El escaño 82: aforados y debates estériles

(*Cada semana, Susana Escribano -experta en los entresijos políticos y conocedora de los protagonistas de la actividad parlamentaria en la comunidad- escribe sobre las claves políticas de Castilla y León. Si eres suscriptor, apúntate aquí a esta newsletter.)

Es complicado de explicar y de entender. Todo el colectivo del escaño defiende suprimir los aforamientos que eximen a los políticos de ser juzgados por un tribunal ordinario, se vota en las Cortes de Castilla y León y... No prospera. Se abstuvieron los procuradores del PSOE, de Podemos y el de Por Ávila; votó en contra el de UPL; y a favor, los del PP, Cs y Vox. Sería facilón separar a buenos de malos con ese escrutinio, pero pecaría de simple.

No basta la mayoría simple para desaforar a procuradores y consejeros, porque hay que reformar el Estatuto de Autonomía y eso implica el apoyo de dos tercios del hemiciclo: 54 de los 81 procuradores. La suma solo sale con el PSOE y el PP. Con este requisito imprescindible para llegar a un buen final, populares y Cs plantearon modificar los dos artículos que regulan el aforamiento sin contar con el PSOE, aplicando por primera vez la táctica del 'son lentejas'.

Aprobado en 1983, el Estatuto de Castilla y León se reformó en 1994, 1999 y 2007. Siempre con acuerdo de partida, al tratarse de un asunto de comunidad. Modificar una norma estutaria es algo costoso, porque requiere mayoría reforzada en las Cortes regionales y luego pasa por el Congreso y el Senado. No es algo que se pueda tocar todos los años. Ni siquiera todas las legislaturas.

Sobre la mesa quedó la pasada legislatura una propuesta de reforma que afectaba a 50 artículos de los 91 sobre los que se asientan las materias que gestiona la Junta y los derechos y deberes de los castellanos y leoneses. Ningún grupo puso entonces mucho empeño en arar todo ese campo. Pero sí hubo un amago de abrir el procedimiento para eliminar los aforamientos de los procuradores. Cs empujaba al PP, que situó la línea roja en mantener el fuero a los miembros de la Junta a la vez que instrucciones judiciales ponían en un brete la gestión popular por las concesiones eólicas y la compra de la Perla Negra. El PSOE dijo que no entraba en la operación si no se desaforaba al Gobierno y hasta ahí llegó el asunto.

El empuje naranja no movió del sitio al PP entonces. Sí lo ha hecho ahora, con Alfonso Fernández Mañueco dispuesto a ceder para gobernar tras perder las elecciones de mayo. La supresión del aforamiento de los miembros de la Junta, que no recogía el programa electoral popular, se incluyó en el pacto PP-Cs. Sí lo llevaba Luis Tudanca y no lo apoyó el miércoles. Los socialistas argumentaron que nadie había contado con ellos y que el texto hiperconstreñido de PP y Cs impedía incorporar medidas como el suelo social o el refuerzo de la Renta Garantizada. Y es verdad, la cuestión es si fue correcto anteponerlo a la supresión de los aforamientos.

¿A quién beneficia que se mantengan? Más a quien gobierna, porque tiene mano en la gestión de los fondos públicos. Más a quien menos interés tenía de partida en suprimirlos. Más, partiendo de que se considera un privilegio, a quien más lo ha utilizado. Desde el 2005, seis procuradores. Por casos de gestión pública o asuntos privados. Todos del PP. Fueron tres condenas, dos archivos y un posible cohecho prescrito.

Antecedió a esa remesa, en 2002, el que fuera alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, procurador del PP. Fue condenado por acosar sexualmente a Nevenka Fernández, pero la verdadera condena la sufrió ella. Pasó de concejala del PP joven y preparada a apestada social con la denuncia. No está de más recordarlo en esta fecha.