suma 40 escaños y el resto de la oposición (PSOE, Podemos, Vox, UPL, Por Ávila y la procuradora que abandonó Cs y pasó a ser no adscrita) 41. Al presidente se le preguntó por la decisión de presentar las cuentas sin tener amarrado el acuerdo para su aprobación, algo que evitaba hacer Pilar del Olmo en la última legislatura de Herrera. Alfonso Fernández Mañueco fue taxativo. Se refirió a su excompañera en la Junta y ahora presidenta del grupo municipal del PP que hace oposición en Valladolid al alcalde Óscar Puente como «la anterior consejera, de la anterior legislatura, con otro presidente y otra forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor».

Los coaligados negocian con Por Ávila, pero el acuerdo no está cerrado, como ayer mismo se encargó de recordar su procurador, Pedro Pascual. «El mejor apoyo a la provincia de Ávila son los presupuestos que hoy presentamos», apuntó Mañueco. «No tener unos presupuestos no es nada bueno para los ciudadanos de Ávíla», remachó Igea. Las cuentas pasan ahora a terreno de las Cortes. Con dos semanas de retraso. El plazo marcado es el 14 de octubre. Y Mañueco dejó claro que quiere que se debatan y voten en diciembre, para eludir la prórroga de las actuales. Eso obligará a PP y Cs a meter presión a la tramitación parlamentaria de un presupuesto sobre el que solamente se avanzaron ayer cifras generales. Para entrar en detalle habrá que esperar a poder consultar este viernes los tomos con las partidas de obras y programas.