El escaño 82: el inframundo de aquí al lado

(*Cada semana, Susana Escribano -experta en los entresijos políticos y conocedora de los protagonistas de la actividad parlamentaria en la comunidad- escribe sobre las claves políticas de Castilla y León. Si eres suscriptor, apúntate aquí a esta newsletter.)

Nace un bebé en un paritorio del Río Hortega y tomamos conciencia de que el inframundo está aquí al lado. Su madre es una niña de 14 años y no es primeriza, porque pasó por ese trance hace un año, en Benavente. A día de hoy está en paradero desconocido. Servicios Sociales pidió que no se le diera el alta, pero ella cogió su abrigo y, recién parida, se largó del hospital. Arropada por allegados: su pareja de 27 años y su madre, que tenía una orden de detención. Ambos pasaron por el juzgado –él como posible autor de un delito de abuso sexual– y fueron puestos en libertad con medidas cautelares. ¿Cómo ha podido pasar algo así? ¿Quién protege a esta niña?

Poco ha trascendido de la actuación pública. Al tratarse de una menor impera la cautela informativa para protegerla. Todo es neblinoso. Desde la Junta (Servicios Sociales), la Delegación del Gobierno (cuerpos policiales) y el ámbito judicial defienden que aplicaron el protocolo. Sin ánimo de cuestionar el funcionamiento de las administraciones implicadas, el resultado es desesperanzador. Todos los casos en los que se aborda la protección de un menor son sensibles e implican decisiones duras. Incluso con presiones de familias poco sociables. El de esta niña parece en extremo complicado.

¿Qué marca ese protocolo de atención? La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trabajó el año pasado en 1.430 casos de menores. Llegan hasta ellos desde los asistentes sociales de ayuntamientos o diputaciones; de la Policía o Guardia Civil; de la Fiscalía o los sanitarios, como es este caso. Alertaron cuando tuvo al primer bebé en Benavente y ahora, en Valladolid.

Los técnicos de Servicios Sociales analizan cada situación. Si hay desamparo, asumen la tutela y eso conlleva separar al niño de la familia y que viva en acogimiento familiar o en un centro residencial y garantías de escolarización. De cada uno de los pasos que da la Junta con los menores bajo su control, se informa a la Fiscalía y los progenitores pueden recurrir esas decisiones.

El protocolo establece avisar al juez si se observa que puede haber un posible delito y denunciar a la policía la huida de un menor bajo tutela. Al aplicar ese protocolo a lo que ha trascencido del caso de la niña-madre encaja el desamparo, con una familia de vida itinerante, con adultos que delinquen y unos rasgos culturales llevados al límite que consideran algo natural 'casarla' con un hombre y que se llene de hijos cuando su principal desvelo deberían ser las matemáticas. También su tutela y presumibles fugas con aviso a la policía para su localización hasta llegar a Benavente, con 13 años, rompiendo aguas.

Aquí las preguntas asaltan al protocolo. ¿Si el padre de ese bebé tenía entonces 26 años, se valoró que el Código Penal considera delito que un adulto tenga relaciones sexuales con un menor de 16 años? ¿Cómo pudo volver a ocurrir un año después lo mismo? ¿Se detecta y se deja libertad de movimiento a los adultos implicados? ¿Debe un niño crecer en ese ambiente? La línea que separa la protección de los niños de los prejuicios culturales sobre el modo de vida de la familia puede ser muy fina, pero ante la duda, lo primero. Siempre y cuanto antes.